Un año después de la dana, todavía emergen detalles que ponen en evidencia la actuación negligente del gobierno valenciano por la difusión tardía del ES-Alert el día de la catástrofe. Una de las novedades la ha aportado este martes la jefa del servicio de coordinación del 112, Inmaculada Piles: admitió ante la juez que instruye la causa de que a las 18.35 horas del 29 de octubre del pasado año la responsable de Protección Civil de la Delegación del gobierno español en el País Valenciano, Patricia García, ya le indicó que era "el mensaje". Es decir, el envío ya se valoró más de hora y media antes de que se difundiera a las 20.11 h, cuando la mayor parte de las 229 víctimas mortales ya habían perdido la vida. De hecho, el ARA explicó hace un año que el gobierno español ya pidió a la Generalitat Valenciana que enviara la alerta pocos minutos después de las seis de la tarde. La declaración de Piles, pues, se suma a otros testigos recogidos por la magistrada que revelan la inacción de la conselleria de Emergencias encabezada por la imputada Salomé Pradas, pero también la pasividad del presidente valenciano, Carlos Mazón, con sus múltiples ausencias, una comida de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana y una retahíla de cambios de versión sobre cuándo empezó a preocuparse por la tragedia.

De repente, el móvil emite un sonido estridente, al que hasta ahora estábamos poco acostumbrados, y aparece un texto de Protección Civil de la Generalitat, a menudo acompañado de la señal de peligro con un signo de exclamación. El contenido del mensaje varía según la emergencia: hay un incendio cerca y hay que confinarse, se prevén aguaceros y se recomienda evitar actividades en el exterior, ha habido un accidente que podría provocar una nube química… Se trata del aviso ES-Alert, que envía mensajes emergentes a todos los móviles que se encuentran dentro de un área. Hace poco fue enviado a la gran mayoría de la población catalana (a 37 de las 43 comarcas) por las lluvias torrenciales de mediados de julio.

El apagón eléctrico generalizado que afecta a toda la península Ibérica ha puesto sobre la mesa la necesidad de tener los hogares preparados ante una situación de estas características. Estos son algunos de los objetos y acciones que hay que tener siempre en casa para hacer frente a una emergencia de este tipo.

Mientras Carlos Mazón se aferra a la presidencia de la Generalitat Valenciana pese a la creciente presión en la calle, la dirección estatal del PP hace equilibrios por no verse arrastrada por el descrédito de la gestión de la DANA. El presidente valenciano, determinado a no dimitir, pretende limitar los efectos políticos de la crisis a una remodelación de su ejecutivo. Al menos, a corto plazo. La situación es incómoda para Alberto Núñez Feijóo, quien intenta desmarcarse de la agonía de Mazón y limitar los daños a su partido, viendo que la situación se alarga. Asimismo, busca poner el foco en el gobierno español, pese a que se ha conjurado para evitar un tono agrio.

Se ha especulado mucho estos días, a raíz de la tragedia de la DANA en el País Valenciano, sobre cuál es la Administración competente para ponerse a la cabeza, sobre la necesidad de que el gobierno del Estado declare el estado de alarma o la "emergencia nacional" Mientras el presidente Mazón defiende con celo sus competencias sin dejar paradójicamente centrifugar las culpas hacia el Estado, Feijóo pide que sea el ministerio del Interior el que asuma la gestión y Sánchez se mueve con la declaración de zona catastrófica para tener un título que le habilite para agilizar las ayudas económicas que de él dependen. precedente de la pandemia de la covid, en la que el ejecutivo socialista fue el único de toda la UE —junto a Portugal— a declarar el estado de alarma por razones políticas —exhibir una gestión vigorosa y eficaz— debe llevarnos a reflexionar sobre si es necesario recentralizar la gestión de las crisis, por importantes que sean. No en vano, a los pocos meses de declararse si la alarma, en pleno naufragio, el propio ejecutivo español se dio cuenta del error que supuso concentrar el rastreo de positivos o la compra de materiales y adoptar decisiones fuera del terreno, al margen de si el destinatario era un entorno rural o urbano. ¿Se acuerdan de ello? competencia ordinaria y laexpertise era de las comunidades, titular de los medios personales y materiales, sin perjuicio de la coordinación estatal.

Aún con un balance provisional de más de 200 muertes y un número indeterminado de desaparecidos por las inundaciones más graves de este siglo en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, los supervivientes deben seguir adelante. No es fácil quitarse y preguntarse: "¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos frente a las muertes de familiares y amigos oa las pérdidas materiales del esfuerzo de años". El alcance de la devastación, multiplicada por las imágenes y vídeos distribuidos por todos los canales, ha hecho que el impacto vaya más allá de las comarcas afectadas y claramente es una tragedia comunitaria que, como tal, también necesitará un cuidado global. Es lo que opina Ingeborg Porcar, responsable de la unidad de trauma, crisis y conflicto de Barcelona de la UAB (UTCCB), especialista en gestión de crisis, quien asegura que sería un error pensar que el impacto psicológico se reduce sólo a los supervivientes y los que han sufrido pérdidas.

Las autoridades sanitarias europeas han puesto, de momento, un punto de calma frente a la emergencia sanitaria por la mpox declarada a escala mundial. Después de que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) volviera a declarar la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox (un término que la autoridad sanitaria prefiere a viruela del mono) en África, este lunes el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea ha descartado medidas drásticas como el control de las fronteras o una estrategia de vacunación generalizada en la población.

"La policía no puede entrar porque no tiene una orden judicial. El desahucio no se ejecutará. Todo el mundo tranquilo". Las abogadas Marta Llonch y Mireia Salazar tranquilizan a varias personas que malviven en el antiguo instituto B-9 de Badalona. Son una veintena, pero en total hay casi 200 personas en ese asentamiento. La mayoría son personas migrantes en situación irregular que lamentan la falta de soluciones del Ayuntamiento liderado por el popular Xavier García Albiol, que el miércoles a las 9.30 tiene previsto echarlos. Lo hará por vía administrativa y, por tanto, es necesario que los residentes se marchen voluntariamente; una salida que ya han avanzado en el ARA que no pasará porque no tienen alternativa residencial.

No pasamos por un buen momento de la relación, siempre complicada, entre el mundo de la política democrática institucionalizada y el latido social. Cuando parece que salimos de uno de los muchos temas que nos inquietan, ya entramos de lleno en otro tema tan o más complicado que el anterior. Las acusaciones y descalificaciones son frecuentes más que nunca, hay quien se empeña en seguir haciendo cosas que son difícilmente justificables hoy en día, y todo ello no ayuda a buscar espacios desde donde avanzar. No consuela demasiado ver que éste no es un tema sólo de nuestra casa, sino que afecta a países y lugares de cualquier rincón del mundo. En situaciones como éstas hay quien practica la añoranza y recuerda que antes la política y los políticos eran mucho mejores. Pero, al margen de que esto no sea del todo verdad, al final nada consuela, ya que el ruido crece, el panorama no mejora y los días van pasando.

Con el horizonte de las restricciones de agua en diciembre, hace semanas que Aigües de Barcelona, la distribuidora del área metropolitana de Barcelona, está haciendo pruebas para comprobar si bajando la presión se puede conseguir la reducción de consumo doméstico y evitar así la medida más traumática de las restricciones. De las pruebas realizadas en todos los municipios se extrae que es una medida eficiente porque, por un lado, el ahorro de agua es del 7,6% y, por otro, las viviendas situadas en las plantas superiores tan solo lo notan cuando existe una punta de consumo.

Jornada reivindicativa en Amposta (Montsià), donde este sábado se ha celebrado la segunda cumbre social por la sequía. Más de una veintena de entidades ecologistas y medioambientales de toda Cataluña han denunciado la "mala gestión" del Govern respecto a la grave crisis de agua que sufre el país y "el saqueo" de los recursos hídricos en beneficio de los intereses económicos, afirman, "de la gran agroindustria, la ganadería intensiva y el sector turístico".

Las lluvias de los últimos días apenas se han notado en los embalses, y la previsión de cara al otoño no augura suficientes precipitaciones para salir de la situación de sequía de extrema gravedad. Es por ello que el Govern ha ampliado este martes las zonas que entran en el estadio más grave que prevé el plan de la sequía y que endurecerá las restricciones vigentes. Los afectados son los 12 municipios ampurdaneses que dependen del embalse de Darnius-Boadella, al 17% de su capacidad, entre ellos Figueres, Roses y Cadaqués. Se suman así a los 22 pueblos que se nutren del acuífero Fluvià Muga (también en el Alt Empordà) y los dos que se abastecen de Riudecanyes, que ya están en emergencia desde principios de agosto.

Los silbidos agudos que salían simultáneamente de los teléfonos inteligentes en la ciudad de Barcelona confirmaron esta mañana, a las 11 horas, que el simulacro del sistema de emergencias de Protección Civil había empezado. La reacción de la población en varios puntos de la ciudad, donde muchos ya esperaban el sonido de las alarmas, ha sido de poca sorpresa. No pueden decir lo mismo, por el contrario, muchos turistas que, desconcertados, caminaban por las calles del centro cuando les ha llegado –en inglés– el mensaje del Govern en las pantallas: "PRUEBA DE ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ES UN SIMULACRO. No llames al 112. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte".

"Este caso es un cúmulo de despropósitos muy graves". El mismo Ayuntamiento de El Prat, que es quien concedió la ayuda a Mayra, admite que lo que le ha pasado a esta madre de familia de 46 años es, como mínimo, "profundamente injusto". En 2019 se vio obligada a pedir una ayuda de emergencia porque la echaron de la habitación donde vivía realojada con sus tres hijos, que entonces tenían 14, 11 y 2 años. "No tenía adónde ir", explica. En enero del 2020 el Ayuntamiento de El Prat les ofreció una habitación en un piso compartido. Vivían los cuatro en una sola habitación en una casa donde había, en total, una veintena de personas vulnerables y con situaciones complejas. "La convivencia era muy difícil", dice Mayra. Poco después, la pandemia y el confinamiento alargaron esta estancia de manera obligada. La situación no era fácil pero la peor noticia llegó un año después: Hacienda le reclamó por carta 2.271 euros.

Que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha llevado a muchos ciudadanos al límite hace meses que se percibe. Ahora, sin embargo, los datos empiezan a cuantificar estas desigualdades de manera objetiva. Y uno de los efectos más evidentes es en el ámbito de la vivienda. El número de ayudas públicas de urgencia a familias para evitar que pierdan su piso se han duplicado este 2021 respecto al año anterior, según ha podido saber el ARA. Cuando todavía falta un mes para acabar el año, el Govern ya ha destinado más de 9,3 millones de euros a estas prestaciones, una cifra tres veces más alta que en 2020.

El gobierno chino ha instado a la población a preparar la despensa por una posible emergencia. El anuncio lo ha hecho el ministerio de Comercio en un comunicado publicado sin más explicación: "tened almacenada una cierta cantidad de artículos de primera necesidad para estar preparados en caso de emergencia". El contexto general del país parece, ciertamente, alarmante: confinamientos constantes por el aumento de casos de covid-19; preocupación por los suministros de verduras después de un periodo de fuertes lluvias que ha estropeado los cultivos y un aumento de precios como consecuencia, y una crisis energética global, entre otros.

El drama que está experimentando la población india en relación con la pandemia del covid-19 ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación internacionales. Esto ha contribuido a la movilización de la opinión pública y a las intervenciones de las organizaciones humanitarias. Las imágenes de personas que mueren a las puertas de los hospitales por falta de camas, medicamentos y oxígeno son terroríficas y recuerdan catástrofes humanitarias como las de Biafra y Darfur. Durante las últimas semanas, los que estamos en India hemos sido testigos de imágenes escalofriantes de un pueblo que sufre. Hemos oído continuamente sirenas de ambulancias que transportaban cuerpos. También hemos visto imágenes delirantes de crematorios llenos a rebosar, en funcionamiento de sol a sol. Hemos olido el hedor de los cuerpos carbonizados y oír los llantos de las familias afligidas. La escasez de oxígeno y la desorganización de hospitales y ambulancias son particularmente visibles y han cogido proporciones trágicas para esta desgraciada población que cada día cuenta muertes cada minuto. Así pues, se puede decir que la India feliz se ha convertido de repente en una imagen del juicio final.