Reducir a la mitad el sinhogarismo: el plan piloto que lleva a debate el síndico de Barcelona

BarcelonaEl pasado mes de marzo las entidades del tercer sector social volvieron a lanzar un grito de alerta para exigir a las administraciones soluciones para las personas sin hogar. Aquel día, denunciaron que ya había hasta una quincena de mesas y grupos de trabajo, pero que había que pasar de las palabras a la acción. Desde entonces, se han movido algunas fichas. Una es la propuesta que impulsa el Síndic de Greuges de Barcelona y que, según confirman diversas fuentes a el ARA, desde hace unas semanas el síndic, David Bondia, ha empezado a compartir con instituciones, grupos municipales y entidades.

En estos encuentros, el síndic ha detallado su propuesta para hacer frente al sinhogarismo. Las fuentes detallan que se trata de un proyecto de plan piloto llamado Plan Cero Calle que, de entrada, debería aplicarse en dos barrios –uno de Barcelona y uno de otra ciudad, que todo apunta que podría ser L'Hospitalet de Llobregat– y que se fija como ambicioso objetivo reducir a la mitad la gente que duerme en la calle en poco más de un año. Para conseguirlo, reclama que administración, entidades y sector privado vayan a una, compartiendo información y objetivos para que la mayoría de las personas que hoy no tienen techo puedan sacar adelante un proyecto propio.

Según se ha explicado en estos encuentros, una de las claves es la existencia de un censo único donde todo el mundo comparte la información y todo el personal actúa como si fuera un único servicio. Esto debería crear una bolsa conjunta de trabajadores de las entidades –actuando como un front office único– para que cada persona sin hogar censada tenga en 48 horas un gestor personal asignado que la acompañe en el proceso y la interlocución con la administración para las ayudas y posibles salidas.

La segunda pata del programa es el rol de la administración, que debe garantizar derechos como el padrón y las prestaciones que deben ayudar a salir de la calle. Finalmente, el plan del síndic cuenta con que el sector privado y civil pongan su grano de arena proveyendo vivienda y oportunidades laborales a estas personas.

Según la hoja de ruta de este plan piloto, el acompañamiento coordinado de las entidades y las instituciones, junto con el objetivo de hacer aflorar y compartir una lista de vivienda protegida disponible en todo el país –sea de privados, de entidades o de diferentes instituciones–, debe permitir acelerar la salida de la gente de la calle. Un ejemplo de caso de éxito que se plantea en estos encuentros sería el de tres personas sin hogar con derecho a cobrar alguna ayuda que, con el asesoramiento adecuado, puedan utilizar para pagar un alquiler social –sea o no en Barcelona– donde comenzar un nuevo proyecto de vida fuera de la calle.

Hasta ahora, en estos encuentros con el síndico han participado entidades como Càritas, Assís, Fundació La Caixa, la Cruz Roja, la Fundació Roure, el Hospital Sagrat Cor o el Sant Joan de Déu. También estaba el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) –que podría ayudar con todo el asesoramiento burocrático a la hora de pedir ayudas–, o Hàbitat3 y Pimec. "Es clave implicar tres sectores –el municipal, el de las entidades y el privado– y hacer que no trabajen de manera paralela, sino conjuntamente, con el objetivo común de erradicar el sinhogarismo en nuestro entorno", explica Bondia a preguntas de el ARA.

Para las entidades que acompañan a personas sin hogar, la propuesta del síndic es una iniciativa ambiciosa que puede representar una oportunidad para abordar el sinhogarismo, pero advierten que su éxito dependerá de disponer de suficientes recursos, una coordinación sólida entre administraciones y entidades y un liderazgo claro para ponerlo en marcha. También subrayan la necesidad de contar con las organizaciones del tercer sector especializadas para aprovechar el conocimiento y la vinculación que tienen con el colectivo. En declaraciones a el ARA, señalan que falta concreción técnica sobre el plan, y por eso quieren tener más detalles antes de valorar el proyecto.

A parecer de las entidades, las dos acciones más urgentes son un incremento destacado del dinero que se destina a combatir el sinhogarismo y aprobar de una vez por todas una ley que dé garantías a las personas que viven en esta situación, que concrete las obligaciones de todas las administraciones y que asegure los recursos necesarios para atenderlas. Una ley que, sin embargo, continúa encallada desde la última legislatura en el Parlament.

Los recelos del gobierno de Collboni

En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, antes de Semana Santa, Bondia presentó su propuesta a los grupos municipales y personalmente al alcalde, Jaume Collboni. En declaraciones a el ARA, la comisionada de Acción Social del consistorio, Sonia Fuertes, afirma que "como propuesta en un tema tan crítico se debe poder analizar y, si es necesario, implementar", pero como las entidades, también reivindica la importancia de contar con la experiencia técnica de los servicios sociales del Ayuntamiento. "Hay cosas que son responsabilidad de la administración. Y es la administración, también, quien debe tomar algunas determinadas decisiones", remarca.

Aunque todavía debe analizar el proyecto al detalle, Fuertes destaca, de entrada, algunas dudas. Pide afinar el modelo de gobernanza porque un proyecto como este –que quiere implicar municipios más allá de Barcelona– no se puede hacer sin tener en cuenta la Generalitat. También cuestiona la propuesta de que –más allá de casos de prioridad absoluta como mujeres víctimas de violencia, personas mayores, o personas con problemas graves de salud– se priorice actuar primero con los que hace más tiempo que están en la calle. Según Fuertes, la experiencia demuestra que la intervención rápida sobre alguien que hace poco que está en la calle tiene más garantías de éxito.

Fuertes subraya que algunas de las cosas que plantea el plan piloto del síndico ya hace tiempo que se hacen desde los servicios sociales del Ayuntamiento, y remarca que "donde ahora hay que ser innovador" es en la vía para conseguir que muchas personas que ahora están en el circuito de emergencia –durmiendo en alguno de los albergues que paga el Ayuntamiento– puedan acceder a una vivienda. "Tenemos un montón de personas preparadas para salir, con ingresos, con ocupación, con ahorros incluso de 7.000 euros, que no encuentran a alguien que les alquile un piso", dice, y apunta al "racismo inmobiliario" como una de las lacras principales de esta situación.

Resolver este "atasco", explica, es lo que debe permitir una "rotación" en los alojamientos de emergencia que ahora no se produce. Es decir, que las personas que están en hostales puedan acceder a una vivienda que les permita seguir adelante y, al mismo tiempo, liberar plazas en estos alojamientos de emergencia para que otras personas en situación de sinhogarismo puedan entrar en la rueda y, sobre todo, salir de ella.