La imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fuesen presentando las oportunidades de cometer’los”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El Tribunal Supremo tira por la calle del medio y juzgará de aquí a un mes a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. El alto tribunal ha rechazado por unanimidad todas las cuestiones previas que plantearon el exministro de Transportes y su exasesor, que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes 7 de abril, al día siguiente de que arranque el juicio del caso Kitchen contra Jorge Fernández Díaz y su cúpula en el ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy. Tres semanas después de la vista preliminar del caso mascarillas, el Supremo ha cerrado la puerta a una de las principales demandas de Ábalos y Koldo: que la causa vuelva a la Audiencia Nacional a raíz de la renuncia de Ábalos al acta de diputado. La interlocutoria, de 138 páginas, reitera que una vez el juez abre juicio oral contra un diputado –como pasó en diciembre, cuando Ábalos todavía era parlamentario–, la competencia del Supremo es "inmune a la pérdida de la condición de aforado" y argumenta que es un momento que "no puede quedar al azar o depender del capricho o voluntad del acusado".

77 días después de que el Tribunal Supremo los enviara a la cárcel, José Luis Ábalos y Koldo García han salido temporalmente de Soto del Real con motivo de la audiencia preliminar del juicio por la compra de mascarillas, que debe tener lugar en las próximas semanas. Es una vista inédita que se creó con la ley de eficiencia en la justicia, que entró en vigor hace diez meses. El ex número 3 del PSOE y su exasesor en el ministerio de Transportes han llegado al Tribunal Supremo con una furgoneta de la policía española a las diez y media de la mañana, media hora antes de la cita. También asistió el tercer acusado, Víctor de Aldama, aunque él está en libertad y no había hecho alegaciones. Por primera vez, los tres han coincidido en el banquillo de los acusados ​​y se han visto las caras con los siete magistrados que les juzgarán.

Investigado por presunta corrupción en el Tribunal Supremo, Santos Cerdán ha llevado este miércoles su estrategia de defensa en el Senado. En plena crisis del gobierno español por casos que se acumulan en los tribunales, y un mes después de salir en libertad provisional de la cárcel, el ex número tres del PSOE ha comparecido en la comisión del caso Koldo en la cámara alta para reivindicar una vez más su inocencia. Aunque se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos por los que está encausado, aseguró que es víctima de una "persecución propia de la Inquisición" y vinculó su investigación a su papel en el acuerdo de la ley de amnistía.

Movimiento de fichas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instigado por el gobierno español. El consejo de ministros aprobará mañana el ascenso del coronel Rafael Yuste Arenes a general de brigada, lo que conllevará su salida como jefe de la UCO, según avanzó Eldiario.es y confirman fuentes gubernamentales al ARA. La UCO es la unidad especializada que, entre otras cosas, está participando en la investigación de las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez –por ejemplo, elaboró ​​el informe que desembocó en la imputación de Santos Cerdán o acreditó que el fiscal general del Estado borró los mensajes de su móvil el día en que el Supremo le imputó–. Rafael Yuste llevaba dos años y medio al frente de la UCO –llegó en junio del 2023 sustituyendo a Alfonso López Malo– y ahora ha conseguido el ascenso después de superar el curso y de quedar el número uno de su promoción en la evaluación.

Alberto Núñez Feijóo quiere que se convoquen elecciones generales en el Estado y aprovecha los casos de presunta corrupción que acosan al PSOE y, en consecuencia, al gobierno español, para presionar en esa dirección. "España está harta", ha exclamado el líder del PP este domingo desde el templo de Debod, en Madrid, en la séptima movilización convocada por los populares contra el gobierno de Pedro Sánchez desde que comenzó la legislatura.

Los 180 metros que separan al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional nunca habían sido tan cortos. El pasado jueves, mientras José Luis Ábalos se exponía a que Leopoldo Puente le enviara a la cárcel por la causa sobre la compra de mascarillas –como acabó pasando–, Víctor de Aldama declaraba ante Ismael Moreno sobre los contratos del gobierno canario durante la pandemia; una presunta trama de corrupción que ha derivado en múltiples investigaciones paralelas que tienen vasos comunicantes. Tanto es así, que incluso los abogados personados no acaban de tener clara la cantidad de piezas que están en marcha y su alcance. Vamos a palmos.

Ha vuelto a ocurrir algo que nunca había pasado, que es que un diputado en ejercicio entre en prisión.

Jornada política, la del jueves, centrada en el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo, y en la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana. Dicho de otro modo, en las desventuras judiciales de dos bandarres (con Ábalos ofreciendo ya el espectáculo de darse la vuelta contra los suyos si eso le debe proporcionar algún posible beneficio penal) y en la colocación al frente del Consejo valenciano de un hombre de paja con el guión escrito: continuidad respecto de la etapa Maag las submisión medioambientales, contra el feminismo y contra la lengua y la cultura catalanas. Pérez Llorca ha exhibido el frío cinismo de prometer que, de ser investido, pedirá perdón a las víctimas de la dana. Como secretario general del PP valenciano desde el 2023 —y, por tanto, número dos del comité ejecutivo autonómico, sólo por detrás del hasta ahora presidente Mazón—, Pérez Llorca podría haber empezado pidiendo perdón desde el mismo día de la dana, pero nunca lo hizo. Disculparse tarde y mal, sólo para conseguir algo, es peor que no disculparse en modo alguno: eso lo sabe cualquier niño de primaria, pero todavía es pedir demasiado a según qué personajes de la vida pública española. Enfrente, como jugosa zanahoria, el Plan Adelante de reconstrucción de la Comunidad Valenciana, con una dotación de 29.000 millones de euros.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García para el jueves 27 de noviembre para decidir si los mantiene en libertad o los ingresa en prisión. El magistrado revisará las medidas cautelares que mantiene para el exministro del PSOE y su asesor en la causa por la presunta trama de compra de mascarillas durante la pandemia, después de que las acusaciones populares y el fiscal hayan pedido una vista para que se les prive la libertad.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros para José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, en la causa sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, que está a un paso del juicio. En un escrito de 21 páginas, Alejandro Luzón le acusa de cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. En un tuit en X, Ábalos ha denunciado que "no sólo han sido rechazadas todas y cada una de las pruebas que he solicitado o acceder al material de la causa", sino que "ahora, en una estrategia premeditada de presión, se me hace una exagerada reclamación de delitos y penas".

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala la "influencia" que pudo tener el comisionista Víctor de Aldama sobre el gobierno canario de Ángel Víctor Torres (PSOE), actual ministro de Política Territorial, en la compra de contratos de mascarillas y test de antígenos durante la pandemia. En concreto, el informe de la UCO presentado este lunes en la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso el ARA, apunta que esa influencia de Aldama se habría producido a través del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. De este modo, el gobierno de las Islas Canarias de Ángel Víctor Torres se vería salpicado, según el informe de la UCO, por la presunta trama de corrupción que rodea a Aldama, Ábalos y Koldo y que tiene su origen en presuntos cobros ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia. Por ese motivo, el PP ha pedido el cese inmediato del ministro.

El PP hace ya tiempo que decidió sacrificar el valor del Senado como cámara de representación territorial y de segunda lectura para convertirla en una caja de resonancia de su oposición a Pedro Sánchez. Por eso pensaron que era una buena idea citar a declarar al presidente del gobierno español a una comisión sobre el caso Koldo en un cuarto que controlan completamente. Pero una vez más, y ya van varias, el PP ha vuelto a fracasar y Pedro Sánchez ha salido muy vivo del espectáculo lamentable que se ha vivido en el Senado.

El PP quería someter a Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo/Ábalos del Senado, pero en ocasiones como éstas sabe cómo desesperar a la formación conservadora, hasta que se impone el caos. El presidente español se puso la chaqueta de líder del PSOE para confrontar las acusaciones de corrupción de la derecha y la discusión se convirtió en un nuevo capítulo del "y tú más" entre los dos grandes partidos del Estado. "Creo que esto es un circo", espetó Sánchez desde el principio. El espectáculo ha llegado sobre todo al final, durante el tenso interrogatorio del senador del PP Alejo Miranda de Larra, impotente ante las respuestas del presidente español, algunas evasivas y otras directas. "Había un circuito de dinero negro en la calle Génova, no en Ferraz", ha dicho Sánchez, que se ha ido "muy satisfecho" de la comisión.

Por segundo día consecutivo, en el Tribunal Supremo se ha seguido un guión prácticamente calcado. Después de que ayer acudiera José Luis Ábalos, este jueves fue el turno de Koldo García. Tal y como hizo el exministro de Transportes, su exasesor se ha negado a declarar entre reproches al instructor del caso de presunta corrupción en el alto tribunal, Leopoldo Puente, que ha optado por dejarlo en libertad. La Fiscalía Anticorrupción, como ya ocurrió con Ábalos, no ha pedido su encarcelamiento por mucho que aprecia cierto riesgo de fuga, y las acusaciones populares, encabezadas por el PP, han vuelto a solicitar sin éxito prisión provisional sin fianza. De esta forma, Koldo también ha sorteado la cárcel y sale del Supremo con las mismas medidas cautelares que se le estaban aplicando: retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial. De esta forma, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán es el único investigado de la causa que está encarcelado.

En el discurso de ayer del presidente Isla hubo el anuncio de los miles de pisos, que se ha llevado a todos los titulares, y un segundo anuncio que ha pasado más inadvertido pero tanto o más importante y del que ahora explicaremos la situación. Pero antes, tal y como hemos dicho, los pisos.

Un nuevo informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos ha vuelto a encender el clima político en Madrid, pero realmente no acaba de despejar el alcance real de un caso de corrupción que, sobre el papel, podría amenazar la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez. La Guardia Civil destapa en este informe que Ábalos daba instrucciones prácticamente diarias a su asesor, Koldo García, para que sufragara desde sus cuentas bancarias gastos que en realidad eran de él. Por ejemplo, regalos para sus amantes, pensión de su hijo y viajes particulares. En total, todos estos gastos suman 95.000 euros, que la Guardia Civil sospecha que Koldo pagaba con dinero de dudosa procedencia, pero que el informe no aclara.

La exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, ha denunciado esta noche "amenazas" que asegura que recibió de Koldo García cuando éste era asesor del exministro de Transportes. En una entrevista en Telecinco, Perles ha definido a Koldo como un "perdonavidas" y explica supuso "un antes y un después" en su vida. "Tenía un comportamiento muy hostil conmigo", afirma. El entonces asesor, ahora imputado junto a Ábalos por el supuesto cobro de comisiones ilegales, iba "enganchado" al ministro todo el día con el objetivo de "tenerlo controlado en todo momento", según el relato de la mujer, que considera que García ejercía de "topo" de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE también investigado por el caso de presunto.

El caso Koldo de corrupción, también llamado caso Ábalos o Cerdán, está provocando un fenómeno desde que se dio a conocer: los implicados o familiares suyos ya han sufrido dos robos en sólo un mes. La trama que afecta al exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el sucesor como número 3 del partido, Santos Cerdán, ya ha sufrido dos robos sonados, el último en la casa de Ábalos en Madrid esta madrugada, después de que a finales de junio sufriera uno el domicilio.