Las residencias de mayores tienen la gran responsabilidad de garantizar una vida digna para miles de ciudadanos, muchos de los cuales llegan para pasar los años más frágiles y desvalidos de sus vidas. Su trabajo es imprescindible, tal y como reivindica el propio sector cuando denuncia la falta de recursos humanos y materiales con los que afronta esta tarea, en un país en el que, viendo que la esperanza de vida no deja de crecer, serán cada vez más necesarios estos equipamientos y servicios.

El DNI de Andrés Hinajeros es atípico por partida doble. Por un lado, es permanente –sin fecha de expiración– desde veinte años antes de cumplir los 70 y, por otro, no tiene su firma. Es una concesión extraña de la administración hacia Hinarejos, sin fuerza ni movilidad en brazos y manos desde aquel mayo de 1974 que, cuando era un joven en la veintena, quedó parapléjico. Fueron cuatro años de hospitalización durísimos en los que confiesa que sólo tenía el deseo de morir, pero se ha rehecho y hoy dice sentirse satisfecho con la vida hasta el punto de que celebra el cumpleaños biológico y el del 17 de mayo –que, como dice él: "El día que volví a nacer"–. "Soy feliz, vivo con la tetraplejía, pero la tengo asumida".

Los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de Cataluña podrán pedir la prestación de la esperada ley ELA a partir de la próxima semana, año y medio después de su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Govern dará luz verde a su despliegue en la reunión semanal del martes 17 de marzo y los pacientes ya podrán acogerse a ella esa misma semana. Una vez reciba la solicitud, el ejecutivo catalán tendrá un plazo máximo de tres meses para darle respuesta, reconocer el grado de discapacidad y hacer efectiva la ayuda. El departamento de Derechos Sociales estima que hay unas 200 personas que pueden pedir el grado III+ de dependencia extrema -creado específicamente para esta enfermedad-que debe garantizar el derecho de los enfermos de ésta enfermedad neurodegenerativa incurable a recibir un servicio especializado de hasta 24 horas al día si lo necesitan.

Cinco años lleva el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional batalla por los derechos de las personas con discapacidad y de las cuidadoras. El colectivo –que reúne a madres y también hermanas de varias generaciones– denuncia maltrato sistemático de la administración por la burocracia y un infrafinanciación de servicios y actividades. Sin embargo, en este lustro se han ganado ser interlocutoras directas de la conselleria y una gran entidad social.

He estado unos días sin ver a una persona con la que me relaciono cada día, de esas con las que tienes conversaciones de mantenimiento y, de vez en cuando, intercambias alguna broma rápida y hasta mañana, porque todos vamos al trabajo. Al reencontrarla, le pregunté dónde había estado durante su ausencia, y todavía no había atado dos frases seguidas que se deshizo en lágrimas para explicarme el trasiego que le está causando la situación cada vez más dependiente de su madre. Le ama incondicionalmente, pero ha comprobado que si no pone una distancia física y emocional se ahogará, una conclusión a la que ha llegado tras varias patadas de culpabilidad a la conciencia no exenta de hiperresponsabilidad como hija (más lágrimas), pero que ya no se discute a sí misma por una razón obvia. Quien ha pasado por eso sabe que es una época fatal de la vida adulta, porque todos los implicados sufren, porque a menudo los cuidados recaen sobre las mujeres y porque el desenlace está escrito y no es precisamente feliz.

Una vez terminado el 2025, también se ha terminado el presupuesto del Plan que daba "aire" a las familias con personas con un alto grado de discapacidad. "¿Ahora qué debemos hacer?", se preguntan, exhaustas, por la escasez de los llamados respiros, programas de estancias temporales en residencias para las personas con discapacidad para que las familias descansen. Además, son familias empobrecidas a la fuerza para que la dependencia o la discapacidad supone un sobrecoste económico en terapias, prótesis y cuidadoras que no siempre cubre la administración pública.

Ya llevaba tiempo escribiendo para uso personal e intransferible historias de ficción. Sin embargo, la sacudida de la pandemia hizo que la médica de familia Alba Martínez buscara en la escritura una vía para "hacer un cierre emocional", despedirse de los pacientes muertos a causa de la covid-19. Los conocía desde hacía años y había compartido diagnósticos médicos, el plan de medicación y también confidencias de cómo iba todo por casa, con su marido, su mujer, sus hijos. Hasta que el virus se los llevó de repente, y en muchos casos "cuando no tocaba".

En la próxima década la cifra de personas de más de 60 y 65 años en Cataluña casi se doblará con la llegada a la vejez de los hijos de la generación del baby-boom. Esta situación complicará aún más el actual déficit de plazas de residencias geriátricas, que en muchos centros suman listas de espera de más de dos años e incluso existen demoras en el caso de los centros privados. En un nuevo informe sobre el impacto socioeconómico de la atención a las personas dependientes, que otro año ha elaborado la Unión de Entidades con el apoyo de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la patronal de las grandes residencias, pone cifras al reto del envejecimiento: hasta 2035 habrá que crear 80.000 nuevas plazas. actuales, y contratar a otros 26.000 profesionales para poder atender con garantías a esta población de personas mayores.

Un año después delaprobación de la ley ELA, el gobierno español crea el grado III+ de dependencia extrema que debe garantizar el derecho de los enfermos de esta enfermedad neurodegenerativa incurable a recibir un servicio especializado las 24 horas del dia. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado este martes que los pacientes en un estado de la enfermedad más avanzada recibirán una prestación "de hasta 10.000 euros mensuales" para hacer frente a los gastos de los cuidadores profesionales que necesitan para sobrevivir.

En los nueve primeros meses de este año, cada día han muerto en Catalunya de media 25 personas dependientes en lista de espera por ser valoradas o recibir una prestación. Según datos que el Observatorio estatal para la dependencia ha publicado este viernes, hasta el 1 de octubre, 6.851 catalanes han muerto sin respuesta institucional alguna a sus necesidades, cifra que supone uno de cada cuatro de los 25.000 dependientes fallecidos en todo el Estado.

El año pasado más de 9.000 catalanes murieron a la espera de que se les reconociera el grado de dependencia. Esto significa que cada hora una persona muere desatendida, sin haber recibido el derecho reconocido en la ley de dependencia. Para evitar este agravio, el Gobierno trabaja en un plan para acortar las listas de espera, que ahora superan el año entre que se pide la prestación, se reconoce el nivel de dependencia y se aprueba el plan individual de atención (conocido por sus siglas PIA), en el que se determinan los servicios a los que se tiene derecho en función de la incapacidad. Según ha podido saber el ARA, el objetivo del ejecutivo es que estas personas esperen a lo sumo dos meses para tener el reconocimiento de la incapacidad y cobrar la prestación.

Una docena de personas están sentadas en el salón-comedor. Algunas en sillas de ruedas, otras en sillones. Casi todas son mujeres y están medio dormidas, con la cabeza torcida, aunque sólo son las diez de la mañana y hace dos horas que las han quitado de la cama. De fondo suena una canción de José Luis Perales, procedente de un televisor encendido. Las únicas que parecen despiertas son un par de ancianas que acunan unas muñecas, y otra que se desliza la palma de la mano por encima de las mesas como si estuviera limpiando el polvo, aunque no tiene ningún trapo. En el salón-comedor ningún auxiliar de geriatría está pendiente. Las dos que trabajan esta mañana en la tercera planta de la residencia van demasiado ajetreadas atendiendo a otros pacientes.

Entre la residencia o el domicilio, la abrumadora mayoría de los catalanes (93%) querría recibir los cuidados en su domicilio, según la última encuesta Òmnibus. Más enfermedades crónicas, neurodegenerativas, oncológicas o de movilidad que se asocian con el envejecimiento, más soledad y más precariedad económica –sumadas a unas predicciones demográficas que apuntan a que en menos de una década uno de cada cuatro habitantes en el país tendrá más de 65 años– ponen sobre la mesa la obligación. de recursos sanitarios y sociales.

Discapacidad y dependencia de la mano, complementariedad de ayudas y más apoyo en casa. Éstas son algunas de las novedades que presenta el proyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que el consejo de ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta. Ahora le quedará el trámite parlamentario. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido las iniciativas como las "de gran alcance" de la legislatura porque, por una parte, blinda contra la discriminación a las personas con discapacidades y, por otra, proyecta hacia el futuro el nuevo modelo de cuidados asumiendo las elevadas tasas de envejecimiento de la población en los próximos años.

Madres con criaturas grandes dependientes que deben dejar de trabajar. Hijas o esposas que cuidan en casa a los padres o parejas. "Las familias, básicamente mujeres, se ven obligadas a inmolarse, a hacer grandes sacrificios de su vida", resume Gustavo García, coordinador del Índice DESC 2024, con el que anualmente la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cuenta con cifras oficiales el estado de los servicios sociales públicos. La frase sirve para ilustrar hasta qué punto los nuevos modelos de cuidado a domicilio que propugnan todos los gobiernos (el ministerio tiene en marcha una estrategia de desinstitucionalización) fracasan al chocar con la realidad de los hogares que deben hacer manos y mangas para cuidar al familiar dependiente con las pocas ayudas públicas que reciben.

Marcial González Rodríguez tiene 60 años y lleva 42 postrado en una silla de ruedas. Cuando era joven, tuvo la ocurrencia de subirse a un árbol y cayó fatalmente al vacío. Hace poco más de una década también le detectaron un tumor en la columna vertebral y desde entonces tampoco tiene movilidad en el brazo derecho. Vive en Torre Baró, el barrio barcelonés de la película El 47 donde las casas se construyeron sin orden ni concierto en la ladera de la montaña y las vistas de la ciudad son espectaculares, pero que para llegar hasta allí hay que armarse de paciencia. A pesar de eso, cada día de lunes a viernes una trabajadora del servicio municipal de atención a domicilio va a su casa. Está como máximo una hora y media. Lo levanta de la cama, lo lava, lo peina, lo viste, le da el desayuno y lo deja sentado en la silla de ruedas hasta que a las dos de la tarde un amigo lo vuelve a meter en la cama, y tres horas más tarde su hermana le prepara una comida-cena que ya le sirve hasta el día siguiente.

La de este martes es la segunda protesta en dos meses que el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional (SinMaDiF) convoca ante la consejería de Derechos Sociales e Inclusión para exigir más recursos económicos y humanos para cubrir las necesidades de las personas dependientes y de sus cuidadoras principales, un papel que recae en un 90% de los casos en madres, mujeres o mujeres. Denuncian que "el abandono" que sufren es violencia machista institucional porque, cuando a un familiar se le diagnostica, "los derechos salen por la ventana" y dejan a la familia en la "soledad horrorosa" de tener que buscar servicios, recursos y ayudas para poder salir adelante. "¡Ya no podemos más!", exclaman.

Más de 9.000 catalanes murieron el pasado año esperando que se les reconociera un grado de dependencia o una prestación. Esta cifra supone que cada hora una persona muere desatendida, sin haber recibido el derecho reconocido en la ley de dependencia. Es lo que le ocurrió a Alfredo M., el marido de Isabel Fernández, que falleció a los 62 años a mediados del pasado mes de marzo, antes de que le aprobaran el Plan Individual de Atención (conocido por las siglas PIA), en el que se determinan las prestaciones o servicios a los que se tiene derecho en función de la incapacidad. A consecuencia de la muerte, la familia no tiene derecho a recibir con carácter retroactivo lo que la administración no le dio en vida debido a las listas de espera de un año. Pese al luto y el dolor, la viuda saca fuerza para denunciar una situación que considera "injusta".

Hace dos meses que la hija de Félix, de 93 años, hizo el registro de la solicitud para la evaluación del grado de dependencia y "como mínimo" tendrá que esperar unos "cinco o seis meses" antes de que termine todo el proceso. Previamente, su médico de cabecera había examinado al hombre para hacerle el informe médico –preceptivo hasta ahora– y con posterioridad tendrá que pasar por una primera entrevista para valorarle la capacidad de dependencia (el grado) y una segunda entrevista con una trabajadora social de su ayuntamiento para acabar de determinar en qué ayuda o servicio tiene derecho (el PIA, en la jerga del sector). Según la estadística, casi permanecerá 326 días, aproximadamente un año, un plazo que ahora el departamento de Derechos Sociales e Inclusión se ha propuesto acortar 100 días, hasta situarlo en nueve meses dentro de finales del 2025.

Maria Tavira ha pedido un presupuesto al tapicero para cubrir las paredes y muebles de una habitación de su casa para proteger a su hijo, que tiene 8 años y un trastorno delespectro autista de grado 3 –"si hubiera grado 4, lo tendría"– y uno de conducta grave, que a menudo le provoca reacciones agresivas. Las obras cuestan 6.000 euros, que tendrá que pagar de su bolsillo, y sobrepasan la prestación social que la familia recibe por la ayuda a la dependencia.