Una cincuentena de geriátricos del Eixample están en peligro de cierre por la especulación

BarcelonaAl geriátrico Tàber de Barcelona le quedan dos semanas antes de cerrar puertas y que los 23 residentes con plaza pública se distribuyan por los centros que el departamento de Derechos Sociales e Inclusión les ha tenido que buscar a toda prisa. Un fondo buitre ha comprado la finca, en pleno Eixample, para construir viviendas de lujo, en una operación que se repite en muchos edificios del distrito. La dirección de la residencia notificó el pasado 6 de febrero a los familiares que por causas de fuerza mayor no continuaría con la actividad, aunque semanas antes ya lo había comunicado a la conselleria para que tuviera tiempo de poder realizar el realojamiento de estas personas muy vulnerables.

La noticia ha indignado a los familiares por las formas que se han utilizado y porque un mes antes la dirección de la residencia había aceptado a dos nuevos residentes, sin informar de que había una orden inminente de cierre. Desde Derechos Sociales se asegura que ahora mismo todos los residentes que ocupan una plaza pública ya tienen otra reservada en un centro de la ciudad de Barcelona, ​​pero en cuanto a los dos que tienen una privada, tendrán que ser los familiares los que se hagan cargo de buscarles un nuevo servicio geriátrico.

Más allá de este trasiego humano para los residentes y las familias, el cierre de una residencia no hace más que empeorar la falta de oferta de plazas para una población cada vez más envejecida que necesita una atención permanente y que no puede seguir viviendo en su domicilio. Desde Upimir, la patronal catalana de pequeñas y medianas residencias, advierten que el de la Tàber no es un caso único ni aislado en Barcelona, ​​y calculan que las 1.400 plazas que hay actualmente en el barrio del Eixample corren el mismo riesgo si no se remedia.

El presidente de la entidad, Ignasi Freixa, estima que a medida que vencen los alquileres de una cincuentena de residencias que hay en el interior de fincas empezarán a aflorar más cierres. Son pequeños centros, la mayoría con menos de 35 plazas. "Irán cayendo en cascada porque se acaban muchos contratos este año, 2026, 2027 y hasta 2030", ilustra este empresario del sector, quien afirma que "en algunos casos" las direcciones de las residencias ya están avisadas de que no se les renovará el contrato. "No les ofrecen la posibilidad de negociación de precios porque existe la voluntad de hacer pisos turísticos, que son más negocio que una residencia", apunta.

Aunque Derechos Sociales ha informado de que ya tiene plazas para reubicar a los usuarios afectados por la Tàber, Freixa cuestiona esta facilidad si se suceden los cierres que augura. Las personas en lista de espera para una plaza pública se cuentan por miles (13.000, según los últimos datos del propio departamento), con una espera de casi tres años.

Pero la patronal apunta a otro problema que dificulta la continuidad de muchas residencias. De hecho, es tanta la dificultad que el departamento que dirige Mònica Martínez-Bravo ha concedido una prórroga para que estos centros presenten la acreditación de sus características, que, en principio, debía presentarse antes de octubre.

Rechazar plazas públicas

Con este proceso, que se recoge en el decreto ley 2/23, el Gobierno obliga a las residencias que ofrecen plazas públicas (y también concertadas) a cumplir una serie de requisitos si quieren seguir colaborando con la administración. Patronales y directores del sector alertan de que 12.000 plazas están en peligro y han rechazado los criterios marcados por ser demasiado estrictos e imposibles de convertirse en realidad con los actuales edificios: por ejemplo, se prohíben las habitaciones triples, un 10% deben reservarse para habitaciones individuales, hay ratios de personal, etc.

Para Freixa, estos requisitos son un imposible, y afirma que en las residencias no les sale a cuenta aceptar residentes de plaza pública, porque la inversión para las obras o para aumentar el personal sería demasiado elevada y por la infrafinanciación sostenida de las residencias. Por el contrario, las plazas privadas son un valor seguro porque una vacante se cubre a los pocos días.

El dirigente de la patronal indica que la administración catalana y los ayuntamientos deben esforzarse por "proteger" los edificios y buscar fincas que sólo sean para usos sociales, evitando así la especulación de quien busca un negocio inmobiliario. "En el Eixample hay una tormenta perfecta de los alquileres, y no se sabe lo que quiere hacer Derechos Sociales con los criterios", afirma Freixa.