Diez años de activismo contra la pobreza energética

BarcelonaEn un círculo, una mujer explica que la compañía eléctrica le amenaza con cortarle la luz porque no paga, y un hombre pide la palabra para preguntar cómo puede solicitar el bono eléctrico. En las dos horas que dura el asesoramiento que dos miércoles al mes ofrecen los activistas de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) se sienten consejos, preguntas y también respuestas que sirven para llevar algo de calma a quien se ve entre la espada y la pared. En este corro hay activistas técnicos, con conocimientos profesionales sobre facturas, pero también personas que aportan su experiencia personal en la lucha contra la pobreza energética, un concepto que la APE ha sabido poner en la agenda política y social.

La entidad celebra este sábado (jornada de reflexión, pero la fecha se eligió antes de la convocatoria avanzada de elecciones) 10 años con una fiesta popular en el casal del barrio de la Prosperitat de Barcelona. En esta década, la APE, como la PAH o los Sindicatos de Alquiladoras en temas de vivienda, se ha erigido no sólo en un movimiento social al que los afectados por la pobreza energética pueden recurrir para buscar soluciones o asesoramiento, sino que también se ha situado en la trinchera política con incidencia.

Maria Campuzano, que ayudó a nacer la asociación, es una de sus portavoces. Recuerda que a raíz de la crisis financiera de 2008 y la de la vivienda de 2012 había cortes "indiscriminados": un millón de hogares en todo el Estado sufrieron cortes de luz durante el 2012, y 150.000 hogares del área metropolitana de Barcelona sufrieron afectaciones al servicio del agua entre 2008 y 2014. Entonces, la protección a las familias vulnerables era muy escasa, tanto en España como en Cataluña, donde en diciembre de 2013 se aprobó el primer decreto que fijaba una tregua de cortes durante el invierno. Un paréntesis que duraba hasta abril, momento en el que las familias habían acumulado durante cada mes una deuda que se añadía a su sufrimiento.

Empoderar a la ciudadanía

Campuzano venía ya del activismo en contra de los oligopolios y el negocio de las energéticas. Con sus compañeros de lucha, conscientes de que la pobreza de las familias era "el impacto más palpable" de las privatizaciones del sector, tenían claro que, por un lado, debían hacer que la sociedad entendiera que las empresas energéticas o de agua eran el "problema" y que, por tanto, se les podían exigir cambios en su manera de hacer. Por otra parte, que la lucha debía realizarse teniendo en cuenta a las familias afectadas.

Por las tardes de asesoramiento colectivo participan ciudadanos a los que anteriormente la APE ofreció comprensión y soluciones para sus problemas. También fuerza para dejar de sentirse avergonzadas y esconder el sufrimiento de quedarse sin luz o gas. "Hace unos años que necesité ayuda y aquí me he quedado, ayudando a la gente que viene con problemas para decirles que deben luchar", dice. Este empoderamiento es clave, y, en este sentido, como la PAH o los Sindicatos de Inquilinos, la APE supuso un "un cambio de paradigma", porque "se dejó de culpabilizar a las familias que no pueden pagar las facturas", explica Mònica Guiteras, miembro de la APE y de Ingeniería sin fronteras (ISF). "Queríamos poner en el centro del debate que la energía no podía ser un lujo, que es un derecho", afirma.

La APE y ISF hacen frente común desde 2019, cuando fueron incluidas en un plan europeo de empoderamiento de la ciudadanía que ponía el foco de la pobreza energética en las mujeres y en el impacto que tiene en la salud . Éste fue un escaparate muy importante, porque la manera de hacer activismo, la del asesoramiento colectivo con personas afectadas que "se responsabilicen de los cambios", se ha replicado en Italia, Eslovenia, Francia, Croacia y Albania, un lo que les valió el premio de Innovación Social de la Unión Europea.

Como victorias sociales, la APE puede exhibir el histórico (cualificado así por la Generalitat) acuerdo por condonar la deuda de 35.000 familias vulnerables clientes de Endesa. Era marzo del 2021 y, pese a que se ha intentado añadir las otras energéticas, ninguna ha querido. Otro hito que puede apuntarse el activismo es que un juez condene por primera vez a los cobradores externos de Endesa que intimidan y amenazan con engaños a los usuarios morosos para que paguen, a pesar de que la ley les protege.