En los últimos meses, el PP y Vox han esparcido sospechas sobre un supuesto fraude electoral en dos direcciones: el voto por correo y el derecho a votar de los nacionalizados a través de la ley de memoria democrática. Después de que Isabel Díaz Ayuso tardara menos de una hora una vez disueltas las Cortes en recomendar que no se votara por correo –una desconfianza que el portavoz del PP ha desautorizado–, el foco vuelve a situarse en el Tribunal Supremo, que hace un mes bloqueó el derecho a voto de miles de personas hasta que demuestren que son descendientes de exiliados. A raíz de la convocatoria del 29-N, tanto Iustitia Europa como Vox han reclamado al Supremo que actúe para garantizar que se cumplan las medidas cautelares, ya que el cuerpo electoral llamado a votar en las elecciones se cerró hace dos meses, antes de que el alto tribunal tomara las medidas. Esta mañana, el ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, ha advertido que si el Supremo mantiene la decisión, el censo del 29-N se verá “alterado” y perdería 400.000 personas añadidas al Censo Electoral de Residentes Ausentes –CERA– desde el 23-J.

La derecha y la extrema derecha españolas están dispuestas a torpedear la llamada ley de nietos, la disposición que el gobierno español incluyó en la ley de memoria democrática para que los descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad. La cruzada política del PP y Vox contra el texto legislativo, que califican de instrumento de Pedro Sánchez para alterar el censo electoral, ha saltado a los tribunales y el Supremo ya ha bloqueado el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Pero esta no es la única derivada política y judicial de la ley. En el blanco de las críticas, y de las querellas, está el nombre de Sofía Puente, fiscal de carrera, alto cargo del gobierno español y, también, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El juez del Tribunal Supremo que ha redactado el auto que bloquea el derecho a voto de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática –hace suya la tesis del PP de que la ley de nietos es un “peligro fundado, real y serio” que puede “afectar gravemente a la objetividad y transparencia” de las elecciones– es un viejo conocido del independentismo. Es Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2014 a 2023 y, por tanto, tuvo un papel destacado en los años del Procés. Su nombre resuena en Cataluña porque en febrero de 2021 se apartó del debate de los recursos de amparo de los presos políticos contra la sentencia del 1-O. Tuvo que autoexcluirse después de que los líderes independentistas pidieran en bloque su recusación por unas palabras que había pronunciado en noviembre de 2017.

A veces la información se alinea de una manera que crea portadas que concentran las contradicciones y las complejidades de un país. Es un poco lo que le ha pasado a El País este viernes. El titular principal es sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la llamada ley de nietos, que otorga el derecho de voto y la nacionalidad a los descendientes del exilio republicano: "El Supremo da alas a la teoría del pucherazo electoral de Vox". La información es tan relevante que el diario ha considerado que había que poner también el editorial en portada, con un titular que no deja lugar a dudas: "Despropósito jurídico".