Los juzgados tendrán que avisar a los servicios sociales cuando abran un expediente de desahucio
Derechos sociales pone en marcha circuitos para hacer crecer los alquileres sociales alternativos de los grandes tenedores
BarcelonaLos juzgados tendrán que informar a los servicios sociales de la apertura de los expedientes de desahucio antes de que se ejecuten para buscar alternativas y evitar que la familia se quede sin techo. Éste es el nuevo protocolo que arrancó hace un año en pruebas en Terrassa, Manresa, el Bages y el Moianès y que los departamentos de Derechos Sociales y Justicia han extendido ya a todas las áreas básicas de servicios sociales (ABSS) que hay en Cataluña.
El secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós, ha detallado en una reciente comparecencia en la comisión de Interior del Parlament que ambos departamentos de la Generalitat han sacado adelante un protocolo pionero en todo el Estado para luchar contra el riesgo de exclusión residencial, “la puerta de entrada más importante a la pobreza severa”, ha matizado.
De esta forma, los servicios sociales municipales (para localidades de más de 20.000 habitantes) y los de los Consejos Comarcales (competentes en poblaciones con menos de 20.000 habitantes) ganarán tiempo –“uno o dos años”, según los cálculos de Amorós–, puesto que recibirán la notificación de apertura de un expediente de desahucio inmediatamente cuando se trate de un pequeño tenedor (es decir, cuando un propietario tiene menos de cinco propiedades). En un plazo de 10 días, las trabajadoras sociales tendrán que evaluar y analizar si se trata de una familia en riesgo y enviar su informe a los juzgados. Por último, serán los jueces quienes decidan si sacan adelante el procedimiento o no.
Entre enero del año pasado, cuando el protocolo se estrenó en pruebas en Terrassa, y el 9 de febrero de este año, los juzgados enviaron 655 notificaciones de desahucios, que las ABSS respondieron con 178 informes de vulnerabilidad. En ese sentido, el partido judicial de Terrassa ha sido el más activo.
En cuanto a los desahucios con grandes tenedores, se ha establecido un circuito diferente al margen de los servicios sociales básicos porque están obligados, por ley, a ofrecer un alquiler social como alternativa al desalojo. Amorós ha explicado que los grandes propietarios deben notificar la orden de desalojo a la Agencia de la Vivienda de Catalunya, que lo transmitirá al departamento de Derechos Sociales para determinar si las familias implicadas en los expedientes están en situación de vulnerabilidad.
En este apartado se prevé la actuación de la Agencia de Consumo para imponer sanciones si existen incumplimientos. Desde diciembre de 2023 se han recibido 40 expedientes y, en estos momentos, existen 8 casos abiertos de intermediación. "Son cifras pequeñas, estamos empezando", ha admitido Amorós, quien ha señalado que hay desconocimiento de la ley, pero también "un blindaje de algunos grandes tenedores que utilizan la ley de protección de datos para esquivar la obligación” de dar el alquiler social.
Historial social compartido
Por tener un mayor control de la población vulnerable, Amorós ha anunciado que se ha propuesto a los servicios sociales básicos que trabajen con un mismo protocolo. Se pretende que, como ocurre en la primaria, en la que los médicos de cabecera siguen un patrón parecido a la hora de llenar los historiales médicos, las trabajadoras sociales también dispongan de una guía para hacer preguntas similares sobre indicadores de pobreza y de riesgo de exclusión e introduzcan estos datos en un programa informático compartido. De esta forma, como también ocurre en la sanidad, las familias que se trasladen de localidad tendrán un historial social que no se perderá y será más fácil que “salten las alertas en caso de riesgo de exclusión residencial”, uno de los parámetros que deberá tenerse en cuenta en las entrevistas.
En su intervención en la comisión de Interior, Amorós también se ha referido a las actuaciones en contra de la pobreza energética. Así, ha indicado que el departamento ha mantenido "conversaciones no exitosas" con las empresas eléctricas para que sigan a Endesa en el convenio para condonar las deudas de los clientes vulnerables. Con todo, el número dos de Derechos Sociales ha subrayado que Endesa casi abarca la mayoría de este colectivo en riesgo de pobreza y ha avanzado que "en las próximas semanas" se empezará la negociación con esta compañía para perdonar la deuda de 2022. En cuanto a los contadores sociales, la herramienta para evitar los pinchazos del servicio de electricidad, se han puesto 67. "Son pocos, pero no los tiene nadie más", ha dicho sacando pecho, en referencia a otras comunidades autónomas.