La gente mayor y las personas discapacitadas que viven en residencias podrán salir al exterior de los centros para pasear o hacer noche en las visitas a la casa familiar a partir de este sábado. El permiso supone un alivio de las restricciones impuestas hace un mes por el departamento de Salud, duramente criticadas por los familiares, que han insistido en pedir que se relajaran las medidas, sobre todo una vez la mayoría de los residentes ya hayan recibido la segunda dosis de la vacuna contra el covid.
El cambio se permitirá sólo a las residencia que estén calificadas como verdes, es decir, que no tienen ningún caso activo de coronavirus, o de naranjas, cuando el brote está controlado, pero no a las que tienen casos sin control (rojas). La consellera de salud, Alba Vergés, ha justificado esta "flexibilización" por la mejora de los indicadores epidemiológicos en las últimas semanas y sobre todo dentro de las residencias, donde el 75% de los usuarios y el 60% del personal ya están inmunizados con la segunda dosis de la vacuna.
A partir de ahora, las visitas que reciban los residentes no tendrán que someterse a ninguna prueba rápida de cribaje y, siempre en referencia a centros verdes y naranjas, los usuarios podrán continuar recibiendo la visita de un amigo o familiar una vez por semana, siempre con las medidas de seguridad y distancia contra el coronavirus. En cuanto a las salidas, los residentes tienen permiso para dar un paseo de unas horas pero también para dormir en el domicilio familiar, y cuando vuelvan a la residencia tampoco hará falta que se hagan un test de antígenos, salvo que presenten algún síntoma compatible con el covid. Eso sí, no podrán reintegrarse con su grupo de convivencia hasta que no se hayan desinfectado los zapatos o la silla de ruedas, lavado las manos y cambiado la ropa.
Del mismo modo, Salud recomienda que los trabajadores de las residencias pasen cada quince días pruebes de automuestra nasal, en coordinación con los servicios de atención primaria, si el riesgo de rebrote comarcal o municipal (en municipios de más de 30.000 habitantes) es superior a 300 o mensual si es inferior a 300.
Para las familias, el protocolo es un "avance" pero el relajamiento se queda corto de sus expectativas, señala María José Carcelén, de la Coordinadora 5+1, que apuesta por que se permita a las visitas el contacto físico con el residente con protección total -guantes, mascarilla y bata-, sobre todo con los que sufren de alguna demencia o deterioro cognitivo. Además, desde la entidad se reclama que Salud ponga en funcionamiento "un canal de respuesta rápida" para poder denunciar las residencias que incumplen los protocolos y blindan la entrada de visitas.
Por su parte, ACRA, la gran patronal del sector, califica el relajamiento de medidas como un paso importante que aporta cierta "esperanza" pero, su presidenta, Cinta Pascual, advierte que los test rápidos de antígenos aportaban "tranquilidad" a la dirección pero confía que el alta cobertura de la vacuna en las residencias sea suficiente para dejar el coronavirus en la puerta. "En las residencias ahora estamos mejor que en la comunidad", afirma.
Los sueldos de los trabajadores de residencias públicas subirán un 12% en dos años
Las grandes patronales y los sindicatos han pactado el primer convenio catalán sobre la atención a mayores, que supondrá un aumento de hasta un 12% hasta 2023 en los centros públicos y concertados con al menos un 60% de plazas públicas, siempre que la Generalitat suba las tarifas un 10%. Se trata de un "paso de gigante" y un "acuerdo histórico", dicen en un comunicado conjunto los firmantes. Estos son la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) y Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), por un lado, y los sindicatos CCOO y UGT por otro.
ACAD y otras pequeñas patronales del sector (PIMEC, UPIMIR, ACES y la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya) se han desmarcado del sector, ya que según ellas deja fuera al 70% de los trabajadores de las residencias, que trabajan en centros de titularidad privada o concertados con menos del 60% de ofertas a precio público.
