Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, a juicio: el centro de emergencias sociales denuncia cesión ilegal de trabajadores

Una cincuentena de trabajadores reclaman que se les incorpore a la nómina de empleados del consistorio

BarcelonaSi no hay un imprevisto de última hora, el Ayuntamiento de Barcelona tiene una cita este miércoles en los juzgados. El motivo: el primer juicio por las diversas demandas que han interpuesto contra el consistorio aproximadamente la mitad de los trabajadores del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) –psicólogos y trabajadores sociales, principalmente– por lo que consideran una cesión ilegal de trabajadores. Los denunciantes cuestionan que puedan ser considerados trabajadores de la empresa Progress –la compañía que actualmente presta el servicio y contra la que se dirigen también las demandas– mientras que la mayor parte de su día a día viene definida directamente por el Ayuntamiento. Por eso, reclaman que se les incorpore a la plantilla de trabajadores municipales con todos sus derechos y obligaciones.

Los argumentos de los profesionales por considerarse plantilla del Ayuntamiento son diversos. De entrada, trabajan con personal del Ayuntamiento en un edificio de titularidad municipal y es el Ayuntamiento quien, entre otras cuestiones, determina los perfiles de los trabajadores del centro, configura sus horarios y gestiona y repara sus programas informáticos. Además, el emblema del Ayuntamiento aparece también en el uniforme de los trabajadores del CUESB y en los vehículos logotipados que utilizan. Pero más allá de eso, son a menudo el primer contacto que una persona que sufre una emergencia en Barcelona tiene con el consistorio.

Cargando
No hay anuncios

Activos las 24 horas del día, a menudo son ellos los encargados de parar la primera vez con personas que sufren cualquier tipo de emergencia en la ciudad. Un abanico muy amplio y que va, por ejemplo, desde atender a víctimas de desahucios que no tienen dónde pasar las primeras noches fuera de casa, a dar una primera respuesta a inmigrantes que llegan sin papeles ni a dónde ir, oa ofrecer un alojamiento puntual a personas sin techo en oleadas de frío o calor. Por poner sólo tres ejemplos recientes: hasta las puertas del CUESB han acudido en los últimos años víctimas del atentado de la Rambla, refugiados ucranianos huyendo de la guerra y muchos de los desalojados en las últimas semanas de los bloques de Badalona y Esplugues de Llobregat. Este último caso pone de manifiesto otra de las singularidades del CUESB, que no sólo trabaja para Barcelona sino que también absorbe emergencias de 24 municipios del área metropolitana que están adheridos al convenio entre el Ayuntamiento y el AMB.

Un trabajo exigente que, según denuncian fuentes de los trabajadores, casa mal con la precariedad derivada de una externalización. Y la queja va más allá de la diferencia salarial. "La falta de estabilidad fomenta una alta rotación del personal que perjudica al servicio", explica al ARA uno de los profesionales del CUESB. "Una persona que acaba de llegar tarda unos meses en adquirir la experiencia y el alto nivel de conocimiento del sector que requiere, primero, poder atender a los usuarios y después dirigirlos a la puerta correcta de la administración que deben picar", argumenta. "Tampoco ayuda la incertidumbre sobre qué ocurrirá con el contrato y si un nuevo concurso puede derivar en una rebaja de costes que repercuta en los trabajadores", añade el abogado de los demandantes, Vidal Aragonés, que forma parte del Col·lectiu Ronda. Todo ello, apuntan, deriva en que cada vez hay más bajas entre los trabajadores.

Cargando
No hay anuncios

Desde el Ayuntamiento rechazan valorar procesos judiciales en marcha, pero fuentes municipales subrayan que pese a que se han podido vivir "situaciones tensionadas" en el CUESB en los últimos años "el servicio no ha quedado en ningún momento saturado". Añaden, además, que en los últimos meses se ha reforzado y estabilizado un equipo en el Centro de Estancias Breves con el propósito de reducir la carga al equipo de turno que realiza las atenciones en emergencias y entrevistas de urgencias. Por eso, apuntan, se han contratado a 10 profesionales (dos trabajadores sociales, seis técnicos cualificados, una persona para el servicio de cocina y una persona de seguridad). Las mismas fuentes subrayan también que el nuevo pliego de contratación contempla un incremento de 2.302.758 € anuales respecto al anterior contrato y que se reforzará con dos cabezas de turno la franja de tarde.

Externalizado desde 2008

La de este miércoles será la primera vista que se celebre sobre este caso después de que en enero se aplazara el primer juicio a realizar. En concreto, hay cinco demandas distintas que agrupan a una decena de trabajadores cada una. La primera denuncia se presentó en julio del 2022, ya partir de ahí progresivamente se presentaron otras a medida que grupos de trabajadores se animaban a denunciar. Fuentes de los trabajadores explican al ARA que lo que quisieran es no tener que llegar a la sentencia y conseguir un acuerdo con el Ayuntamiento, aunque su letrado lo ve difícil. "Hace años que se reúnen con el Ayuntamiento y con representantes de todos los grupos y nunca han recibido respuesta", subraya, y da por hecho que el caso no se resolverá hasta que haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que decida si tiene razón el Ayuntamiento o si, por el contrario, tienen a los trabajadores y el consistorio se ve obligado a incorporarlos a su plantilla.

Cargando
No hay anuncios

Entre los argumentos de los trabajadores del CUESB hay también razones históricas. Antes sus trabajadores sí formaban parte del Ayuntamiento. La semilla de la actual CUESB se remonta al año 1975, cuando, aún durante la dictadura de Franco, la Guardia Urbana de Barcelona comienza a gestionar una atención primaria de urgencias sociales. En 1990 se modifica la normativa para dar a una organización social el servicio, pero la gestión sigue siendo pública. No es hasta el año 2000 que se externaliza una parte del servicio –la de urgencias–, lo que abre la puerta a una externalización completa en el 2008. Ahora, dieciséis años más tarde, se celebra el primer juicio por decidir si es necesario revertirla.