El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad no admitir el último intento del grupo ultracatólico Abogados Cristianos de detener la eutanasia de Noelia, que desde el verano del 2024 está en suspenso por el procedimiento judicial que impulsa su padre. El Constitucional descarta que durante este proceso se hayan vulnerado los derechos del hombre, y con el suyo no se cierra la última oportunidad que tenían el padre de Noelia y Abogados Cristianos en la jurisdicción española para impedir la decisión de la joven.

Barreras arquitectónicas que impiden el acceso a edificios o transporte público; denegaciones de adaptaciones curriculares y falta de empatía del personal médico; imposibilidad de seguir cursos o espectáculos o de entender documentos oficiales por elausencia de la versión en lectura fácil. Son, a grandes rasgos, los principales motivos que hay detrás de las 248 denuncias que el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) recibió en 2024 y que sirven para evidenciar que, pese a los avances, la accesibilidad es el gran reto a la espera de que el Gobierno apruebe el pacto.

Miles de personas –200.000 según los organizadores, 150.000 según la Guardia Urbana– han participado este sábado por la tarde en Barcelona en el desfile reivindicativo del Orgullo LGBTI. La marcha, bajo el lema "Por qué sin diversidad el mundo sería gris. Contra la censura y la ola reaccionaria", comenzó en la plaza Universitat y avanza hasta el paseo de Lluís Companys, donde se celebran conciertos hasta la madrugada. La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, recordó que "los derechos humanos son innegociables" y reiteró el "compromiso" del gobierno de la Generalitat con estos derechos "ante la ola reaccionaria que está poniendo en duda esta agenda defensora de derechos". Entre los asistentes también estaban el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Y tú, ¿cuántas lesbianas conoces?". La pregunta la hace Isabel Franc, escritora y activista lesbiana, coautora con Rosa Navarro de Detrás de las persianas, un cómic sobre el silencio que históricamente ha rodeado el lesbianismo. De hecho, mujeres trans y hombres gays fueron las únicas caras de la represión franquista y de la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+, que ha ganado en siglas con los años. En las imágenes de la época que fotógrafas como Colita hicieron en las primeras manifestaciones de finales de los años 70, las mujeres lesbianas (las que hacen referencia a la L) no aparecen. "Las mujeres trans se pusieron delante porque no tenían nada que perder y ya eran visibles", responde Franc.

El colectivo de personas con discapacidad intelectual ha crecido en los últimos cinco años un 28% en Cataluña. Sin embargo, siguen teniendo los mismos problemas para acceder a recursos y servicios públicos, lo que vulnera sus derechos y oportunidades. En el ámbito educativo, un estudio de la patronal del sector, Dincat, denuncia que estos niños sólo representan el 0,8% del total de matriculados de infantil en secundaria, a pesar del decreto de la escuela inclusiva, que potencia la matriculación en los centros ordinarios. En cambio, las inscripciones en los centros especiales creció el pasado curso casi un 2% siguiendo la tendencia al alza. La realidad que vive el colectivo "sigue siendo preocupante" en cuanto a derechos y oportunidades, avisa la entidad.

El binomio niños y pantallas remueve diferentes preocupaciones y cada vez más administraciones se plantean medidas para encararlo. Por ejemplo, en Cataluña, la Generalitat ha decidido dejarlo fuera de la escuela como medida para controlar su uso excesivo. En el debate sobre el acceso de los menores a internet se suma que llegar a la pornografía es más sencillo que nunca: la única traba que se encuentran suele ser un pop-up que dice “Clica aquí si tienes más de 18 años” sin verificación detrás. Y a un nivel aún más peligroso está la amenaza de los ciberacosadores sexuales, que aprovechan cualquier vía para contactar con niños. En España, el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para proteger a los menores en el entorno digital, que entre otros aspectos plantea elevar hasta los 16 años la edad mínima por tener redes sociales. Con esta norma todavía en una fase inicial, especialistas consultados por el ARA valoran la viabilidad de esta restricción y si es la solución más adecuada, tanto para los derechos de los niños como para su desarrollo psicológico.

Con una trayectoria de activismo de 40 años, Simona Levi, fundadora de Xnet (Instituto para la Digitalización Democrática), acaba de publicar el libro Digitalización democrática. Soberanía digital de las personas (Rayo Verde), en el que reclama a las instituciones salir del paraguas de las grandes tecnológicas internacionales para que los ciudadanos puedan recuperar el control de sus derechos en el mundo digital.

A raíz del caso Begoña Gómez, quisiera aportar un precedente estadounidense al debate sobre cómo la carrera profesional de los consortes de personas en posiciones prominentes puede verse normativamente afectada por esta prominencia.

Casa de Carlota es el primer estudio de diseño del mundo que incluye en su equipo creativos con discapacidad intelectual. Su fórmula innovadora –con José María Batalla y Marian Marco, su directora, al frente– ha roto barreras en todos los ámbitos y en los últimos 10 años ha recibido más de una veintena de distinciones. La última, el World Down Syndrome Awards 2023.

Los debates identitarios son siempre luchas de poder. Reconocer la existencia del adversario significa admitir que tiene un espacio propio que arañará del primero. Lo sabemos bien aquí: aceptar que Catalunya es una nación quiere decir que la otra nación –la española, la francesa...– se encogerá, con todas las consecuencias políticas, económicas, culturales y simbólicas. Y también es así en lo que se refiere a las identidades de género, de edad, étnicas, profesionales, o de cualquier otro tipo.

"Con lo que ha costado, ya es todo un éxito estar aquí". Alba Muntades responde así a las felicitaciones el día que cumple 51. Su vida dio un tumbo cuando, ya madre de dos criaturas y con una carnicería en propiedad, le diagnosticaron un trastorno bipolar, una "alteración de las emociones que tiene periodos de depresiones y euforias", dice esta vecina de Ribes de Freser pulsando la cánula que le activa sus cuerdas vocales después de haber sido sometida a una traqueotomía. 

"Escribí esto con la intención de que pudiera servir para que las cosas cambiaran". Así empieza el relato que redactó Lorena tiempo después de abortar. En 2014, esta mujer de 43 años se vio obligada a desplazarse de Salamanca a Madrid para poder ejercer el derecho a abortar. Un camino que acabó siendo más largo de lo previsto y no solo por los 214 kilómetros que separan las dos ciudades: "Tenía la sensación de que estábamos haciendo algo ilegal". Y recuerda los días en los que iba arriba y abajo por el Clínico [el hospital público de Salamanca] para obtener el consentimiento del centro y poder abortar. Un visto bueno que nunca llegó.

Tener derecho al paro. Una de las reivindicaciones históricas de las empleadas del hogar en España puede estar más cerca de hacerse realidad. La justicia europea ha sentenciado este jueves que negar el acceso de estas trabajadoras al paro es discriminatorio. En concreto, los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han concluido que la legislación española es contraria al derecho comunitario de igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de la Seguridad Social.

Seres con sentimientos y no cosas. Esta es la gran novedad de la legislación española, que, más de una década después de la catalana, reconoce que los animales no pueden ser tratados como objetos inanimados y tienen que recibir una protección especial. Mañana miércoles entra en vigor este nuevo régimen jurídico para todos los animales (desde los salvajes hasta los de compañía o los de explotaciones ganaderas), que ha tenido el apoyo de todas las formaciones del Congreso de Diputados, aparte de la abstención del PP y la oposición de la ultraderecha, y que ha implicado la modificación de hasta tres normas: el Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil.

Desde siempre, el debate alrededor del trabajo sexual no solo ha tenido lugar en la calle y dentro de los colectivos feministas, sino que también se ha trasladado a los partidos políticos y, en concreto, al Congreso de los Diputados. Los últimos meses, a raíz de la tramitación en la cámara baja española de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la ley del solo sí es sí e impulsada por el ministerio de Igualdad, así como de la elaboración de una futura ley integral contra el tráfico de personas con finalidades de explotación sexual, se ha puesto de nuevo el foco sobre el debate mostrando que también en el ámbito institucional hay diferentes posturas.

España es uno de los pocos países de la Europa Occidental que se ha resistido a dar un marco legal a la prostitución, y ahora tiene la experiencia de los dos modelos mayoritarios para aprender de los errores y los aciertos.

Una traumática separación dejó a Conxa Borrell ahogada de deudas. La solución que encontró para pagar las facturas fue combinar su trabajo de contable por las mañanas con la prostitución por las tardes. La jugada, admite, fue tan provechosa que al final se despidió de la empresa y se centró en la venta de su cuerpo, primero en un club y después ya como autónoma para librarse de chulos y tener pleno control del dinero y de su cuerpo. "Me di cuenta que ganaba el doble que [el presidente español José Luis Rodríguez] Zapatero", exclama esta mujer expresiva, secretaria general de Otras, el primer sindicato de trabajadoras sexuales.

¿Víctimas o trabajadoras? Simplificando mucho, esta dicotomía centra el debate sobre quién y cómo se tienen que tratar las prostitutas, si como mujeres víctimas de un sistema desigual que pone precio a sus cuerpos o mujeres que libremente deciden ganar dinero con su sexo. Para Janet, portavoz de Putas Libertarias del Raval y Putas Indignadas, “todo el mundo escoge con qué parte de su cuerpo quiere trabajar” mientras que, en contraposición, Amelia Tiganus, exprostituta, rechaza que se trate de un trabajo porque dice que si se quita el dinero de la ecuación se tendría que hablar de una violación. 

Anass Guennoun se ha enterado por las noticias de la tele de que su vida puede dar un giro de 180 grados. "Ya había perdido la esperanza y había tirado la toalla", dice ahora aliviado, después de que el gobierno español haya aprobado este martes el decreto de extranjería que tiene que facilitar el acceso a los permisos de trabajo a 15.000 niños y jóvenes extranjeros que, como él, llegaron solos a España. La reforma afectará a 8.000 menores tutelados y 7.000 jóvenes, de entre 18 y 23 años, que se encuentran en riesgo de expulsión porque no pueden regularizar su situación. En Catalunya, se beneficiarán de la medida más de 5.500 entre menores y jóvenes.

Portugal, Francia e Italia no se lo han pensado mucho. Galicia y las Canarias, tampoco. En Alemania dudan. En Catalunya, también. La idea de los países que están aprobando el Certificado Covid es ponérselo difícil a las personas que no se quieren vacunar. Ponerles trabas para acceder al ocio: por ejemplo, para entrar en interiores de bares y restaurantes. Este es el objetivo de la obligatoriedad de este nuevo certificado. El recorte de derechos que comporta se compensa por el bien superior de avanzar en la lucha para derrotar el coronavirus. Se prima el objetivo colectivo en detrimento de las libertades individuales. Este es siempre un debate complicado. En cuestiones de salud, sin embargo, ya lo hemos visto en otras ocasiones y contextos, como por ejemplo la prohibición de fumar en interiores, hoy plenamente aceptada pero que en su momento despertó mucha polémica.