Un juez avisa que no renovar el permiso de residencia a un joven extutelado extranjero es "discriminación"

BarcelonaTchacka D. es un joven de Ghana que llegó a Catalunya siendo menor de edad y que consiguió, no sin problemas, un permiso de residencia. Fue tutelado por la Generalitat, pero cuando cumplió los 18 años se quedó sin esta protección. El permiso de residencia, que no de trabajo, porque este no se les concede, caducó, y en el momento de renovarlo Extranjería se lo denegó. Esto lo convertía en un chico extranjero de 19 años y sin trabajo que en cualquier momento podía ser expulsado. El abogado Albert Parés, que forma parte de la Associació Noves Vies, lo recurrió y pidió al enjuiciado contencioso administrativo número 17 de Barcelona que adoptara unas medidas cautelares contra la no renovación del permiso al menos hasta que hubiera una sentencia. Y el juez se las ha concedido, según el auto al que ha tenido acceso el ARA.

Tchacka acaba de ganar unos meses de tranquilidad y, gracias a su causa, ha abierto una rendija que puede llevar cola. Y es que el juez dice que, "teniendo en cuenta que se trata de una persona extutelad y bajo la protección de una entidad social y de interés público, se hace necesario tutelar los intereses del recurrente, para evitar situaciones de discriminación". Es a decir, el juez teme que negar la renovación del permiso de residencia a un joven extranjero que ha sido tutelado por la administración pública pueda ser discriminatorio respecto a los menores tutelados autóctonos. "Es clave que el juez use la palabra discriminación", dice el letrado del joven, y es que "abre la puerta a decir que este punto de la ley de extranjería es inconstitucional", puesto que es muy difícil que un chico que acaba de cumplir los 18 tenga trabajo si no tiene un permiso de trabajo.

Según explica el letrado, para conseguir una renovación del permiso de residencia hay que acreditar suficientes ingresos para poder sobrevivir, pero para valorar este criterio no se tienen en cuenta las ayudas públicas, es decir, que sin trabajo, no hay renovación. "Sin el permiso de trabajo, aunque tengas el de residencia, hace falta que una empresa te haga un contrato, pero después hay que hacer unos trámites que se pueden alargar entre dos y tres meses. Y las empresas no contratan a tan largo plazo", denuncia el abogado.

Una ley que se quiere reformar

La ley de extranjería, aprobada en enero de 2000 por el gobierno de José María Aznar con los votos del PP, CiU y Coalición Canaria, ha generado conflicto desde el primer día. En aquella votación, el mismo PSOE ya denunció que se trataba de una ley contraria a la Constitución y a los derechos humanos y, desde entonces, muchas entidades han denunciado que deja sin protección a las personas inmigrantes y, en muchos casos, no les permite trabajar, lo que las avoca en la pobreza. El actual gobierno español prepara una reforma que afectaría, principalmente, la renovación del permiso de residencia de los chicos que, cuando eran menores, habían sido tutelados por la administración pública, como es el caso de Tchacka. El borrador de la reforma, al que ha tenido acceso el ARA, reconoce que por culpa del actual redactado "muchos menores no acompañados se ven empujados, en el momento de cumplir la mayoría de edad, a una situación de irregularidad sobrevenida, tal como ponen de manifiesto las instituciones públicas y privadas". El cambio que propone el actual gobierno español es que, a partir de ahora, "se tenga en cuenta la participación del joven en programas desarrollados por instituciones públicas o privadas y se promueva un correcto desarrollo personal y una mejor inclusión del joven en la sociedad". De este modo, las ayudas públicas que recibieran los chicos afectados sí que se tendrían en cuenta si tiene suficientes recursos para sobrevivir.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este sábado a través de su perfil de Twitter que el borrador del real decreto para esta modificación "ya está en audiencia pública" y ha calculado que las propuestas en las que están trabajando "contribuirán a la inclusión de 8.000 menores y 7.000 jóvenes extutelados", según ha recogido la agencia Efe. Además de tener en cuenta también los ingresos públicos que puedan tener los chicos, el borrador también prevé que el permiso de residencia sea de dos años (en lugar de uno), renovable cinco años más mientras el interesado sea menor. Cuando el permiso caduque, se podrá renovar dos años más y optar a un permiso de larga duración.