Colau defiende la legalidad de las subvenciones en el juzgado

BarcelonaUn mes y medio después de que un juzgado admitiera a trámite una querella contra la alcaldesa de Barcelona por las subvenciones a diferentes entidades, Ada Colau declarará este viernes ante el juez del caso como investigada por prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La asociación querellante acusa a Colau de haber destinado arbitrariamente dinero del Ayuntamiento a entidades de la órbita de los comuns y de la misma alcaldesa, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la cual Colau fue fundadora y portavoz.

Tras comparecer en el juzgado, Colau hizo una declaración desde la galería gótica del Ajuntament en la que acusó a la empresa Agbar y a ciertos sectores inmobiliarios de estar detrás de las denuncias y querellas contra ella y su gobierno municipal para intimidar y evitar que "planten cara" a algunos agentes económicos. En una dura comparecencia, Colau aseguró que no retrocederían: "No conseguirán asustarnos ni intimidarnos; al contrario, aún nos reafirman más que nunca en lo que hemos venido a hacer".

Tanto la alcaldesa como su equipo jurídico han recriminado a la asociación querellante que haya actuado con "mala fe", porque están representados por el propio abogado que firmaba la primera denuncia contra la alcaldesa por las subvenciones que en su día ya archivó la Fiscalía Anticorrupción. "Es una muestra más del abuso del sistema judicial por parte de determinados lobis", asegura el concejal de Derechos de la Ciudadanía, Marc Serra.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado que la nueva querella es casi idéntica a la anterior que el ministerio público ya desestimó. En ese momento el fiscal solo detectó una infracción muy leve en el ámbito administrativo debido a que Colau no se hubiera abstenido en la votación para la concesión de las diferentes subvenciones. La defensa de Colau niega cualquier tipo de irregularidad, también en el ámbito administrativo. Según Solà, si las adjudicaciones se hubiesen recurrido por la vía contenciosa, "no se habrían anulado" porque están tramitadas tal y como marca la ley, asegura.

También en tiempos de Trias

Fuentes judiciales explican que Colau también ha defendido la legalidad de las subvenciones frente al juez del caso. Durante el interrogatorio, que no ha durado ni una hora y cuyo peso lo ha llevado el fiscal –el juez no ha preguntado y Colau se ha negado a contestar a la acusación popular–, la alcaldesa ha recordado que la mayoría de las ayudas, como las concedidas en el Observatori DESC, ya se concedían desde 2014, cuando el alcalde era Xavier Trias. Admitió que el interventor les recomendó corregir algunos aspectos del procedimiento, pero no porque se estuviera cometiendo ninguna irregularidad, sino para mejorarlo, aseguran las mismas fuentes.

La intervención recomendó al equipo de gobierno de los comunes que en vez de adjudicar las ayudas por la vía directa, justificando su urgencia, las integraran dentro del presupuesto. La idea, habría explicado Colau según las fuentes consultadas, era hacer esto en el presupuesto de 2018, pero las cuentas tuvieron que prorrogarse ese año y el siguiente, y el cambio no se hizo hasta el año 2020.

Según las mismas fuentes, Colau también habría explicado que el secretario general no vio ninguna ilegalidad en que la alcaldesa no se abstuviera en las votaciones y aclaró que, como tal, no intervino en la decisión sobre a quien asignar las ayudas, porque la propuesta depende de las diferentes áreas del consistorio que después la elevan a la comisión de gobierno para votarla. De hecho, a Colau se le ha preguntado explícitamente si ella influyó de algún modo en la decisión de adjudicar las ayudas a la PAH o al Observatori DESC y no a otras entidades, algo que ella habría negado, según las mismas fuentes.

La defensa de Colau ha aportado en el juzgado ocho informes sobre el funcionamiento de las subvenciones y su adjudicación, y recuerda que, según el procedimiento vigente, como alcaldesa, Colau tampoco firmaba las adjudicaciones.