La semana comienza de una forma muy peligrosa. Como saben, Trump ha anunciado ataques a las centrales eléctricas de Irán si no desbloquea el estrecho de Ormuz e Irán ha avisado de que su respuesta será atacar a las plantas desalinizadoras de los países del golfo Pérsico. Tú me atacas la luz y yo te ataco el agua.

Coincidiendo con la crisis en el sector ferroviario, en el que los precios de algunos transportes alternativos como el avión se pusieron en el punto de mira por parte de las organizaciones de consumidores por el temor a subidas abusivas, el gobierno español ha aprobado un real decreto ley con un mecanismo para poder "limitar precios de servicios o productos" en una situación de emergencia que alteró de la situación Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, en rueda de prensa este martes, después del consejo de ministros.

Endesa ganó 1.041 millones de euros entre enero y junio de este año, un 30,1% más respecto al mismo periodo del pasado año, según informó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aunque el primer semestre ha estado marcado por el apagón eléctrico masivo del 28 de abril, la eléctrica define el resultado "de excelente" y lo vincula a la buena marcha del negocio liberalizado de generación eléctrica y comercialización, pero también a la desaparición del impuesto extraordinario del gobierno español, que en los dos últimos años ha afectado a las cuentas de las grandes energéticas en el Estado.

Hay un debate técnico que desde hace meses sobrevuela el sector eléctrico y que ahora entra en una fase decisiva: ¿cuánto tendrá que pagarse en los próximos años para desplegar y mejorar la red eléctrica que permite que la luz nos llegue a las casas? La pregunta implica una parte importante de las empresas del sector, así como Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, pero también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero entre las compañías y la CNMC la respuesta difiere, y mucho. Uno de los motivos de fondo es el hecho de que es el consumidor quien se ve salpicado directamente por la decisión que acabe tomándose: el coste de la red se traslada al recibo de la luz.

Más de un mes después del apagón eléctrico masivo que afectó a la península Ibérica, la incógnita de cuál fue el origen de la incidencia no es la única derivada. Al resolver el rompecabezas de la causa del apagón se ha añadido una batalla por la transparencia, pero también la duda sobre quién asumirá las reclamaciones millonarias que se prevén por la falta de suministro eléctrico que sufrieron empresas y familias durante más de ocho horas. Se trata de dos frentes que en los últimos días no han hecho más que escalar.

El apagón histórico de este lunes rompió de forma repentina la rutina de los ciudadanos y las empresas, provocando también pérdidas millonarias. En el caso de los particulares, los seguros del hogar tienen algunas coberturas útiles para hacer frente a los daños ocasionados por este tipo de disfunciones. Una de las más importantes es la de protección frente a daños eléctricos ocasionados por la falta de suministro, una cobertura que incluye los alimentos y medicamentos almacenados en neveras. A diferencia de la DANA, en este caso no entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros –que sustituye a las aseguradoras–, porque sólo se activaría en caso de que el apagón hubiera sido fruto de un fenómeno atmosférico, cuestión que no se ha confirmado por ahora. Un elemento esencial es conocer el origen del apagón, lo que sirve para determinar a quién reclamar, explican fuentes de Endesa.

"Me cogieron desprevenida y cuando recibí las facturas vi que me habían hecho el cambio de compañía". Mercè, una vecina de Rubí, resume así como de un día para otro los recibos de la luz y el gas que le llegaban a casa ya no estaban vinculados a la comercializadora de siempre. Todo empezó con una llamada el 23 de abril de este año que, por el momento, se ha saldado con una factura de 627 euros y un litigio abierto a la oficina del consumidor de la ciudad vallesana.

España activó este miércoles por la noche el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda. Esto significa que Red Eléctrica (el operador de transporte de la luz en España) obligó a algunos grandes consumidores industriales a reducir el consumo eléctrico durante un máximo de tres horas porque hubo un desajuste entre la producción y la demanda eléctrica, tal cómo ha avanzado El Economista y confirman al ARA fuentes del sector.

Ni el impuesto extraordinario en la banca ni el impuesto a las energéticas se mantendrán tal y como los conocemos. De hecho, el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar ya incluía la "revisión" de ambos impuestos para "readaptarlos y mantenerlos" más allá del 31 de diciembre del 2024, pero el decreto en el que se recogen también abre la puerta a hacerlos permanentes. El tuétano de la cuestión será hacia qué dirección se acaban revisando.

El precio de la energía, con subidas descontroladas, preocupa a los consumidores, a los empresarios y también a los políticos, que al final han decidido tomar medidas para hacer cambios que ayuden a racionalizar un mercado, el eléctrico, el funcionamiento del cual es obtuso, complicado y, como se ha visto, en buena parte injusto. El origen del problema es el sistema marginalista que establece que, en toda Europa, primero entran en el mercado aquellas tecnologías que no se pueden parar, como la nuclear, después las más económicas -como la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica- y, finalmente, las más caras, que son las que necesitan gas o, también, carbón. El problema es que el precio final lo marca la última tecnología que entra en el mercado, que es el gas, y esto hace que toda la energía barata que se ha generado con el resto acabe costando igual que la más cara. Es lo que se conoce como beneficios caídos del cielo, que han enriquecido durante muchos meses, y años, a algunas grandes compañías y que ahora están en su punto de mira de los gobiernos de toda Europa, incluido el ejecutivo europeo. De hecho, el próximo viernes habrá una cumbre europea en la que se quiere poner en marcha una especie de revolución del mercado eléctrico. 

Los precios de la electricidad se dispararon el año pasado, como sabe cualquier persona que pague mensualmente el recibo de la luz. Esto se tradujo en un fuerte aumento de los beneficios de estas compañías, que se triplicaron, tal como explicaba esta semana el ARA. Lo que no es tan conocido es que durante aquel ejercicio seis directivos, los principales ejecutivos de las grandes empresas de energía españolas, cobraron más de 27 millones de euros. Dicho de otra manera, los líderes de estas empresas cobraron un 5,2% más mientras que, de media, los sueldos de sus trabajadores aumentaron menos de una tercera parte, un 1,5%.

Hace una década, cuando llevaba poco más de un lustro al frente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán (Villavieja de Yeltes, Salamanca, 1950) habló de "la gorra de Iberdrola" para definir qué era aquello que tenían que tener en común los empleados de la eléctrica al margen de su nacionalidad. El sentimiento de pertenencia servía al objetivo irrenunciable de mejorar la cuenta de resultados.

Las eléctricas tendrán que mejorar la información de sus ofertas a los consumidores. Tendrán que ser más transparentes y comparables para que el usuario pueda elegir con más conocimiento. Lo regula el real decreto aprobado el martes por el gobierno español de medidas urgentes en materia de energía, que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor mañana jueves. La nueva normativa, además de la ampliación del bono social eléctrico y térmico, incluye nuevas obligaciones de las energéticas en beneficio de sus clientes.

El consejo de ministros de este martes ha aprobado "las medidas complementarias al decreto ley para rebajar la factura de la luz que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya avanzó hace algunos días. El paquete de cambios aprobado a través de un real decreto ley, y anticipado este domingo por Pedro Sánchez, llega después de un pulso entre las grandes eléctricas y el gobierno español por las medidas aprobadas a finales de septiembre y, en concreto, por el recorte de las ganancias extraordinarias de las energéticas fruto del funcionamiento del mercado mayorista.

La subida del precio de la luz en el mercado mayorista puede provocar la quiebra de pequeñas compañías eléctricas, tal como ya ha pasado en otros países, como el Reino Unido, según ha advertido este martes la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, en un encuentro con periodistas en Barcelona. "Tememos que haya comercializadoras que puedan quebrar", ha explicado la responsable de Competencia, que ha indicado que el organismo está siguiendo la situación.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que recortará los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para limitar el precio del gas y rebajar la factura de la luz, según ha hecho público en una entrevista este lunes por la noche en TVE. En concreto, la medida que quiere sacar adelante el ejecutivo español busca confiscar los beneficios extraordinarios o caídos del cielo de las empresas energéticas y redirigirlos a los consumidores con el objetivo de limitar el recibo del gas y reducir así la factura de la luz.

La factura que los ciudadanos que viven en España pagan por enchufar cualquier electrodoméstico o encender una luz de casa ya se ha convertido en un asunto político que corre el riesgo de desenfocar el problema de fondo: España es, desde hace tiempo, uno de los países de la Unión Europea donde la factura de la luz es más cara. Este verano los precios han escalado en todo el continente y se prevé que sigan haciéndolo, pero en el Estado se han combinado un conjunto de factores que perjudican todavía más el bolsillo de sus ciudadanos cada vez que aprietan un interruptor conectado a la red eléctrica. Ni hay una sola causa que lo explique, ni hay una solución simple y única que lo resuelva. 

Con el precio de la luz desbocado y con las eléctricas manteniendo unos beneficios millonarios, el gobierno español busca fórmulas para abaratar el recibo eléctrico. El consejo de ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para acabar con las retribuciones extraordinarias –se conocen como beneficios caídos del cielo– que las compañías eléctricas tienen por las centrales nucleares e hidráulicas, las que no emiten CO2. Según el gobierno español, las eléctricas dejarán de embolsarse 1.000 millones de euros anuales. La futura ley recortará los dividendos del carbono.

Las compañías energéticas no podrán evitar tener que compensar a los municipios por plantas eléctricas como por ejemplo las eólicas y fotovoltaicas. Así lo ha avalado el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC), en una sentencia a la que ha tenido acceso la ACN y que da la razón al Ayuntamiento de Batea para que siga cobrando la compensación por el parque eólico Coll del Moro, según marcaba el convenio. La promotora se aferraba a un cambio legislativo para cambiar el acuerdo y dejar de pagar al consistorio cerca de 200.000 euros anuales. Ofrecía entre 20.000 y 30.000 y amenazaba con no pagar nada. El tribunal ha sentenciado que los municipios tienen que ser compensados "por las molestias" de acoger los parques energéticos porque "satisfacen una demanda de otros territorios".