El Bloc Llavors, un símbolo del movimiento en defensa del derecho a la vivienda
El edificio, propiedad de un fondo de inversión, fue ocupado en 2017 por familias vulnerables
BarcelonaLa defensa del derecho a la vivienda y particularmente del Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec de Barcelona, se ha erigido este martes como el primer quebradero de cabeza del nuevo president del Govern, Pere Aragonès. Después de que la policía haya echado de casa a los tres chicos que vivían en uno de los pisos del bloque, en la calle Lleida, 38, un centenar de activistas han ocupado la sede de ERC al grito de "Si este Govern desahucia, este Govern caerá". El Bloc Llavors es un símbolo del movimiento en defensa del derecho a la vivienda, que todavía mantiene dos pisos ocupados, y que ve el paradigma de la especulación: el fondo de inversión finlandés Vauras Investment adquirió todo el edificio en 2016 para rehabilitar los pisos, que se habían construido como viviendas de protección oficial, y poderlos vender a precios más altos. El edificio fue ocupado en verano de 2017 por seis familias vulnerables y dos más se instalaron a principios de 2019.
Las familias pudieron celebrar durante un mes que la magistrada que llevaba el caso, María José Hernández González, era la primera que se acogía al nuevo decreto de vivienda del Govern para parar el desahucio del edificio. Pero la euforia duró poco: el propio juzgado se echo para atrás al considerar que el decreto era una norma administrativa sin efectos judiciales y dictó una nueva orden de desahucio. El 3 de marzo de 2020, poco antes de que el covid lo parara todo, la policía ejecutó el desahucio de las seis familias que vivían en el edificio desde la primera ocupación, y que tenían un informe de exclusión residencial, como remarcó el Ayuntamiento de Barcelona, que abrió un proceso sancionador contra la propiedad. Según el concejal de Derechos de Ciudadanía del consistorio, Marc Serra, el fondo respondió a la sanción con una querella contra la alcaldesa, Ada Colau; la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y contra él acusándolos de ocho delitos que el juzgado archivó.
Hoy se ha vivido la segunda ofensiva contra este bloque, en el que la policía ha desalojado a Axel, Arkaitz y Manel, tres jóvenes de entre 28 y 30 años que forman parte del Sindicat de Barri del Poble-sec y del Raval. Los tres están sin ingresos porque la crisis del covid los ha dejado sin posibilidades de seguir trabajando en la hostelería y disponen de un certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales que no ha sido tenido en cuenta a la hora de parar el desahucio. Según el juez, el ocupante que alegaba vulnerabilidad, que tiene 28 años, "no sufre problemáticas de salud destacables” y “tiene apoyo familiar". Además, considera que “pueden ofrecerle una vivienda para residir” y apunta, también, que el mismo chico ocupa otro piso del mismo bloque que “podría darle alojamiento”.
"Nos hemos encontrado en la calle"
"Han pasado de tenernos que ofrecer un alquiler social a echarnos de casa, nos hemos encontrado en la calle", lamenta Axel, uno de los tres desalojados, en referencia a la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el decreto de vivienda de la Generalitat que ampliaba la protección a familias vulnerables y las obligaciones de bancos y fondos. Entre otras cosas, estipulaba que los grandes tenedores tendrían que ofrecer alquiler social a las familias que llegaran a finales de su contrato, así como a los ocupas que fueran a ser desahuciados. A mediados de mes el bloque vivió una primera tentativa de desalojo que quedó sin efecto porque el juzgado recogió el alegato de los Mossos argumentando que no disponían de suficientes efectivos. Entonces se fijó el 25 de mayo como nueva fecha y hoy el desalojo ha salido adelante.
Los colectivos en defensa del derecho a la vivienda lamentan que, desde el primer desalojo, la propiedad ha instalado a miembros de Desokupa a vivir en algunos de los bloques del edificio para presionar a las personas que todavía viven ahí para que se marchen. En el bloque quedan ahora dos pisos más ocupados por activistas, y se mantiene como símbolo para los movimientos en defensa del derecho a la vivienda.
