El Supremo envía Ábalos y Koldo a juicio por organización criminal

Barcelona / MadridEl Tribunal Supremo pide 60.000 euros de fianza al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva desde hace dos semanas, y los envía a juicio junto con el empresario Víctor de Aldama por organización criminal. Así lo ha dictado en un auto este jueves el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa de presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El juez, según precisa la resolución, ha acordado abrir juicio oral contra los tres acusados ​​por los delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y prevaricación. Todo ello, después de que este miércoles la sala de apelación rechazara los recursos de Ábalos y Koldo y confirmara su procesamiento.

En paralelo a la apertura del juicio oral, el juez instructor acuerda mantener a Ábalos y Koldo en prisión y les exige 60.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, se les pudiera imponer". En caso de no aportar esta cantidad en cinco días hábiles, el Juez ordena embargarles bienes por valor equivalente a la fianza. En Aldama, el presunto logrador de la trama, Puente le mantiene la obligación de comparecer en los juzgados cada quince días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

El juicio, previsto para finales de febrero

Fuentes judiciales explican al ARA que la previsión es que el juicio arranque a finales de febrero. El tribunal, según las mismas fuentes, estará presidido por el magistrado conservador Andrés Martínez Arrieta, que preside la sala segunda del Supremo y que será también el ponente de la sentencia, que deberá pronunciarse sobre los numerosos "indicios consistentes" que, a juicio del juez instructor, apuntan que Aldama habría hecho entregas "sucesivas" de dinero a Ábalos y Koldo "con el propósito de que se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos".

La fiscalía pide 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros para el exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, 19 años y medio para quien fue su asesor y siete para Aldama, mientras que las acusaciones populares –lideradas por el PP– solicitan 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo y seis años y siete meses para el empresario. El juicio será el primero del conocido como caso Koldo. Alrededor de la trama se mantienen abiertas la pieza por presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública que también afecta al ex número dos de los socialistas Santos Cerdán, igualmente en el Supremo, y otras tres piezas en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivo del PSOE.

La condición de diputado de Ábalos

El auto de este jueves llega un día después de que, a raíz de la confirmación del procesamiento de Ábalos, el Congreso decidiera suspender al exministro como diputado. "La suspensión comporta la pérdida de sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo", precisaron desde la Cámara Baja. Esto implica que el exdirigente del PSOE no podrá votar y no cobrará el sueldo de parlamentario ni la subvención correspondiente al grupo mixto, donde se integró cuando se negó a dejar el acta, tal y como le pedía su antiguo partido. Con la apertura del juicio oral, de nada serviría que intentara dejar ahora el acta para perder la condición de aforado e intentar no ser juzgado por el Supremo.

Un chalet en Cádiz a cambio de una licencia de hidrocarburos

Ocho horas después de conocerse esta novedad en el Supremo, la noticia saltó a la Audiencia Nacional. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez Santiago Pedraz, al que tuvo acceso el ARA, relata que la trama de los hidrocarburos –liderada supuestamente por Víctor de Aldama y Claudio Rivas– logró la influencia de José Luis Ábalos para obtener la autorización para que Villafu. El documento apunta a que la presunta organización criminal destinó aproximadamente un millón de euros a "comprar la voluntad del cargo público" para penetrar en la administración y, concretamente, menciona el ministerio de Industria de Reyes Maroto y el ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera.

A cambio, Rivas pagó a Ábalos un chalet en Cádiz de 585.000 euros. La Guardia Civil cree que existe una "correlación" entre la compra de la casa y la "firme convicción" de los investigados que obtendrían la autorización que querían. Y lo avala con un mensaje del 2021 de uno de los implicados: "Hijo de puta, el putero; ha sido pescar la casa y ha pulsado el botoncito".

El informe también recoge una conversación del día que Pedro Sánchez destituyó a José Luis Ábalos como ministro, en julio del 2021. Leonor González Pano –empresaria investigada– se lo relató a Natán González –su pareja– de su pareja– armado en el consejo de ministros. El putero se ha enfrentado al guapo. Y se ha levantado a mitad de la reunión y delante de todos la ha enviado a tomar por el culo", le explicó. Y le envió un mensaje de tranquilidad: "Nos ha llamado [Aldama] porque no nos preocupamos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante".