Derechos Sociales se da un año más para salvar a miles de plazas de residencias

BarcelonaLa modernización de las residencias geriátricas, para personas con discapacidad y de salud mental tendrá que esperar. La Generalitat da a los centros un año más para demostrar que sus instalaciones y servicios cumplen los estándares necesarios para poder ofrecer plazas a los beneficiarios de la ley de dependencia. En principio, este proceso de acreditación debía finalizar el mes que viene, pero el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha pospuesto el plazo hasta octubre de 2026 para facilitar la subsanación de las deficiencias que actualmente les impiden obtener la aprobación y evitar su cierre.

¿Cuántas plazas se verán afectadas? El departamento que dirige Mònica Martínez-Bravo asegura que el impacto será mínimo y, por lo tanto, afirma que la lista de espera, que ronda las 18.000 personas y una media de tres años para una residencia de la tercera edad, tampoco empeorará. El departamento insiste en que habrá un «proceso de transformación», ya que la eventual pérdida de plazas se compensará con las 6.000 nuevas plazas prometidas. Sin embargo, no hay garantía de que el lugar esté en el mismo barrio o ciudad donde vive el beneficiario del servicio. Existe una amplia gama dentro del sector: entre 3.000 y 12.000 plazas podrían correr peligro por la imposibilidad de poder ajustarse a los nuevos criterios, entre una oferta de más de 62.000

Derechos Sociales confía en que esta prórroga de un año –que aprueba este martes el consejo de gobierno en la primera reunión después del verano– sirva para que los centros que quieren continuar en el sistema público puedan completar el. Por el momento al departamento le han llegado 1.250 solicitudes de acreditaciones y se han resuelto 500, entre positivas y negativas. Sin embargo, al ser un proceso abierto, la propiedad del centro puede solucionar las deficiencias y volver a pedir su aprobación. Sólo 61 expedientes se han considerado que no son acreditables, y no se ha concretado el número de plazas que se han suspendido, pero la conselleria insiste en que ninguna de las familias que hoy se benefician debe sufrir. La plaza continuará en el sistema público hasta la muerte de la persona usuaria, ya partir de ahí el departamento dejará de pagarla.

Habitaciones triples

La gran mayoría de negativas para aprobar la acreditación se debe a la estructura del edificio o vivienda donde se ubican las residencias por la imposibilidad de realizar obras para adecuar los espacios a los criterios establecidos. En este apartado, los centros deben ofrecer habitaciones de más de 8 metros cuadrados, acabar con las de más de dos camas (unas 1.600 plazas se encuentran en habitaciones triples) y tener capacidad para ampliar los pasillos o ganar espacios comunes, así como disponer de accesos adaptados.

Barrios densamente poblados o con viviendas antiguas son los que concentran las residencias a las que les costará más ajustarse a la normativa. Por ejemplo elEnsanche barcelonés, que además se ve perjudicado por la presión de los pisos turísticos, y otras ciudades con un parque de vivienda envejecida.

Pero por ahora, según la conselleria, se confía en que no haya grandes pérdidas de plazas, en parte gracias a la línea de créditos bonificados de 50 millones de euros que acaba de abrir el Institut Català de Finances para ayudar a las residencias a actualizar instalaciones y adaptarse a los nuevos criterios.

Mínimos criterios estructurales

El proceso de acreditación responde a un decreto de 2020 en el que se exigía que los centros que quisieran trabajar con el sistema público debían cumplir unos mínimos criterios estructurales, técnicos y legales para poder seguir siendo un proveedor de la Generalitat. El pasado verano Derechos Sociales dio unas pocas semanas para presentar la documentación, un plazo que las patronales criticaron por considerarlo demasiado corto.

Para el presidente de la asociación de directores ASCAD, Andrés Rueda, la prórroga es una "chutada adelante" de la Generalitat por no tener que prescindir de miles de plazas públicas, y sostiene que el 80% de las residencias están en edificios construidos antes del 2015, la fecha en la que se va . Se queja de que se están aplicando criterios "subjetivos" y que se deniegan acreditaciones si "se envían documentos sin un logo o no se especifica el nombre comercial de la lejía" que se utiliza.

En cambio, desde la patronal Upimir, que reúne pequeñas y medianas residencias, se valora las "facilidades" que la Generalitat pone en los centros. El presidente de la entidad, Ignasi Freixa, afirma que el proceso debería haberse hecho con el "consenso y no el decreto", pero también indica que todo el mundo estaba avisado de cuáles son las condiciones para continuar en el sistema público. En la línea, la presidenta de la patronal de grandes residencias ACRA, Cinta Pascual, afirma que desde el 2015 ha habido "suficiente tiempo" para adaptarse y que quien no lo ha hecho es porque quizás "no le compensa" el concierto público.

Para tranquilizar al sector, el departamento ha informado de que los centros que no pasen el examen por ser una residencia podrán transformarse en otros servicios con menos exigencias, como pisos para menores tutelados o de acogida para mujeres víctimas de la violencia machista.