El Tribunal Supremo eleva el tono en el conflicto con el gobierno español por el voto de los nacionalizados con la ley de nietos. El alto tribunal ha dado un plazo de cinco días a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para que entreguen la lista de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del voto de cara a las elecciones españolas del 29-N. Deben enviarla al Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, y tienen tiempo para hacerlo hasta el miércoles 28 de octubre a las tres de la tarde. La sala contencioso-administrativa del alto tribunal no se queda aquí, sino que amenaza a los ministros de Asuntos Exteriores y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con una posible multa o, incluso, con responsabilidades penales –que debería investigar la sala penal– si incumplen el requerimiento. La multa sería de 1.000 euros y se podría “reiterar” hasta que se cumpliera la petición.

Algún malpensado podría llegar a creer que los magistrados del Tribunal Constitucional quedaron exhaustos después de enfrentarse con los del Tribunal Supremo por la ley de amnistía, y ya no les quedaron fuerzas para contradecirlos en un nuevo atropello, tanto o más grave democráticamente que el anterior. Se trata de las medidas cautelares que impuso el Supremo contra la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, que en la práctica dejan sin derecho a votar a los 163.020 nacionalizados en virtud de esta medida. El Constitucional (por amplia mayoría, pero con dos votos particulares discrepantes) ha desestimado —por “prematura”— la pretensión del Defensor del Pueblo, que había presentado recurso para dejar sin efecto la decisión del Supremo, dado que todavía está abierto el periodo de alegaciones que el Supremo dejó abierto para este caso. Algún malpensado, como decíamos, podría llegar a creer que los magistrados del Constitucional han preferido esconderse detrás de un tecnicismo que agravar el enfrentamiento que ya mantienen con los del Supremo (un enfrentamiento que también es un pésimo síntoma, en este caso de politización de la justicia y su reverso, que es la judicialización de la política).

El auto de la sala penal del Tribunal Supremo que ha aplicado la amnistía a Dolors Bassa, Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva no deja de ser toda una declaración de guerra. El Supremo dice que se ha sentido desautorizado por el Tribunal Constitucional porque este ha “ensanchado” hasta límites “inéditos en su historia” su función de garante de los derechos, acusándolo incluso de “mutar” su rol para convertirse en “una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo”.

El Tribunal Constitucional no autoriza, de momento, el voto a las personas nacionalizadas con la ley de nietos. El alto tribunal ha frenado el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de todos aquellos que no hayan demostrado que son descendientes de exiliados. Por tanto, habrá 163.000 personas con la nacionalidad española –el 0,41% del censo– que no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre si no acreditan que cumplen los requisitos. Ángel Gabilondo denunció que la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el tribunal de garantías considera que es “prematuro” estudiar el recurso porque el Supremo abrió un periodo de alegaciones que todavía no ha terminado. Cuando se haya vuelto a pronunciar, después de estudiar las quejas de los afectados, el Constitucional sí podría aceptar estudiar un recurso de amparo.

El Tribunal Supremo ha suspendido los derechos electorales de las personas nacionalizadas por la ley de nietos, una decisión que el gobierno español ha tildado de "gravedad extraordinaria" y que ha generado una nueva batalla política entre la derecha y la izquierda. Mientras que para el PP y Vox es una manera de garantizar la "limpieza" de las elecciones del 29-N, para los progresistas es una vulneración de derechos fundamentales inaceptable. Ahora bien, más allá del ruido, ¿qué implica en la práctica la decisión que tomó el lunes el Supremo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno español para cumplir con las medidas cautelares y excluir del censo a las 163.020 personas que han sido nacionalizadas a través de la llamada ley de nietos? La mayor responsabilidad se la lleva el servicio exterior del Estado y la Oficina del Censo Electoral, que es quien debe suspender en la práctica el voto de los afectados.

Una de las tramas secundarias de la turbulenta temporada de la política española de este otoño es la de la mal llamada ley de nietos. La ley de memoria democrática de 2022 preveía reconocer la nacionalidad española a los descendientes de exiliados por razones políticas, religiosas o de orientación sexual e identidad de género. Ante la complejidad de demostrar las razones del exilio, una instrucción del ministerio de Justicia resolvió aplicar la "presunción de exilio" a todos los que se marcharon de España entre julio de 1936 y 1955.

Se ha convertido en un funcionamiento de rutina que las entidades cívicas –o directamente los partidos– de extrema derecha o ultranacionalistas españoles lleven a las altas instancias judiciales sus exigencias políticas, y que jueces y fiscales asuman el trabajo de convertirlas en sentencias o resoluciones de cumplimiento obligado para la ciudadanía o las instituciones. Es lo que se conoce como judicialización de la política, un mecanismo que se engrasó y afinó (“afinar” era una palabra clave) durante los años de persecución y criminalización del independentismo catalán, y que ahora ya ha cogido velocidad de crucero contra todos los enemigos de España que se pongan por delante, empezando si hace falta –como también ya hace unos años que vemos– por el mismo gobierno de España.

La decisión del Tribunal Supremo de negar el voto a unas 163.000 personas que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos ha sido interpretado como una declaración de guerra por parte del gobierno español. "Es de una gravedad extraordinaria", ha estallado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. "Son personas que huyeron de un país por una dictadura –ha remarcado–. En una democracia el derecho a voto se garantiza y no se restringe".

Pedro Sánchez, en un mitin en Ponferrada, cargó contra el Tribunal Supremo por presionarle para aprobar la ley de nietos. Una ley que permitiría a los nietos de los exiliados republicanos votar en España. Sánchez debe pensar que la mayoría de estos exiliados, en países latinoamericanos, votarían opciones progresistas. Pero eso es suponer mucho. De entre todos los hay que sí, claro. Y seguro que no habría muchos que votarían al PP, claro. Pero también los habría –pienso en los nietos de los catalanes– que quizás elegirían opciones catalanistas. En todo caso, la frase que soltó fue esta: "¿Los nietos de los exiliados del franquismo no podrán votar y los nietos del régimen franquista sí podrán?"

Revés del Tribunal Supremo, de nuevo, al gobierno español. Y, esta vez, a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre y con una cuestión tan delicada como el censo electoral. El alto tribunal ha decidido este lunes rechazar el recurso de la Abogacía del Estado contra la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. Una disposición adicional de la ley de memoria democrática de 2022 que permite a descendientes de exiliados españoles acceder a la nacionalidad. De esta manera, mantiene las medidas cautelares, solicitadas por Iustitia Europa, que dictó el 10 de septiembre y que impiden a estos nuevos ciudadanos votar si no acreditan individualmente que efectivamente sus predecesores se marcharon de España por motivos políticos. En la práctica, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, esto afectará a 163.020 personas que se inscribieron en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta el 1 de agosto de este año, según la administración electoral, y a las que se les había otorgado la nacionalidad por esta vía –la fecha en la que se cierra el censo para los próximos comicios generales.

Poco tiempo después del anuncio de la convocatoria electoral, las redes sociales del PP hicieron circular un vídeo en el que se veía al ministro Óscar Puente retorciéndose de dolor después de romperse una pierna. Y las Nuevas Generaciones, uno en el que se veían inmigrantes en Ceuta con el lema: "O ellos o nosotros". Eran dos muestras de por dónde piensa llevar la campaña el partido que aspira a gobernar España. También el mismo día, Isabel Díaz Ayuso y Vox pidieron a sus electores que no se les ocurra votar por correo, y sembraron así la duda sobre si el gobierno actual está preparando un pucherazo. Este es un espantapájaros que la derecha ya hace tiempo que agita, con la idea de dibujar a Pedro Sánchez como un aspirante a dictador.

En los últimos meses, el PP y Vox han esparcido sospechas sobre un supuesto fraude electoral en dos direcciones: el voto por correo y el derecho a votar de los nacionalizados a través de la ley de memoria democrática. Después de que Isabel Díaz Ayuso tardara menos de una hora una vez disueltas las Cortes en recomendar que no se votara por correo –una desconfianza que el portavoz del PP ha desautorizado–, el foco vuelve a situarse en el Tribunal Supremo, que hace un mes bloqueó el derecho a voto de miles de personas hasta que demuestren que son descendientes de exiliados. A raíz de la convocatoria del 29-N, tanto Iustitia Europa como Vox han reclamado al Supremo que actúe para garantizar que se cumplan las medidas cautelares, ya que el cuerpo electoral llamado a votar en las elecciones se cerró hace dos meses, antes de que el alto tribunal tomara las medidas. Esta mañana, el ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, ha advertido que si el Supremo mantiene la decisión, el censo del 29-N se verá “alterado” y perdería 400.000 personas añadidas al Censo Electoral de Residentes Ausentes –CERA– desde el 23-J.

La derecha y la extrema derecha españolas están dispuestas a torpedear la llamada ley de nietos, la disposición que el gobierno español incluyó en la ley de memoria democrática para que los descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad. La cruzada política del PP y Vox contra el texto legislativo, que califican de instrumento de Pedro Sánchez para alterar el censo electoral, ha saltado a los tribunales y el Supremo ya ha bloqueado el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Pero esta no es la única derivada política y judicial de la ley. En el blanco de las críticas, y de las querellas, está el nombre de Sofía Puente, fiscal de carrera, alto cargo del gobierno español y, también, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El juez del Tribunal Supremo que ha redactado el auto que bloquea el derecho a voto de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática –hace suya la tesis del PP de que la ley de nietos es un “peligro fundado, real y serio” que puede “afectar gravemente a la objetividad y transparencia” de las elecciones– es un viejo conocido del independentismo. Es Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2014 a 2023 y, por tanto, tuvo un papel destacado en los años del Procés. Su nombre resuena en Cataluña porque en febrero de 2021 se apartó del debate de los recursos de amparo de los presos políticos contra la sentencia del 1-O. Tuvo que autoexcluirse después de que los líderes independentistas pidieran en bloque su recusación por unas palabras que había pronunciado en noviembre de 2017.

A veces la información se alinea de una manera que crea portadas que concentran las contradicciones y las complejidades de un país. Es un poco lo que le ha pasado a El País este viernes. El titular principal es sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la llamada ley de nietos, que otorga el derecho de voto y la nacionalidad a los descendientes del exilio republicano: "El Supremo da alas a la teoría del pucherazo electoral de Vox". La información es tan relevante que el diario ha considerado que había que poner también el editorial en portada, con un titular que no deja lugar a dudas: "Despropósito jurídico".