El recurso del Govern no evitará el 25% de castellano en las aulas

BarcelonaNo hay marcha atrás. Veinticuatro horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenara a la Generalitat ejecutar en 15 días la sentencia que implica fijar un 25% de castellano en las aulas, todos los actores implicados advierten al Govern de que no hay alternativa, a pesar de que se intente ganar tiempo interponiendo un recurso. El aviso ha llegado este martes tanto por parte de los actores implicados en el procedimiento judicial –el gobierno español y la Asamblea por una Escuela Bilingüe– como por parte de los expertos.

De hecho, el ejecutivo español, que hasta ahora se había hecho el desentendido y no había instado a la ejecución de la sentencia, ya ha dicho que pedirá a la alta inspección (en Catalunya hay dos trabajadores) que actúe para hacerla cumplir: "Reiteramos que las sentencias se tienen que cumplir y que los pronunciamientos de los tribunales se tienen que acatar", decía la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. La sentencia es "de obligado cumplimiento", ha defendido también la ministra de Educación, Pilar Alegría, y ha descartado "ningún tipo de debate". Según Alegría, el gobierno español quiere que "los jóvenes de comunidades con lengua cooficial, cuando acaben la formación obligatoria, sean competentes en la lengua castellana y en la cooficial". A pesar de todo, Rodríguez también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que el curso se tiene que acabar con "absoluta normalidad".

En cambio, el tercer actor a quien el TSJC ha habilitado como parte del procedimiento, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), quiere que los cambios lleguen este mismo curso. De entrada mandarán una carta a todos los directores de los centros con una copia de la sentencia y advirtiéndolos de las "consecuencias" de un eventual incumplimiento, ha dicho la presidenta de la entidad, Ana Losada, a pesar de que el auto del TSJC se dirige explícitamente al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray. En este sentido, la entidad ya se plantea impulsar un procedimiento por desobediencia contra Cambray en caso de que no dicte una instrucción para cambiar el modelo lingüístico de las escuelas las dos semanas próximas. En caso de que la hiciera y algunos centros no la cumplieran, no descarta traer también los directores ante la justicia.

Ante de este panorama, el Govern ha anunciado que presentará un recurso de reposición a la última resolución del tribunal en que cuestionará la legitimidad de la AEB. "Pueden discutir la legitimidad de la AEB, pero la sentencia en sí es inmodificable. Alargarán la agonía dos o tres meses, pero el pronunciamiento va a misa, no se puede modificar y lo tienen que asumir a corto plazo", ha asegurado el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que el ejecutivo ultima un "plan de choque" y espera el nuevo decreto –anunciado hace dos meses por Cambray– para reforzar el modelo de escuela catalana. También se ha comprometido que el curso que viene se haga "más catalán" a los centros del que se hace ahora. Plaja ha asegurado que el Govern pondrá "todos los esfuerzos" para incrementar el uso de la lengua en las aulas y ha puesto como ejemplos de acciones la organización de espacios compartidos en el patio, el comedor y a través del ocio, con formaciones, actividades familiares, grupos de conversación y actividades de ocio en catalán. Pero no ha concretado ningún otro detalle.

Hacer en castellano una asignatura troncal

Ante una sentencia que es firme desde enero, ya empiezan a surgir las voces que asumen que habrá que cambiar el modelo lingüístico en las escuelas y proponen empezar a estudiar las mejores maneras de hacerlo para cumplir con el mandato judicial y, a la vez, no renunciar a reforzar el catalán. En este sentido, la presidenta del consejo lingüístico asesor del Govern, Carme Junyent, es partidaria de impartir en castellano una asignatura troncal como por ejemplo las matemáticas para cumplir la sentencia, y centrar todos los esfuerzos al ocuparse de que los alumnos sepan "efectivamente" el catalán. "Defendámonos, incluso cumpliendo", ha dicho en TV3 Junyent, que piensa que "estaría bien dejar los mensajes políticos al margen de la escuela". Por eso, ha pedido: "Si lo que queremos es que el catalán sobreviva, trabajemos en ello".

También la profesora de derecho administrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marta Franch, considera que hay que asumir la decisión judicial y hacer una ley o un decreto ley para garantizar cómo se tiene que ordenar la presencia del catalán y el castellano en la escuela. "Lo único discutible es la legitimación de la AEB, pero esto no paraliza la ejecución de la sentencia", insiste al ARA la experta, que advierte que el cronómetro de los 15 días dados por el tribunal ya ha empezado a correr. De hecho, Franch explica que la sentencia que ordena al Govern aplicar el 25% de castellano en las aulas "hace tiempo que es firme". "Hay un descuido por parte de nuestros políticos por no prever que alguien pediría la ejecución de la sentencia", valora la profesora de la UAB.

Som Escola pide firmeza al Govern

En cambio, a pesar de que la agrupación de entidades cívicas y educativas Som Escola no habla en ningún momento de desobedecer la sentencia, sí que reclama al Govern que se mantenga "firme" en la defensa del modelo de escuela catalana actual y que agote "todas las vías jurídicas" para evitar la aplicación de la interlocutoria. Las entidades piden también "seguridad jurídica" a los directores y a los maestros y avisan que si la sentencia se aplica como quieren los jueces supondrá el "desmantelamiento" del sistema de inmersión y del modelo de escuela en catalán.

Por su parte, el Síndic de Greuges se ha quejado en un comunicado que la sentencia no pondera "adecuadamente" el impacto en los derechos lingüísticos de los alumnos, sobre todo de los castellanoparlantes. Para el Síndic, que las lenguas oficiales sean vehiculares "no tiene que pasar necesariamente por la fijación de porcentajes", porque así se "limita y condiciona la capacidad que tienen los centros escolares de trabajar". Quiere que el Parlament y Educación "adopten las medidas legislativas y políticas necesarias" para garantizar el catalán "como lengua normalmente empleada", a pesar de que no concreta cuáles.