El bloqueo de Marlaska dejará a 4.000 chicos extutelados sin papeles

BarcelonaAnass Guennoun cumplirá 19 años en noviembre y, si la ley no cambia, tiene todos los números para pasar a ser un simpapeles. La reforma del reglamento de extranjería para facilitar la regularización de jóvenes migrantes que llegaron sin referentes está redactada desde mayo, pero finalmente no se aprobará mañana en el consejo de ministros, tal y como se preveía, por discrepancias dentro del gobierno español. Esto, de momento, deja a los 4.000 chicos de entre 18 y 23 años bajo protección de la Generalitat con un pie en la marginalidad social. El desbloqueo, además, permitiría a los 1.500 menores extranjeros solos tutelados por la administración trabajar a partir de los 16, equiparándolos a los autóctonos. En todo el Estado hay 17.000 chicos que se podrían beneficiar de la iniciativa.

Sin la reforma, en noviembre, para renovar el permiso de residencia, Guennoun tendrá que cumplir dos requisitos casi imposibles: tener un contrato laboral por un año a jornada completa o demostrar ingresos propios de 580 euros mensuales, el equivalente al indicador llamado IPREM, una cifra que aumenta hasta los 2.000 en las siguientes renovaciones. Una utopía.

"Sobrevivo, pero yo he venido aquí a vivir, no solo a sobrevivir", proclama el joven, que sabe que si no consigue el NIE, el documento de identidad de los extranjeros, tendrá que dejar el grado medio de imagen y sonido que empezó estando tutelado por la DGAIA y perderá la prestación de 664 euros mensuales de extutelado (que reciben todos los chicos, también los de nacionalidad española). Lo peor es la cuestión del trabajo: “No tienes papeles, no tienes trabajo”, resume este joven marroquí que vive en una residencia de la Fundació Eveho en Sabadell y que llegó a Catalunya con solo 14 años en una patera y paso previo por Madrid.

Hasta ahora, cuando un menor tutelado llega a la mayoría de edad se le concede, si cumple unos requisitos y tiene un pasaporte, una residencia no lucrativa, es decir, que no tiene derecho a trabajar, a diferencia de los jóvenes autóctonos, que pueden empezar a trabajar a partir de los 16. No es hasta la renovación, después de un año, cuando se les condiciona la residencia a tener un trabajo o dinero propio. Es el caso de Aymane, marroquí de 20 años, a quien en abril le denegaron la solicitud precisamente por la cuestión económica y que todavía espera respuesta al recurso que presentó. Mientras tanto, vive en un piso con unos compatriotas en Tarragona y, obligado por las circunstancias, trabaja "en negro" en una empresa. "Es imposible ganarse la vida, porque te piden muchas cosas", se queja.

Las ayudas se tienen en cuenta

La reforma ahora parada no suponía, en ningún caso, la renovación automática, pero sí facilitaba la regularización de los chicos, porque eliminaba el régimen de residencia no lucrativa y exigía demostrar que disponen de 462 euros al mes, equiparables al ingreso mínimo vital (IMV) para una persona sola. A diferencia de lo que pasa actualmente, sí se podrían computar las ayudas sociales (prestaciones económicas o alquiler). Se trataba, apunta Ferran Rodríguez, director de la Fundació Eveho, de que los jóvenes tuvieran la posibilidad de una "emancipación real", y subraya que estos menores son los "únicos usuarios a los que se expulsa del sistema de protección por edad".

De momento, el ministerio de Migraciones ha dejado en vía muerta el real decreto, sin explicar qué está haciendo para desencallar un plan que tiene un consenso grande, porque cuenta con el apoyo del Defensor del Pueblo y de todas las comunidades, que son las encargadas de la acogida e integración de los chicos, además de las ONG, que también han dicho la suya en el proceso participativo abierto por el gobierno español. Lo que ha pasado es que el departamento de Interior, que dirige el cuestionado Fernando Grande-Marlaska, ha hecho una enmienda a la totalidad del borrador, apelando a un supuesto “efecto llamada” que las entidades que acompañan a estos jóvenes desmienten que se dé. “No es hasta que llegan a España que los chicos se dan cuenta de que hay un proceso de trámites muy complicados”, explica Jorge González, que dirige un centro de la Fundació Eveho y que Guennoun confirma: “Nadie me explicó que sería tan difícil y no pensé nunca en los papeles”. El borrador también reducía de nuevo a tres meses el plazo para que los jóvenes pudieran iniciar los trámites de residencia una vez fueran mayores de edad, un periodo que se incumple reiteradamente, así como ampliaba la vigencia de los permisos para espaciar las renovaciones.

La sombra de la extrema derecha

Por eso, después de tantos meses de debates y de discusiones, ha sorprendido que el texto quede congelado. Desde las entidades sociales sostienen que el gobierno de Pedro Sánchez se ha dejado llevar por el discurso de la ultraderecha y temen que no se atreva a dar el paso incluso con una propuesta que “solo flexibiliza los trámites para la residencia en un compromiso de mínimos”, apunta Maria Creixell, de la Coordinadora Obrim Fronteres, para quien es “absurdo” haber invertido en los chicos mientras eran menores, dándoles techo, comida y formación, para dejarlos en la estacada a la mayoría de edad. 

En los centros, el bloqueo ha cambiado la pequeña esperanza producida por la noticia de la reforma por una gran “frustración”. Para Guennoun, ha sido un golpe duro, porque los estudios le van muy bien y el próximo curso puede empezar a hacer prácticas laborales y abrirse camino para encontrar un “buen trabajo” con el que mantenerse. “Vine para trabajar, no para probar fortuna, porque la vida no es Port Aventura”, se desahoga, y admite que si no consigue renovar la residencia legal “nada tiene sentido, quizás tampoco haber estudiado”. Las entidades sociales se plantean una protesta ante la Delegación del gobierno español en Catalunya, el 5 de septiembre, para exigir que el borrador sea una realidad.