Archivada la investigación contra Colau por subvenciones a entidades afines a los 'comuns'
El juez no ve ninguna infracción penal después de siete meses de investigación
BarcelonaEl juez de instrucción 21 de Barcelona ha acordado archivar la causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de considerar que los hechos investigados, unas subvenciones a entidades sociales, "no constituyen infracción penal", después de siete meses de investigación.
La querella que el juzgado de instrucción 21 ha investigado durante los últimos siete meses es casi calcada a la denuncia que el colectivo Abogados Catalanes por la Constitución llevó a la Fiscalía en marzo de 2021. El abogado que los representaba es el mismo que ahora ha impulsado la nueva querella judicial. El ministerio público archivó el caso porque no veía indicios de delito. De hecho, durante la tramitación de la causa judicial se ha opuesto a todas las diligencias que han pedido los querellantes y se mostró partidario del archivo pedido por el Ayuntamiento. También ha advertido del riesgo de crear una “causa general” contra la alcaldesa después de que los querellantes pidieran fiscalizar todas las subvenciones concedidas por el gobierno de los comuns.
A pesar de todo, Colau declaró como investigada el pasado 4 de marzo. La alcaldesa defendió la legalidad de las subvenciones ante el juez y explicó que no intervenía directamente en las subvenciones. Más tarde, la interventora municipal -que declaró como testigo- avaló las adjudicaciones.
Catorce investigaciones en cuatro años
Desde 2018 el equipo de gobierno de Ada Colau ha recibido 14 denuncias y querellas. La mayoría se han archivado, pero todavía quedan cuatro procedimientos abiertos, además de la investigación por las subvenciones: la querella contra Janet Sanz por la oposición a la construcción de un hotel de lujo en la Casa Buenos Aires, la querella del fondo Vauras, que acusa a Colau y a los regidores Marc Serra y Lucía Martin de coacciones por la gestión del Bloc Llavors, la denuncia a la Fiscalía por la Superilla del Eixample y la última, una denuncia de un grupo de vecinos al regidor Eloi Badia por la cesión a un colectivo de jóvenes de la antigua comisaría de la Policía Nacional en la plaza Lesseps.
El regidor de Derechos de la Ciudadanía, Marc Serra, siempre ha defendido que determinados lobbies económicos y empresariales están haciendo “un abuso del ámbito penal” para llevar a los tribunales su oposición política a la gestión de los comuns en el Ayuntamiento.