La renta garantizada de ciudadanía se podrá modificar para hacerla compatible con el ingreso mínimo vital

BarcelonaUn paso más para conseguir que la renta garantizada de ciudadanía (RGC) pueda ser compatible con el ingreso mínimo vital (IMV). La proposición de ley de los comunes para modificar esta prestación y hacerla más flexible ha superado el debate en el Parlamento, y ahora continuará la tramitación. PSC-Unidos, ERC, Junts y la CUP-NCG también han apoyado al nuevo texto. De hecho, los dos socios del Govern han retirado la enmienda a la totalidad que habían interpuesto, de forma que no ha hecho falta ninguna votación en el pleno de este miércoles. El objetivo de la proposición de los comunes es "resolver vacíos" legales de la norma para facilitar la complementariedad de la RGC con el IMV estatal, "maximizar las posibilidades de llegar a colectivos no atendidos hasta ahora por la renta garantizada", sobre todo para aquellas familias que tienen hijos a cargo, y la creación de una nueva prestación complementaria para cubrir las necesidades básicas de acceso a la vivienda.

El texto, con 42 artículos, propone modificaciones diseminadas en el articulado de toda la ley y también de las disposiciones adicionales, finales y transitorias, y añade dos anexos para detallar las cantidades de la prestación básica de la renta garantizada y de la prestación económica complementaria por vivienda.

Las entidades sociales que trabajan directamente con los colectivos en riesgo de exclusión social han celebrado que la norma supere este trámite. De hecho, ya hace tiempo que alertan de que estas dos prestaciones -que se crearon para "asegurar una vida digna"- se han demostrado insuficientes y han quedado superadas por la realidad social y el coste de la vida. Por eso piden cambios, para conseguir que la cobertura social ayude de manera real a las familias a superar la pobreza, que se está cronificando en Catalunya. Cáritas ha recordado esta semana a los grupos políticos que durante el 2021 tan solo el 28% de las personas en situación de pobreza grave recibían la renta garantizada de ciudadanía. Por su parte, la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (Ecas), lamenta que todavía ahora la RGC y el IMV sean "rentas condicionadas que no resuelven de manera estructural la gran lacra de la pobreza y las desigualdades".

Desde Ecas subrayan, además, que la aplicación de estas dos prestaciones tampoco está siendo efectiva como respuesta paliativa. "Mientras no tenemos una renta básica, hay que mejorar los instrumentos" que ya hay, remarcan los portavoces de la entidad.

Uno de cada cuatro catalanes, en riesgo de exclusión

Los datos hablan por sí solos. Este mismo miércoles, el Idescat ha hecho públicas unos datos que las entidades hace meses que avanzan. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) en Catalunya llegó al 25,9% en 2021, es prácticamente igual que en 2020. Es decir, uno de cada cuatro catalanes está en esta situación, que afecta sobre todo a niños, migrantes y personas mayores. Es la primera vez que esta tasa incluye, además, nuevos parámetros para medir la privación material y social grave, y la intensidad del trabajo, tal como dicta la Unión Europea para hacer el cálculo. El resultado es que el indicador que mide, precisamente, esta privación material ha aumentado del 8 al 9%. Estas cifras coinciden, además, con los datos de inflación, que ha tenido un repunte histórico y ya supera el 10%.

Ante este escenario, la Mesa del Tercer Sector, que aglutina a más de 3.000 entidades, advierte de que se está produciendo un estancamiento social y alerta que las medidas que se han aplicado a raíz de la pandemia han contenido el problema de la pobreza, pero no lo solucionan. "Son medidas temporales, que tienen un efecto limitado y que no sirven para revertir esta precariedad", lamentan. Critican la falta de acción y de previsión, y reclaman al Govern "un cambio de rumbo para desarrollar medidas y acciones más efectivas, contundentes y proactivas en materia social" que eviten que Catalunya quede a la cola de la recuperación.

En esta misma línea, Ecas insiste en que hay que suavizar la rigidez de la renta garantizada de ciudadanía, simplificando los requisitos de acceso, actualizando los importes de la prestación y haciendo que la RGC sea compatible también con el cobro de ayudas sociales. "El horizonte es llegar a una renta básica como herramienta fundamental para asegurar la existencia material de toda la población, condición imprescindible para poder hablar de libertad", concluyen.