Barcelona-Madrid: dos recetas opuestas ante la crisis de la vivienda

BarcelonaLa clásica confrontación entre las ciudades de Barcelona y Madrid ha vivido este miércoles un nuevo capítulo en el Senado en el tema de la vivienda. Los alcaldes de ambas capitales, Jaume Collboni y José Luis Martínez-Almeida, han comparecido ante la cámara alta española para explicar las recetas que cada uno está aplicando para hacer frente a la crisis residencial de sus ciudades. No ha sido un cara a cara como tal –han intervenido por separado–, pero sirvió para constatar que hoy en día los modelos de Barcelona y Madrid en este campo son diametralmente opuestos.

Muy pronto se ha hecho evidente la principal diferencia de criterio entre los dos alcaldes. Mientras Collboni lleva tiempo presumiendo de estar "cambiando las reglas del juego" y de haber hecho de Barcelona punta de lanza de la regulación del alquiler, Almeida ha comenzado su intervención criticando que se regule el mercado. El dirigente popular ha dicho que la ley estatal de vivienda y medidas como el tope del alquiler suponen un "estrangulamiento" y un "intervencionismo excesivo" y consolidan una desproporción entre las obligaciones del "arrendador y del arrendatario".

Según Almeida, la receta debería ser completamente diferente y debería basarse en ampliar la oferta construyendo vivienda. Por eso ha defendido "facilitar la vida a los promotores inmobiliarios desde el punto de vista fiscal y regulatorio" incentivando la "construcción rápida". En este sentido, ha presumido que Madrid es la ciudad de Europa con más suelo preparado para construir y ha asegurado que el Ayuntamiento tiene en estos momentos capacidad para dar 60.000 licencias para construir pisos.

Más allá de la actividad privada, el alcalde de Madrid ha sacado pecho también de la apuesta pública que ha dicho que hace la capital española. Así, aseguró que el año pasado Madrid construyó más vivienda pública que Cataluña, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha juntas, llegando a decir que la empresa municipal pública es con 10.000 viviendas la "promotora pública de vivienda más grande de España". Un dato que los grupos le han rebatido recordando que en estos momentos Barcelona tiene más pisos públicos y que, además, si se tiene en cuenta a la población de cada ciudad, el peso de la vivienda pública en Madrid es inferior.

Aunque los dos alcaldes han remarcado que no querían "confrontar" las ciudades, sí han tenido tiempo para cuestionar algunas decisiones. Así, Almeida se mostró contrario a aplicar el tope del alquiler en Madrid alegando que "no hay ningún sitio" donde haya bajado el precio del alquiler sin que al mismo tiempo no se haya reducido sustancialmente la oferta de este tipo de vivienda. Collboni, por su parte, defendió que el modelo de Barcelona funciona y recomendó que Madrid también "aplique la ley".

Regular la compra para no residentes

De hecho, durante su intervención en la cámara alta el alcalde de Barcelona ha ido más allá y ha pedido una mayor regulación. Collboni ha subrayado que una parte importante de la compra de vivienda en grandes ciudades la hacen extracomunitarios no residentes en España, que "solo quieren pasar pocos días de vacaciones". "Con esto también deberíamos hacer algo", ha alertado Collboni, quien ha destacado que es un fenómeno que no sólo afecta a Barcelona, ​​sino que también ocurre en ciudades como Alicante, Palma y Málaga.

Aunque admitió que todo el mundo está de acuerdo en que hay que construir vivienda y que hay que favorecer también la oferta privada, Collboni dijo que "mientras tanto se necesitan más medidas para posibilitar el acceso a la vivienda". En este sentido, ha argumentado que gracias a la aplicación de la ley de vivienda se ha detenido el aumento de los precios del alquiler. Explicó que mientras que entre 2014 y 2024 el precio del alquiler en Barcelona subió un 78%, desde la aplicación del tope ha descendido un 4,9%.

Collboni ha reivindicado también otras medidas que está llevando a cabo Barcelona para intervenir en el mercado de vivienda, como la decisión de eliminar todos los pisos turísticos a finales de 2028 y la compra de edificios enteros a través del tanteo y retracto. Ha dicho que estas medidas, junto con la construcción pública, deben permitir que un 15 por ciento del parque de vivienda de la ciudad sea público.