El tercer sector pide subir la renta garantizada entre 100 y 200 euros al mes
Las entidades sociales también instan a crear la ventanilla única social ya crear una ayuda para la vivienda
BarcelonaLas prestaciones sociales como la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital no sacan de la pobreza a las pocas familias que llegan a recibirlas. Lo constatan cada día las entidades sociales, que llevan tiempo reclamando un cambio en el modelo de ayudas, primero para que lleguen a todo el mundo simplificando sus criterios y trámites, y después para garantizar su eficiencia. Con uno de cada cinco catalanes en riesgo de exclusión sociales, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña –que reúne a 35 federaciones y grandes organizaciones que representan a 3.000 entidades sociales contra la pobreza– propone aumentar entre 100 y 200 euros el importe mensual de la renta garantizada.
La propuesta es una de las que se recogen en el dossier Claves del debate actual del sistema de garantía de ingresos en Cataluña: ventanilla única, complementos y cuantías, que han elaborado, desde el grupo KSNET, las expertas Elena Costas, Ariane Aumaitre y Mireia Álvarez. El informe, encargado por la Mesa, se ha presentado este viernes en un coloquio moderado por el director adjunto del ARA, Ignasi Aragay. El documento señala que, pese a las ayudas para garantizar ingresos mínimos y cubrir necesidades básicas, la inmensa mayoría de los beneficiarios quedan bajo el umbral de la pobreza debido al gran gasto que supone la vivienda.
En este sentido, las autoras apuntan que aumentar entre 100 y 200 euros la renta garantizada haría, de rebote, aumentar la horquilla de familias que podrían entrar en el programa y reduciría en un 5% la pobreza moderada, mientras que se acabaría con el 19% de las familias en pobreza extrema. Para conseguir estos resultados, se calcula que es necesaria una inversión de 253 millones de euros si el aumento es por la banda baja, y el doble por los 200 euros planteados.
Francina Alsina, presidenta de la Mesa del Tercer Sector, ha denunciado "el laberinto" del sistema actual, que además "no da respuesta suficiente a la realidad de emergencia social". En el acto, Toia Guiu, de 58 años, divorciada y con dos hijos, ha explicado su vía crucis desde que en el 2016, al quedarse sin trabajo y no recibir la pensión de su exmarido, fue desahuciada. Ahora vive en una vivienda de la Fundació Hàbitat3, pero todavía no ha conseguido la renta garantizada ni ha encontrado trabajo. Por su parte, Juan Carlos Loayza, peruano que lleva quince años en Cataluña, ha denunciado los abusos de mafias que te cobran por conseguir el empadronamiento y su experiencia desigual con trabajadores sociales, en algunos casos con poca empatía. Actualmente recibe la renta garantizada y una ayuda de Cruz Roja, y vive alquilado en una habitación en Vic. "En Osona nunca he sentido ni racismo ni exclusión".
El peso del alquiler
Partiendo de la base de que la vivienda es el gran lastre de las familias, las autoras también proponen un complemento para la vivienda de la renta garantizada, teniendo en cuenta que este gasto no lo cubren las prestaciones, mientras que las familias beneficiarias más pobres deben destinar de media un 30% de su renta. En este punto, el informe plantea un máximo de 300 euros adicionales: según las estimaciones de las economistas autoras del dossier, esto permitiría reducir la pobreza entre 5,5 y 13 puntos, según sea moderada o severa. Para hacerlo posible, sería necesaria una partida de 148 millones de euros.
De la misma manera que recientemente han hecho Cáritas y la federación ECAS, o también el sindicato CCOO, la Mesa insiste en reclamar un rediseño de las políticas de prestaciones y apuesta por revisar la gran cantidad de pequeñas ayudas (hasta 18 de la Generalitat) que acaban siendo un laberinto para la ciudadanía más necesitada, porque deben obtenerse por circuitos segmentados, paralelos y desconectados. La solución es establecer una ventanilla única, una vieja reclamación para ordenar el cajón de prestaciones y acabar con la carrera de obstáculos que comienza con la obligatoriedad de la cita previa, y sigue con la brecha digital, el exceso de papeleo, las incompatibilidades entre ayudas, los plazos imposibles de cumplir y otras incongruencias.
Según Mercè Darnell, de Cáritas Diocesana, que también ha participado en el debate de presentación del dossier, el sistema es tan enrevesado que los propios asistentes y entidades sociales, que están "desbordados", necesitarían "un máster continuo para entenderlo y evitar que tanta gente desistiera a la hora de acceder a las ayudas". Para Darnell, el problema de fondo "es la desconfianza de base con la que las administraciones tratan a la población empobrecida fruto de una conciencia social que no ha asumido que todos somos vulnerables y podemos caer en situaciones de precariedad". "La salud y la educación están garantizados para todos, no te piden nada para acceder, pero la vivienda y la alimentación son derechos muy acondicionados que en la práctica ponen a la gente bajo sospecha".
Teresa Crespo, la cuarta participante en el coloquio, en nombre de ECAS ha asegurado que las ayudas actuales, además de no llegar a la mayoría de las que lo necesitan, en otros casos, "sin querer, están creando personas dependientes y cronificando situaciones precarias".
