La mayoría del Parlamento se compromete a garantizar el empadronamiento universal

BarcelonaEl PSC, Comuns, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP han firmado este miércoles un acuerdo con el que se comprometen a garantizar el padrón universal en cumplimiento de lo que dice la ley. El Pacto por el Padrón en Cataluña es una iniciativa impulsada por más de un centenar de entidades sociales, desde Cáritas, ECAS, LaFede hasta Confavc y aFFaC, que exige el empadronamiento de todos los residentes sin preguntar la situación administrativa, si tienen contrato de alquiler o no o si viven en una infravivienda. Por el contrario, se han desmarcado el PP, Vox, Aliança Catalunya y también Juntos. Los junteros han justificado su no asegurando que el acuerdo no resuelve "en profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón que sea coherente con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos". Se da la circunstancia de que sí que se ha añadido al Pacto MEScat, una formación nacida de una escisión del PSC e integrada en Junts como corriente interna.

Hace dos meses que la Red por el Padrón planteó la constitución de un pacto nacional que blindara el empadronamiento sin condiciones en cumplimiento estricto de la ley de régimen local y el reglamento que la desarrolla, así como de jurisprudencia del Tribunal Supremo que en diferentes ocasiones ha censurado que los ayuntamientos pongan trabas a un trámite administrativo que es a la vez un derecho y una obligación.

En las negociaciones con los grupos políticos, la Red ya había dado por descontada la negativa de los populares y la ultraderecha, pero según explicaron confiaban en que Junts finalmente se vendría a firmar un texto que sólo reclama "que se cumpla la ley", según la responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional, Júlia Pérez. Con esta formación se ha realizado un "trabajo bilateral y específico para intentar acomodar sus peticiones al texto", ha continuado el activista, pero finalmente no se ha llegado a ningún acuerdo. Si bien la Red lamenta la ausencia de los junteros (que gobiernan en unos 300 municipios), Maria Creixell, portavoz de la Coordinadora Obrim Fronteres, ha apuntado que puede incorporarse cuando quiera. De hecho, las dificultades a la hora de empadronar se dan en todo el abanico político, y en este punto el portavoz de ECAS, Lluís Puigdemont, ha reclamado que el padrón no se utilice como "arma política" y que ningún alcalde tenga la tentación de "sacar rédito político" restringiendo el acceso.

La vulneración de un derecho

Sobre el terreno, las entidades denuncian que los ayuntamientos contrarios a empadronar a todo el mundo despliegan trabas que abarcan desde de la dilación en la respuesta hasta la petición de documentación que no es necesaria, pasando por el rechazo a la entrada en el registro si no se aporta un contrato de alquiler o el título de propiedad del piso. También se detecta el poco uso que hacen los consistorios de la figura del empadronamiento ficticio, pensado para vecinos que malviven en la calle, en una choza o en un coche o para personas a las que los propietarios no permiten empadronarse en la vivienda.

El pacto viene a "dar una respuesta colectiva" a la "vulneración flagrante de un derecho básico", en palabras de Puigdemont. Sin padrón no se garantiza el acceso a la sanidad, a la educación oa las prestaciones sociales. La negativa al padrón es "un mecanismo de discriminación estructural que afecta a familias sin hogar o en situación de vulnerabilidad y las expulsa del sistema de derechos y crea personas de segunda o tercera categoría".