Disparidad de restricciones en las comunidades autónomas para afrontar la sexta ola
Sánchez convoca a los presidentes autonómicos este miércoles para evaluar nuevas medidas coordinadas
MADRID / BARCELONAEspaña encara la Navidad con unas cifras de infección inéditas: el martes se notificaron 50.000 casos en un solo día y la incidencia acumulada a siete días está desbordada, por encima de los 400 contagios cada 100.000 habitantes. A las puertas de un festivo con gran movilidad y un aumento de los encuentros en grupo entre personas de diferentes edades, las comunidades autónomas se ven abocadas a mover ficha para frenar lo que, hoy por hoy, es un empeoramiento epidemiológico sin freno. Ahora bien, el alcance de las medidas de contención difiere mucho entre territorios y la presión de algunos gobiernos para consensuar medidas de ámbito estatal ha obligado al gobierno español –que hasta ahora se ceñía a apelar a "la prudencia y la vacunación"– a convocar una conferencia de presidentes para "intensificar las acciones" y evaluar nuevas medidas conjuntas y coordinadas. El motivo: la expansión de la variante ómicron, que pone contra las cuerdas el control de la pandemia por su gran transmisibilidad y capacidad para escaparse "sustancialmente" de la protección de las vacunas.
La sexta ola ya causa estragos en todas las comunidades autónomas y, con el toque de queda y el límite a diez personas en los encuentros sociales, Catalunya es la que quiere instaurar las restricciones más duras por temor a un posible colapso del sistema sanitario. De hecho, el president, Pere Aragonès, llevará el paquete de medidas a la conferencia porque está convencido de que el resto de territorios tienen que reproducirlo. Según el informe diario del ministerio de Sanidad –que es el que se remite a la Unión Europea y, como pasa desde el inicio de la pandemia, difiere del elaborado por el departamento de Salud porque las cifras se obtienen de canales de información diferentes–, la incidencia catalana a siete días no es ni mucho menos la más elevada: registra 331 casos cada 100.000 habitantes y es la cuarta por la cola del Estado. Si se extrapolaran únicamente las cifras que proporciona la Generalitat, los indicadores de Catalunya serían todavía peores, puesto que la incidencia acumulada a siete días es de 505 casos, según Salud, cerca de 200 puntos más.
Pero incluso con este dato otras comunidades tienen unos niveles de transmisión mucho más elevados que Catalunya y ninguna de estas prevé restricciones duras, más allá de recomendar limitar la interacción social. La Rioja (860 casos) solo implementará el pasaporte covid o un test negativo para poder entrar en las residencias, Navarra (753) únicamente aconseja limitar el aforo a un máximo de 10 personas y que solo se reúnan dos unidades familiares en los encuentros de Navidad, y el País Vasco (666) recomienda establecer un grupo estable y reducido durante las celebraciones (máximo de diez personas y dos unidades familiares) y de seis personas para acceder a bares y restaurantes.
La principal diferencia entre estas comunidades y Catalunya es el impacto en el sistema sanitario. Ninguno de estos territorios supera a los 20 enfermos hospitalizados cada 100.000 habitantes, a pesar de que se acercan. En cambio, los datos asistenciales que más preocupan son los catalanes: hay 25 ingresados de covid cada 100.000 habitantes –la media española se sitúa en 16– y ya se atiende a un 26% de los pacientes atendidos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) del Estado. Precisamente salvar el sistema sanitario es el argumento de peso usado por las autoridades catalanas para justificar la recuperación de medidas drásticas. En este sentido, Castilla y León (584) es la única comunidad que estudia restricciones duras similares a las catalanas por el aumento de la presión hospitalaria: quiere recuperar el cierre de las barras de los bares y del ocio nocturno a la 1 una de la madrugada y limitar las reuniones familiares a un máximo de 10 personas.
Madrid descarta endurecer medidas
A las antípodas está la Comunidad de Madrid. A pesar de que es la cuarta comunidad con una incidencia acumulada a siete días más disparada, con 666 contagios cada 100.000 habitantes y la que ha notificado a Sanidad más contagios en la última semana (41.372) –este martes registró el pico de casos diarios más elevado de la pandemia, con más de 11.000 infecciones nuevas–, para su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "no hay que tomar medidas extras". De hecho, es la única comunidad que pedía simplificar los protocolos de Salud Pública a Sanidad y eliminar la cuarentena obligatoria para los contactos estrechos vacunados, a quienes solo recomienda teletrabajar “entre 7 o 10 días dentro de lo posible”. Una demanda que ayer la Comisión de Salud Pública acordó “por mayoría”.
La ocupación hospitalaria en Madrid está por debajo de la media española, con 13,5 enfermos de covid cada 100.000 habitantes, y un 11% de los enfermos críticos de todo el Estado, pero la atención primaria madrileña está completamente saturada, según el Colegio de Médicos de Madrid. En muchos barrios se multiplican las colas en las farmacias para comprar un test de antígenos para poder obtener un diagnóstico ante el colapso del primer nivel asistencial. La polémica, sin embargo, no acaba aquí. Ayuso ha encendido a los médicos de primaria con unas declaraciones a Es Radio en las que aseguraba que "no cogen el teléfono, cuelgan a los pacientes, de golpe no hay médicos…”, y los señalaba como culpables de la situación. De hecho, la presidenta ha anunciado que abrirá una investigación sobre las dificultades para acceder a la atención primaria, pero poniendo el foco en los trabajadores y no en la gestión pública.
Pendientes de la cumbre
Donde sí parece que hay consenso es en la recuperación del uso obligatorio de la mascarilla en la calle, tanto si hay distancia de seguridad como si no. Siete comunidades –Andalucía, Castilla-La Mancha, el País Valenciano, Galicia, Euskadi, Castilla y León y Navarra, así como Catalunya, que no se opone a ello– son partidarias de endurecer la medida, y este es uno de los principales puntos que se abordará en la conferencia de presidentes de este miércoles.
Las conclusiones de la cumbre son esenciales para varias comunidades, que no tomarán ninguna decisión hasta que no acabe el encuentro. Es el caso de Aragón, que a pesar de tener una incidencia acumulada de 579 casos por cada 100.000 habitantes, solo ha apuntado que se quieren desplegar "medidas moderadas". Andalucía (294) también está pendiente de las "recomendaciones" de la conferencia y de momento solo ha desaconsejado las cabalgatas de Reyes. El País Valenciano (370) y Asturias (450) están a la espera de recibir el aval de la justicia para poder extender el pasaporte covid a toda la hostelería, los gimnasios y las residencias, así como a las discotecas, las salas de apuestas y los acontecimientos multitudinarios.
En cuanto a las Baleares (321) y las Canarias (475), sí registran tasas de ocupación hospitalaria elevadas. De hecho, las Baleares tienen la segunda más alta (24%), solo por detrás de Catalunya. En los dos archipiélagos se aplicarán restricciones en función de la situación epidemiológica de cada isla y, si la incidencia es muy elevada, se puede ver limitado el movimiento entre ellas. Además, en las Canarias se ha limitado a diez personas las reuniones familiares la noche del 24 y el día de Navidad y la restauración y el ocio continúan sujetos a la limitación de los aforos en función del nivel de alerta de cada ciudad.
