"Están avergonzados y arrepentidos, no sabían lo que su comportamiento podía provocar"

Valencia"Están avergonzados y arrepentidos, no sabían que su comportamiento podía provocar la interrupción de las clases presenciales en toda la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)". Así resume Jaime Sosa, un alumno de primer curso de derecho y ciencias políticas, los sentimientos de los residentes del colegio mayor Galileo Galilei de Valencia que asistieron a la fiesta que ha originado el mayor brote de coronavirus registrado en el País Valenciano hasta ahora con 168 positivos: 61 son estudiantes de la UPV, mientras que 107 pertenecen en otros centros universitarios.

"No están orgullosos ni mucho menos, y me pongo en su lugar, y tiene que ser duro. Por ejemplo, los que aparecen en el vídeo tienen que soportar que su imagen se emite en todas las televisiones, que todos sus familiares ven lo que hicieron, que ese vídeo quedará guardado por siempre jamás. No debe ser fácil de llevar", insiste este joven, alumno de la vecina Universidad de Valencia, que también reside en el colegio mayor, y que ha dado negativo en la prueba PCR.

En el tercer día de confinamiento, el estudiante de derecho y ciencias políticas explica al ARA mediante una conversación telefónica que, incluso él, que el día de la fiesta estaba en Benidorm (Marina Baixa), su localidad de residencia, está "avergonzado". Subraya que entiende "el enfado del resto de alumnos [25.000] de la UPV que han visto suspendidas las clases después de todo lo que ha costado recuperarlas". También han optado por la vía telemática un grupo de farmacia de la Universidad de Valencia después de detectar tres casos positivos, y los grados de farmacia y medicina de la Universidad CEU San Pablo por contagios relacionados con la residencia ubicada en el campus de Vera de la UPV.

Jaime Sosa, que estos días sigue las clases de manera virtual desde la habitación que comparte con otro estudiante, reconoce que la reclusión es "muy monótona". También explica que los asistentes a la fiesta evitan hablar con los medios de comunicación porque "tienen miedo de que sus palabras sean mal interpretadas" y les perjudiquen en las investigaciones iniciadas por la policía y la misma residencia.

En concreto, la policía pretende identificar a los participantes en la fiesta que no respetaron la distancia de seguridad ni llevaron mascarilla. Con este objetivo, está revisando los vídeos y las fotos de la celebración publicados en las redes sociales, además de solicitar las imágenes que puedan poseer los asistentes en sus teléfonos móviles y que no se han difundido. Además, las fuerzas de seguridad también intentan averiguar si hubo un organizador, circunstancia que Sosa, después de conversar con los asistentes, afirma que cree que "no existió". Finalmente, la policía estudia la actuación de la empresa propietaria de la residencia. Se trata de una compleja estructura societaria que, según ha publicado eldiario.es, incluye tres empresas españolas que a la vez pertenecen a la compañía inmobiliaria Stoneshield Southern Real Estate Holding SARL, domiciliada en Luxemburgo y vinculada a una filial del banco de inversiones Crédit Suisse.

A pesar de reconocer el error de sus compañeros, este joven de 18 años defiende que no se siente con "capacidad para poder juzgarlos" y señala que "algunos lo están pasando muy mal". "Yo tampoco sé qué habría hecho si me hubieran invitado a subir a la azotea. Supongo que al ver que las medidas de seguridad no eran las adecuadas me habría ido, pero para poder afirmarlo con rotundidad, habría tenido que estar allí", reconoce.

El estudiante de derecho y ciencias políticas también denuncia la criminalización que están sufriendo sus compañeros y afirma que "en las redes sociales se están publicando vídeos que no corresponden a la fiesta y que son otros años". "En esta ocasión, los medios de comunicación creo que están haciendo un tratamiento que se adecúa a la importancia de los hechos", completa el análisis.

Carteles contra Pablo Iglesias y Pedro Sánchez

Finalmente, y antes de asistir a una nueva clase virtual, Jaime Sosa rechaza que se vincule la actuación de los estudiantes al hecho de que la residencia Galileo Galilei sea una de las más caras de la ciudad, con precios que van de los 635 euros por una habitación triple a los 1.295 por una individual con terraza. El joven de Benidorm defiende que "no es una cuestión de clase social": "Es, tan solo, la decisión individual de alguien a quien invitan a subir a una fiesta". Mucho menos comprensivo se muestra cuando tiene que valorar los carteles aparecidos en el balcón de una de las habitaciones del colegio mayor. Se podía leer "coletas rata", en referencia al vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, y "gobierno dimisión", en alusión a la gestión del ejecutivo del PSOE y Podemos. "Parece que algunos compañeros lo que quieren es provocar y negar su responsabilidad en lo que ha pasado. Los carteles son una vergüenza", concluye.