Las residencias avisan de que 12.000 plazas públicas cuelgan de un hilo

BarcelonaLos nuevos requisitos para tener abierta una residencia geriátrica dejan en la cuerda floja entre 12.000 y 16.000 plazas del sistema público, según el cálculo de Upimir, la patronal de las residencias pequeñas y medianas, y la asociación Ascad, que reúne a gerentes y directores de centros de atención a la dependencia. Se trata de las plazas que no podrán cumplir las nuevas condiciones impuestas en el decreto 69/2020 para el proceso abierto de acreditación de geriátricos colaboradores y concertados con la red de titularidad pública. Los nuevos requisitos afectan a diversos aspectos de la residencia, que pueden ir desde temas arquitectónicos, como el tamaño de una habitación o el ancho de los pasillos, hasta temas organizativos o urbanísticos.

Los centros tienen hasta el 5 de agosto para presentar la documentación y, a partir de ahí, el departamento de Derechos Sociales irá resolviendo cada expediente. En los casos en que no se alcancen los estándares de calidad, la residencia en cuestión no podrá concertar nuevas plazas, pero los residentes actuales sí podrán continuar con las mismas condiciones hasta que se den de baja.

“En la práctica, si no se pasa el corte, bloquearán las listas de espera para que no haya nuevos ingresos”, se queja el presidente de la Upimir, Ignasi Freixa. Esto complicará la gestión de muchos establecimientos pequeños y medios que ya cobran de la administración precio bajo coste por cada plaza concertada, tal y como reconoce un informe elaborado recientemente por el mismo departamento.

Plazas "bloqueadas"

El objetivo del nuevo modelo es que los geriátricos tengan la distribución de una casa –con pocas plazas y espacios comunitarios– pero Freixa señala que las reestructuraciones pueden ser imposibles por las estrictas normativas urbanísticas de los municipios. Las adaptaciones son especialmente difíciles en zonas urbanas como el Eixample barcelonesa, donde augura que tendrán que cerrar la inmensa mayoría de las residencias que están en pisos. La alternativa –sigue reflexionando el presidente de Upimir– es trasladar los centros geriátricos a las afueras de las grandes ciudades.

Fuentes del Govern explican al ARA que, si se detectan errores o falta de documentación durante el proceso de acreditación, la administración hará un requerimiento a los centros y se les pedirá que corrijan el error "con la voluntad de poder acreditarla". Si superado el proceso una entidad no consigue acreditarse porque no cumple los criterios de calidad exigidos para concertar un servicio con la Generalitat, la conselleria dice que no se le retirará el concierto de las plazas que tenga, pero la entidad no podrá concertar nuevas plazas. Es decir, si hay una persona ingresada, no se eliminará su plaza, pero una vez que el usuario ya no esté, aquella plaza no podrá ser ocupada con régimen de financiación pública.

"Desde el departamento todavía no sabemos cuántas plazas se podrían ver afectadas, pero el compromiso y la voluntad es que el proceso nos permita hacer una radiografía de la situación para, conjuntamente con las entidades afectadas, buscar soluciones que permitan mantener las plazas ", aseguran las mismas fuentes gubernamentales, que lo supeditan, sin embargo, "al cumplimiento de la legalidad y de los criterios de calidad que deben cumplirse para concertar servicios con la Generalitat".

Según los últimos datos de Derechos Sociales, hay 12.000 personas pendientes de ocupar una plaza pública. El 40% de las residencias con plazas públicas tienen una lista de espera de entre uno y tres años y el 17% de más de tres años.

Carta a la fiscalía

El diagnóstico de la patronal Upimir lo comparte Ascad. Esta entidad ha enviado una carta exponiendo la situación a la síndica de agravios de Cataluña, la fiscalía, Derechos Sociales y el Imserso para denunciar que, en la documentación para conseguir la acreditación, es necesario incluir una declaración responsable asegurando que se cumplen las condiciones aprobadas en 2015. Dado que la mayoría de geriátricos se construyeron antes, por tanto, se “obliga a mentir”, lo que “puede incurrir en un supuesto delito de falsedad documental”.

También recriminan que el departamento de Carles Campuzano haya obviado sus requerimientos y que de todas las normativas para modernizar las residencias, como la del modelo impulsado por la exministra Ione Belarra en 2022 –que ofrece un período de adaptación hasta el 2030– se haya optado por la vía “tortuosa, lesiva y excluyente” que “dinamita” a los geriátricos. De hecho, tanto la patronal como Ascad alertan de que todo el proceso acabará teniendo un impacto negativo en la de ya por sí larga lista de espera, ya que con menos plazas de oferta, habrá menos posibilidades de entrar en ella.