El fracaso de los contadores sociales: sólo 48 en dos años y medio en toda Catalunya

BarcelonaSolo 48 familias vulnerables tienen instalado un contador social de luz en Cataluña. Dos años y medio después de que se anunciara la medida en el marco de un convenio entre la Generalitat y Endesa para evitar los pinchazos eléctricos y los riesgos que ello conlleva, lo que debía ser una medida contra la pobreza no pasa de datos de un tímido plano piloto. Sobre esta poca implementación ha puesto este lunes el foco la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la presentación en el Parlament de su informe para analizar las políticas públicas contra la pobreza energética. Para la síndica, ya deberían haberse instalado "miles" de contadores por todo el país, teniendo en cuenta que Cataluña está en el top 10 de países europeos con más habitantes empobrecidos y que en una década se ha casi cuadruplicado la población que no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. En España la cifra se ha doblado, hasta situarse en el 17% en 2022. "Cataluña está en posición de fragilidad en pobreza energética", ha dejado dicho ante los diputados.

De momento, según Endesa, los contadores han puesto en 23 poblaciones de todo el país, como Lleida, Sallent, Amposta o Castelldefels. Las mismas fuentes indicaron que están a la espera de poder instalar otros 25 aparatos en un bloque de Sabadell ocupado por la PAH y que no cuenta con suministro eléctrico desde hace meses. Para poder acceder a un contador, los servicios sociales del municipio deben acreditar que la familia responde a los requisitos socioeconómicos de vulnerabilidad y, además, la propiedad del inmueble debe consentir la instalación, lo que no siempre es fácil de conseguir.

Para la síndica es incomprensible la cobertura social de los más vulnerables. En este sentido, tres cuartas partes de las familias empobrecidas no pueden acceder al bono social eléctrico, los descuentos de la factura, que si no hay cambios, terminarán el próximo 31 de diciembre, en un momento en que los precios de la luz en España han subido más que en el resto de países. Se trata de una ayuda anual y, según ha denunciado la síndica, existe un retraso de un año para cobrarla, es decir, ahora se están abonando las cantidades del 2022. La síndica ha pedido que se flexibilicen algunos de los requisitos para obtener ayudas, pero al mismo tiempo ha matizado que en el caso de las familias numerosas no puede primar sólo el número de hijos sino que debe tenerse en cuenta la renta del núcleo familiar.

Vacío legislativo

La burocracia y la dificultad para entender cómo funcionan los circuitos son razones que explican por qué "no se está llegando a toda la gente que lo necesita", avisó la síndica, que criticó que el Gobierno todavía no ha hecho el decreto que desarrolla la pionera ley 24/2015 contra la pobreza energética. Durante estos ochos años, el vacío legislativo lo han llenado los ayuntamientos, que ante la situación de emergencia han puesto a los trabajadores sociales a hacer informes de vulnerabilidad social, ya enviarlos a las compañías, haciendo "un trabajo que no les corresponde". ", aseguró. La complejidad es aún mayor en población que no tiene acceso a un ordenador o un mínimo nivel formativo o de conocimiento de la lengua para entender cómo hacerlo para conseguir ayudas y entender las facturas de los suministros. La propia Giménez-Salinas, una abogada de prestigio, ha admitido sus dificultades para entender los conceptos de su factura de agua. "Si me pasa a mí, ¿qué no le va a pasar a mucha gente?", constata.

Para Giménez-Salinas el problema no es que las administraciones no hayan reaccionado, porque se ha logrado detener 200.000 cortes eléctricos entre 2015 y 2020 de familias vulnerables y se ha condonado la deuda de miles de abonados de Endesa. El problema es que todo se ha quedado a medias. El convenio con Endesa, calificado de "histórico", solo se ha limitado a esta empresa y, aunque estaba previsto, no se ha extendido al resto de compañías.

Como medida contra la pobreza energética, la Sindicatura reclama también un precio social para la bombona de butano, una fuente de energía que se vuelve a utilizar en muchos hogares empobrecidos porque ahorra los costes fijos de la luz y el gas. "No puede que valga lo mismo una bombona para las estufas del paseo de Gràcia que para calentar una casa", ha subrayado.

La otra medida que reclama es que las compañías eléctricas publiciten de forma comprensible la oferta de los precios regulados del mercado de la luz y faciliten el paso a estas tarifas, porque solo así se puede acceder al bono social. Por último, pidió a las compañías que dejen de contratar empresas de recobro para conseguir cobrar las deudas de familias vulnerables a través del "acoso y la amenaza", por la angustia y malestar que provocan. De hecho, un juzgado de Barcelona ha condenado estas prácticas con una sentencia pionera.