Barcelona multa a los propietarios de un piso por haberse negado a alquilarlo a una persona marroquí

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha multado con 45.000 euros a los propietarios de un piso y la inmobiliaria que lo comercializaba por no querer alquilarlo a una persona de origen marroquí. Se trata de la primera multa que impone un municipio por discriminación directa por racismo, una falta que el reglamento considera muy grave, y que el Ayuntamiento impuso después de que pudiera comprobar que a pesar de que había una persona interesada en alquilar el piso, la propiedad le negó el alquiler por su origen. Anteriormente, sin embargo, consta un caso similar en el que el consistorio ha intervenido ante un anuncio de un piso que se ofrecía solo a españoles.

Los hechos pasaron a principios de 2020 cuando Redouane Mehdi manifestó su interés en alquilar un piso. Buscaba una finca que le quedara cerca del trabajo y se interesó por un piso de la Barceloneta. A pesar de entregar los documentos que le pidieron y demostrar su nivel de solvencia, la inmobiliaria no respondió a su petición. "Cada vez que llamaba no me contestaban porque tenían mi número identificado; después de muchos intentos les envié un correo pidiendo que borraran mis datos y les pregunté que si no querían alquilarme el piso por una cuestión de racismo", explica. Finalmente, la inmobiliaria le informó que había elegido a otro inquilino, pero la vivienda continuaba vacío y disponible.

Para comprobarlo, un conocido suyo, que no es de origen marroquí, se interesó por el piso -sin revelar su relación con Mehdi-, y pudo visitarlo y demostrar su nivel de solvencia. En este caso, el propietario sí que se mostró dispuesto a alquilarle la vivienda. Así pues, expone el Ayuntamiento, se pudo probar que se trataba de un caso de discriminación directa por racismo. "Él es argentino, pero en cuanto a los requisitos tenía lo mismo que yo", asegura la víctima, "la diferencia es que era un hombre blanco con apellido europeo". Mehdi lamenta los obstáculos a los que tiene que hacer frente para firmar un contrato de alquiler: "Cuando llamo a una inmobiliaria lo primero que me preguntan es de dónde soy". 

De hecho, según un estudio hecho por el Ayuntamiento de Barcelona, a la hora de solicitar información sobre ofertas de pisos de alquiler, las peticiones hechas por personas con nombres árabes reciben menos respuestas que las que tienen nombres autóctonos. Mientras que 2 de cada 10 autóctonos solicitantes obtiene cita para visitar el piso, solo consiguen cita 1 de cada 10 cuando el nombre del solicitante es árabe.

Mehdi trasladó su caso a la Oficina para la no Discriminación (OND) del Ayuntamiento, que analizó los hechos con el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), que fue el encargado de iniciar el procedimiento administrativo para abrir el expediente sancionador. Según explica el consistorio, durante la tramitación de la sanción la propiedad -formada por tres personas físicas- y la inmobiliaria han podido presentar alegaciones y pruebas, pero han sido desestimadas.

Infradenuncia y falta de pruebas

Desde punto de vista de la víctima, no es fácil demostrar que se ha vivido una situación de discriminación en el acceso a la vivienda. "A la hora de denunciar a menudo no es suficiente con el testigo de la persona, sino que se necesitan otras pruebas", señala el regidor de Derechos Sociales, Marc Serra. Esto comporta denunciar menos casos de los que realmente tienen lugar en la ciudad, lo cual lleva a las víctimas a normalizar la discriminación y resignarse. Serra remarca que es importante "documentar" estas situaciones -por ejemplo utilizando mensajes en vez de llamadas- para así tener pruebas que les ayuden a denunciar.

En el primer semestre de 2021, la Oficina para la no Discriminación ha abierto 13 expedientes por situaciones en las que se ha vulnerado el derecho a la vivienda. En el mismo periodo del año pasado se abrieron 9 expedientes, y en 2019 fueron 5. Además, desde la OND han trasladado seis casos al IMHAB que podrían derivar en una infracción. Serra insiste que hace falta que el caso sirva como "mensaje de prevención" para propietarios y empresas del sector: "Esperamos que este caso llegue a la ciudadanía y que los diferentes operadores inmobiliarios eviten cualquier situación de racismo o de discriminación en el acceso a la vivienda".