6.000 jóvenes extutelados extranjeros, contra las cuerdas

BarcelonaLa vía de la regularización de los menores que llegan solos a España no ha sido nunca fácil, pero los retrasos para conseguir la documentación y el endurecimiento de la ley de extranjería empujan todavía más a la marginalidad a los que cumplen 18 años. El Tribunal Supremo modificó los tres reglamentos que hacen referencia a los menores tutelados y les exige unos criterios durísimos para renovar el permiso de residencia. En este callejón sin salida se encuentran 1.490 menores migrantes tutelados por la Generalitat, a través de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), y 4.000 jóvenes más de entre 18 y 23 años que sigue atendiendo en centros de protección o bien ofreciéndoles recursos formativos.

Ni el cierre de fronteras por la pandemia ha parado la migración y el año pasado entraron en el sistema de protección 807 menores, una cifra sensiblemente superior a la de años anteriores, excepto el periodo 2017-2019, cuando los datos son entre dos y cuatro veces más altos. Hasta marzo de este año, se ha atendido a 160 chicos más, según los últimos datos del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

El circuito de protección trata por igual a los tutelados migrantes que a los autóctonos y cuando llegan a la mayoría de edad tienen derecho a recibir una prestación hasta los 21 años de 664 euros, vinculada al seguimiento de un plan individual de trabajo y, en el caso de los extranjeros, a un permiso de residencia que expiden las subdelegaciones del gobierno español. Aquí es donde empieza el laberinto en el que muchos quedan atrapados, porque la documentación a menudo llega pasado el plazo y ya no permite hacer los trámites. Entonces pierden su derecho a la ayuda de extutelados y quedan "abocados a la calle y a un rápido deterioro físico y emocional", denuncia Ferran Rodríguez, vocal de la asociación Eveho. Además, Albert Parés, el abogado de la entidad Noves Vies que representa los intereses de muchos de estos chicos, constata la arbitrariedad de la administración. "En Barcelona deniegan las renovaciones y en la oficina de la subdelegación de Tarragona no", apunta.

Una acogida temporal

Ismail y el matrimonio formado por Lourdes y Pere (ninguno quiere identificarse con los apellidos) apenas se están conociendo. A través de un programa de Punto de Referencia, la pareja acoge al joven marroquí, que salió del centro de menores sin la documentación, como la mitad de sus compañeros, y, por lo tanto, ha perdido todos sus derechos. Poder trabajar es su “gran preocupación” porque solo tiene los 20 euros mensuales de la ONG, que también aporta 300 euros más a la familia para ayudar a la manutención. De momento estudia un grado medio relacionado con la dependencia, con todas las dificultades añadidas de no dominar lo suficiente el idioma y de tener que seguir las clases online. “He tenido suerte con los educadores que me encontré y quiero lo mismo para los chicos que vengan detrás”, afirma para explicar la voluntad de trabajar en el campo de la integración. Sus padres de acogida no pueden estar más contentos y orgullosos de las “buenas notas” e Ismail está contento porque ha encontrado un buen ambiente para concentrarse en los estudios.

La pandemia está añadiendo más dificultades a la integración de estos jóvenes extutelados, que ya partían de una precariedad estructural. Solo el 10% tienen permiso de trabajo, según la DGAIA, y ahora para obtener permiso de trabajo se les exige un contrato a jornada completa de al menos un año. Todo el mundo coincide en que es un criterio imposible hoy en día, con el mercado laboral destrozado por la crisis y una tasa de paro juvenil de más del 40%. Bàrbara Bort, educadora de Punto de Referencia, señala la “incongruencia” del sistema de pasar “de la sobreprotección de los menores a la desprotección total el día que cumplen 18 años”.

Pero si ya era un laberinto lleno de callejones sin salida para muchos, la modificación de la ley de extranjería ha acabado por estroncar posibilidades. Para la primera renovación del permiso de residencia tienen que acreditar ingresos propios –sin contar, por lo tanto, las ayudas monetarias o asistenciales que puedan recibir– equivalentes al 100% del IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, que para este año se ha fijado en 564,90 euros. En la segunda renovación, la exigencia es del 400% de este índice, es decir, 2.256 euros, y no se les tiene en cuenta las ayudas que puedan recibir de la Generalitat. “Es irreal exigirles esto”, se queja la directora de la DGAIA, Ester Cabanes, que augura que si no se rectifica la norma, a finales de año a alrededor del 80% de los 6.000 menores extranjeros tutelados "se los condenará a ser ladrones, sufrir una enfermedad mental, una adición o una situación de calle”, afirma. La responsable de infancia admite que, si bien no siempre los menores llegan a la mayoría con toda la documentación en regla, la administración catalana hace todo lo que puede para mantenerlos en el circuido de protección para facilitarles los trámites de la renovación.

Comunidades autónomas, con competencias sobre estos chicos, y las ONG presionan al ejecutivo español para que rectifique al Supremo pero, más allá de las buenas palabras, no hay nada. Cabanes defiende el modelo catalán de protección y saca pecho por el hecho de que se haya desterrado la polémica e inexacta técnica de la medida de la muñeca para determinar la edad del chico. Para el abogado Parés, el gesto “llega tarde” y reprocha a la Generalitat haber accedido a que “sus hijos” pasaran estos exámenes incluso cuando un pasaporte señalaba que eran menores.

Una de estas víctimas del sistema es Nourdeen Shaibo, a quien no se le borra el “sufrimiento y el miedo” al verse solo, expulsado de un centro de la DGAIA al considerarlo "erróneamente" mayor de edad y que fue acogido por la Cruz Roja. Ahora espera que la Generalitat le abone los 6.000 euros de indemnización por no haberlo protegido. Se puede decir que Shaibo tuvo relativa suerte y finalmente obtuvo la residencia y posteriormente un contrato de trabajo. “Ahora me va bien y, a pesar de que fue muy difícil, ahora todavía lo es más”, admite este joven, que llegó desde Ghana hace casi una década.