El nuevo calendario se aplicará en septiembre a pesar de presión por aplazar los cambios

Cambray argumenta que la transformación "no puede esperar" después de que el Consell Escolar le pida una moratoria de un año

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El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, con el presidente del Consejo  Escolar, Jesus Viñas, y la secretaria general del departamento, Patrícia Gomà

BarcelonaEl Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha pedido casi en bloque aplazar un año el adelanto del curso escolar, pero el departamento de Educación lo ha rechazado y cree que hay tiempo suficiente para planificar los cambios, así que se mantienen los planes previstos: el curso 2022-23 empezará el día 5 de septiembre para infantil y primaria y el día 7 para la ESO, bachillerato y FP, una semana antes de lo habitual. "Las transformaciones no pueden esperar", ha argumentado el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, en atenciones a los medios.

La reunión extraordinaria del Consell Escolar, el principal órgano de debate de la comunidad educativa que reúne profesorado, alumnos, sindicados, patronales, entidades, municipios y universidades, se ha producido después de que un grupo de representantes exigiera la semana pasada la presencia del conseller para que explique los cambios en el calendario, que Cambray anunció en rueda de prensa sin consultarlo previamente con nadie. A pesar de que en los últimos días varios actores han elevado el tono contra el conseller, con peticiones de dimisiones y anuncios de huelga incluidos, la reunión ha tenido un tono moderado y propositivo. Según fuentes presentes en la reunión consultadas por el ARA, hay bastante quórum en el qué (avanzar el calendario), pero no en el cómo.

Ya en la primera intervención, el escritor, pedagogo y maestro Jaume Cela, que forma parte del CEC en cuanto que personalidad de prestigio en el campo educativo, ha dicho que ve con buenos ojos la medida, pero ha puesto sobre la mesa la propuesta de aplazar los cambios un curso. A esta petición, que algunos miembros de la reunión han bautizado como "moratoria Cela", se han añadido los sindicatos, las asociaciones de familias y entidades como la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica. En general, creen que es positivo para los alumnos acortar las vacaciones de verano, pero consideran que es precipitado aplicar los cambios este septiembre, cuando también se tendrán que desplegar los nuevos currículums y, con toda probabilidad, el nuevo modelo lingüístico para hacer frente a la sentencia del 25%. Según fuentes del CEC consultadas por el ARA, en el dictamen que se aprobará en las próximas semanas y se enviará a la conselleria para que sepa la opinión del CEC, se recogerá esta petición. Los documentos del CEC no son vinculantes y, de hecho, el conseller ya ha aguado las expectativas y ha confirmado que los cambios se aplicarán este curso.

En general, Cambray ha usado los mismos argumentos que estos días para defender el nuevo calendario y, al salir de la reunión, ha celebrado que "en ningún caso se ha pedido replantear" el adelanto porque "todo el mundo está de acuerdo" con que se haga. El conseller no ha pedido disculpas al Consell Escolar por no haberles informado antes, como acostumbra a pasar con las actuaciones más importantes. Las palabras que más se han acercado a una autocrítica han sido que el departamento "siempre puede mejorar" las cosas.

Cuatro sindicatos llaman a la huelga contra la "desidia" del Govern para defender la escuela en catalán

Los sindicados COS, la Intersindical y el SEPC, con el apoyo también de Ustec, han convocado una huelga el 23 de marzo como respuesta a la sentencia del 25% de castellano. En una atención a los medios, los sindicatos han argumentado que convocan la parada ante "la desidia y la incapacidad" del Govern para defender la escuela en catalán, a quien acusan también de aprobar un nuevo decreto de currículums que "amenaza literalmente de liquidar la inmersión lingüística" porque permite que los centros "flexibilicen" el aprendizaje de las lenguas en su ámbito sociolingüístico. Además de pedir el "reconocimiento" del catalán como lengua de docencia, los sindicatos también reclaman invertir un 6% del PIB en educación, como establece la ley catalana; revertir los recortes y mejorar las condiciones de los docentes y lamentan el decreto impulsado por el ministro Iceta, que permitirá que los interinos que hace cinco años que ocupan una plaza "estructural" la puedan ganar sin oposiciones.

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