Cuatro de cada diez entidades sociales están endeudadas
Los retrasos de la Generalitat para pagar las subvenciones y la factura extra por el covid disparan el gasto de las ONG
BarcelonaEl incremento de la demanda, el gasto extra para hacer frente a los estragos del covid, todo ha sumado para que las entidades sociales hayan tenido que gastar más sin haber recibido las subvenciones y partidas públicas, cosa que ha provocado que el 42% cerraran el 2020 endeudadas, según el barómetro social elaborado conjuntamente por la Mesa del Tercer Sector y el Área Metropolitana de Barcelona, a pesar de que son datos que se pueden extrapolar a toda Catalunya. La cifra recoge el impacto económico de la pandemia en 2020 en las entidades y evidencia que la situación límite de la tesorería no ha hecho nada más que empeorar en esta nueva crisis: en 2007 las que presentaron números rojos eran el 33%, es decir, nueve puntos menos.
"Las entidades no han dejado de trabajar en toda esta pandemia, pero esto no se ha visto recompensado", se queja Anna Albareda, gerente de la Mesa, un paraguas que reúne a 35 federaciones que agrupan a 3.000 asociaciones de todas las medidas y servicios. Albareda subraya que han hecho de para-choques incluso cuando los servicios sociales municipales mantuvieron las puertas cerradas. No todas lo han vivido de manera igual, explica la responsable, pero todas las entidades tienen en común que mientras han visto cómo se les disparaba la demanda de usuarios, han tenido que trabajar con presupuestos desfasados porque la Generalitat (en el 96% de los casos), los ayuntamientos o las diputaciones retrasaron el pago de la subvención, que son básicas para la supervivencia de las entidades. Además, la falta de suministro de material higiénico (mascarillas, gel o EPIs) hizo que las asociaciones se tuvieran que espabilar para comprarlo: más gasto extra que se ha tenido que sufragar, en parte, recurriendo a fondos propios.
Abiertas en el confinamiento
La pandemia ha puesto a las entidades en una situación financiera límite: debido al incremento de la demanda se han visto forzadas a hacer horas extras o, en algunos casos, a plantearse limitar los servicios que prestaban, cosa que habría hecho colapsar a los servicios públicos y habría dejado a miles de usuarios sin una atención digna. Así, las gerencias de las entidades han tenido que buscar nuevas vías de financiación para evitar despidos: la solución, en buena parte, se ha traducido en "buscar pólizas o intereses bancarios", señala Marta Obdulia, gerente de ECOM, una federación que trabaja para el empoderamiento de las personas con discapacidades físicas. Y esto trastorna las cuentas económicas de las ONG, porque una vez llegan las transferencias de subvenciones "estos gastos no se pueden imputar a las ayudas", como tampoco se pueden hacer las bajas médicas del personal, se queja Obdulia.
La situación hace años que se arrastra y, a pesar de los compromisos de la Generalitat, todavía no se ha formalizado la esperada Ley de Servicios Sociales o un nuevo modelo de financiación que piden las entidades. En este sentido, Albareda señala que hay que abandonar el sistema de "subvenciones por proyectos concretos" y avanzar hacia una "financiación estable" o, como apunta Obdulia, disponer del "calendario de cuándo se recibirá el dinero antes de la ejecución de los servicios" e incluir los servicios en la cartera de servicios para que así las entidades tengan siempre el dinero disponible y no tengan que pedir créditos.
