Los directores, desconcertados ante el 25%: "El departamento no nos dice qué tenemos que hacer"

BarcelonaLos equipos directivos de los centros educativos están inquietos ante la sentencia del 25%: se sienten desprotegidos por si hay familias que denuncian incumplimientos, lamentan estar en medio de una batalla judicial inacabable y reclaman instrucciones claras al departamento de Educación. "El conseller ha salido y ha dicho que no tenemos que cambiar nada, pero a nosotros no nos ha enviado ninguna instrucción sobre qué tenemos que hacer", dice Marc Hortal, director del Instituto Pablo Ruiz Picasso, en Nou Barris. Esto, dice Hortal, les genera "preocupación", porque los docentes son conscientes de que son trabajadores públicos que tienen que cumplir las sentencias y las normativas, pero a la vez no tienen una orden clara del conseller sobre qué deben hacer ahora.

"Necesitamos órdenes claras y valientes de la conselleria y que no se traspase la responsabilidad a las escuelas", añade Alfons Espinosa, director de la Escola Drassanes. "No puede ser que el conseller salga a hacer declaraciones en la televisión, pero los directores no recibamos instrucciones. Si tenemos que desobedecer, que lo diga", afirma. En su claustro, la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) –en que obliga el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a decretar el 25% de castellano en todas las escuelas en un plazo de 15 días– se ha recibido con "escepticismo". "Hay mucha gesticulación y ruido político que nos harta un poco, a los maestros. Nosotros ya sabemos hacer nuestro trabajo", dice.

A pesar del desconcierto por la falta de información, Espinosa dice que no está preocupado por si alguna familia pide el cumplimiento escrupuloso de la sentencia a la Escola Drassanes. "Le diré que yo no tengo ninguna orden porque a mí nadie me ha dicho lo que tengo que hacer", dice. No le falta razón: a pesar de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha puesto a los directores en el punto de mira y les ha enviado un correo con la sentencia para que estén advertidos, la interlocutoria de los jueces no cita a los docentes en ningún momento y atribuye toda la responsabilidad al conseller. Cambray solo ha dicho en declaraciones a los medios que los centros "no tienen que cambiar nada" de sus proyectos lingüísticos, pero no lo ha puesto por escrito en ningún correo, orden o instrucción.

Una sentencia "sense sentido"

Ni Hortal ni Espinosa han pensado qué harán si, finalmente, el departamento ordena hacer una asignatura más en castellano en todos los centros. Lamentan, en este sentido, la enorme distancia que hay entre el terreno de juego político y judicial y la práctica diaria en las aulas. Espinosa apunta que "no tiene ningún sentido" pedir hacer una asignatura troncal más en castellano si se está avanzando hacia un modelo educativo en ámbitos más transversales. Y Hortal reconoce que, a la práctica, quizás en su instituto ya se está cumpliendo con lo que pide la sentencia: "Hay profesores que ya hacen ahora las clases en castellano, pero no lo tenemos escrito en ninguna parte", dice. Él reclama al Govern dejar la escuela al margen de las batallas judiciales y concentrarse en "la problemática real del catalán": "El uso del catalán no depende de los porcentajes en la escuela, sino que hay que hacerlo atractivo y útil y crear espacios para que los alumnos se lo sientan suyo".

Desde la Escola Montagut, de Vilafranca del Penedès, también piden que se saque a los maestros del foco del debate y avisan que los docentes están más pendientes de otros debates educativos que de la sentencia del 25%: "Cómo ajustar los nuevos currículums a la realidad, cómo hacer frente a las consecuencias emocionales de la pandemia, cómo gestionar la matrícula viva...", relata el director, Josep Maria Lluró. Dice que no está muy preocupado por las consecuencias de la sentencia porque en su centro, que es concertado, ya tienen un "modelo plurilingüe", en que la primera etapa de acogida de los alumnos es en catalán, pero desde pequeños hacen alguna asignatura en castellano, en inglés e incluso en francés. "No tenemos ningún complejo con esto, al contrario", dice, y lamenta que "la mala gestión" del Govern con este tema ha dejado "desprotegidos" a todos los directores si alguien denuncia un centro por incumplimiento de las decisiones judiciales. Las patronales de la escuela concertada y el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia reclamaron "protección jurídica" a los centros ante la interlocutoria del TSJC.