Derechos civiles

Del PP a la CUP: ayuntamientos de todos los colores dificultan el acceso al padrón

Una encuesta entre entidades sociales señala que en 40 de 60 municipios analizados hay trabas y en 29 no se acepta el empadronamiento sin domicilio

BarcelonaEmpadronarse en el municipio donde se reside es un camino lleno de obstáculos para muchas personas que no tienen un contrato de alquiler. Cada vez hay más ayuntamientos que les ponen problemas para registrarse en el padrón, un trámite de doble obligación tanto para la administración local como para toda la ciudadanía, que en los últimos años se ha convertido en un arma política entre alcaldías de todos los colores políticos. En un sondeo que ha elaborado Ksnet por encargo de ECAS (la federación de entidades catalanas de acción social) entre medio centenar de entidades sociales presentes en 60 municipios (donde viven 5,1 millones de habitantes), se señala que 40 de estas poblaciones presentan dificultades o incidencias en este trámite. En la mitad, directamente se vulneran los derechos porque incumplen la ley cuando no reconocen la figura del empadronamiento ficticio o sin domicilio fijo, previsto, precisamente, para los vecinos que no pueden o no les dejan empadronarse en el piso o que viven en la calle. "No querer empadronar a todo el que vive aquí es hacerse trampas al solitario", ha resumido Pepa Fernández, defensora de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet.

Del informe se extrae que los obstáculos son estructurales y se encuentran desde el mismo momento en que la persona intenta hacer el registro en el padrón hasta la última etapa del proceso: dudas en la documentación necesaria, la brecha digital, la falta de información, la arbitrariedad en los criterios, la verificación del domicilio o la demora más allá de los tres meses normativos para resolver la solicitud. Pero para la economista Elena Costa, autora del informe, no todos estos impedimentos responden a "un obstáculo ideológico". De hecho, de los ayuntamientos señalados hay representado todo el espectro político, los que abiertamente hacen bandera de su negativa a empadronar a los que no tienen un contrato legal de alquiler o hacen un discurso duro con la inmigración —Martorell (Junts), Badalona (PP), Figueres (Junts)—, pero también se han detectado obstáculos en alcaldías gobernadas por el PSC —Cornellà o Sant Joan Despí—, ERC —Salt— o CUP —Girona—, partidos que el año pasado suscribieron en el Parlament el pacto nacional por el padrón, en el que se comprometían a garantizar el cumplimiento de la ley estatal de régimen local.

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Costa ha señalado que "es difícil saber cuándo hay intencionalidad" por parte de los ayuntamientos o funcionarios para complicar los procesos o bien se debe a problemas de ineficiencia o errores del propio sistema. A su parecer también hay que tener en cuenta que los servicios sociales, la puerta de entrada para muchos de los solicitantes, se encuentran saturados y hay problemas en los canales para hacer circular información clara y comprensible, a veces incluso porque al otro lado del mostrador no la conocen.

Mejorar el sistema

Por este motivo, Kautar Loukaini, portavoz de ECAS, ha asegurado que el informe "no pretende ser un ranking" de municipios incumplidores, sino que quiere ser un diagnóstico de la situación en la que se encuentran muchos ciudadanos a la hora de darse de alta en el municipio donde residen y dar unas pautas para mejorar el sistema, revisar las prácticas habituales y reforzar la seguridad jurídica. "No pedimos un trato excepcional, un privilegio, solo que la ley se aplique con garantía y se armonicen los criterios, con procedimientos claros y públicos", ha subrayado la activista.

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La presentación de este informe este martes ha coincidido con la detención de dos personas en Badalona que cobraban entre 500 y 1.000 euros a personas extranjeras en situación irregular por un padrón falso. En este aspecto, la abogada de Cáritas, Sònia Lacalle, ha subrayado que es precisamente este incumplimiento de la ley que regula el padrón lo que alimenta a las mafias que se aprovechan de la necesidad de las personas. Ahora bien, ha indicado que el "fraude no es solo pagar por empadronarse", sino que también es una trampa darse de alta en una localidad diferente de donde se reside buscando una escuela concreta o por los beneficios fiscales o de la insularidad con los descuentos en los billetes de avión, por ejemplo. "El fraude continuará mientras haya criterios dispares" en los padrones.

Entre los perfiles más perjudicados por estas dificultades se encuentran los migrantes sin regularización, personas que viven de realquiler u ocupando o en un asentamiento, así como los que residen en la calle o en albergues, o familias con criaturas. El informe también constata que las personas que van por libre a empadronarse tienen más dificultades que si lo hacen asesoradas por las entidades sociales, otro síntoma de "discriminación y desigualdad".