La eutanasia de un preso, a debate: ¿prevalece el derecho a morir o el de las víctimas?

BarcelonaLa petición de un preso pendiente de juicio ha tensado las costuras de la ley de la eutanasia. Desde hace medio año el interno está ingresado en la Unidad Hospitalaria Penitenciaria de Terrassa (UHPT) con una lesión medular grave que le afecta a la movilidad y le provoca sufrimiento. Los Mossos d'Esquadra lo redujeron a disparos en diciembre después de que disparara contra tres excompañeros de trabajo en las oficinas de Securitas de Tarragona y se atrincherara armado en un cortijo de Riudoms donde acabaron heridos dos agentes, uno por impacto de bala. El exvigilante de seguridad ha pedido la eutanasia y, según avanzó SER Catalunya, el médico que lo asiste ha tramitado la petición.

A pesar de que apenas empieza este proceso, que tiene que evaluar una comisión médica independiente, el abogado de los mossos heridos ya ha enviado un escrito a la jueza de instrucción de Tarragona que investiga al pistolero para que pare la tramitación de la eutanasia. Es un caso sin precedentes que ha abierto un debate jurídico y ético. ¿Qué derecho tiene que prevalecer, el del preso a morir dignamente o el de las víctimas a tener una reparación? ¿Un juzgado puede decidir sobre una cuestión médica?

Cuando el abogado José Antonio Bitos, del sindicato de los Mossos USPAC, que representa los agentes heridos, vio que la UHPT comunicaba a la jueza que el hombre quería la eutanasia, movió ficha. No está previsto que la jueza interceda en este proceso médico, pero como el exvigilante está privado de libertad por decisión suya, el centro sanitario lo hizo llegar. “No tiene que pedir autorización al juzgado”, admite Bitos, a pesar de que añade que el hombre “está en prisión para tener la seguridad de que esté el día del juicio”. Por eso el abogado ha requerido a la jueza que “pare cualquier procedimiento de eutanasia”, porque piensa que tiene que poder intervenir.

“Aún no tenemos ninguna respuesta”, avanza Bitos, a quien tampoco le consta una situación similar en el primer año de aplicación de la ley de la eutanasia. Reconoce que la ley “no dice nada” sobre qué pasa con la petición de un preso, pero defiende que la ley de enjuiciamiento criminal prevé que “un juez acuerde una medida cautelar para que se haga el juicio o se esté a disposición del juzgado”. Para Bitos, una medida sería “proteger la vida de las personas”. Según el abogado, se tiene que poder juzgar al exvigilante “porque nadie puede escabullirse de la acción de la justicia”. Recuerda que, si el hombre recibe la eutanasia –la comisión médica lo tiene que aprobar o denegar las próximas semanas–, la causa judicial de Tarragona “se archivaría inmediatamente y nunca llegaría a juicio”.

Una cuestión sobre derechos humanos

Para los juristas no hay debate posible. En este caso, todos los expertos legales consultados coinciden en que el derecho a morir dignamente de una persona tiene que prevalecer por encima del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas. La jueza Maria de Prat Escoda, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, asegura que la muerte digna es una cuestión "de dignidad, de derechos humanos". "Si no, estaríamos aceptando abrir una puerta a dar a una persona un trato inhumano y degradante", advierte.

Escoda dice que, a pesar de que "es comprensible" que las víctimas exijan una reparación por los daños, tampoco se puede juzgar a alguien que no esté en plenas condiciones. Para el abogado y miembro de la sección de derecho sanitario del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Alejandro Gámez, "aplicando los principios generales del derecho", la balanza se tiene que decantar por el derecho del preso a decidir sobre su vida "por delante del interés de las víctimas". Gámez considera que "éticamente el Estado ha dejado claro que una persona tiene este derecho".

Los expertos también piensan que la justicia no puede entrar en una decisión médica. "Es necesario desvincular la justicia de las decisiones médicas", defiende Escoda. El abogado, árbitro mediador y diputado de la junta de gobierno del ICAB, el Colegio de Abogados de Barcelona, Carles Garcia Roqueta, añade que “no se pueden mezclar” el derecho de pedir la eutanasia con el de las víctimas: “Tienen que estar muy separados”. Garcia Roqueta admite que esta decisión tiene un “efecto emocional” en los heridos por el pistolero, pero insiste en que “tiene derecho a pedirla y a no sufrir, y después se verá si se lo conceden”.

“Una gran incógnita”

En cambio, el vicepresidente del Comité de Bioética de Catalunya, el médico y profesor Màrius Morlans, que opina según su parecer personal, reconoce que el preso “reúne los requisitos” para la eutanasia, si se certifica la lesión medular irreversible y el sufrimiento, pero recuerda que no se lo ha juzgado y que, si el proceso médico sale adelante, “quedaría en suspenso la reparación moral que pretende el juicio”. “Es una situación nueva”, manifiesta Morlans, que cree que el debate es si predomina su derecho individual o el valor social de hacer justicia. “También se tienen que tener en cuenta los derechos de los otros”, asegura. Morlans ve “un conflicto clarísimo de intereses” con “una gran incógnita” en el que la jueza tendrá que “ponderar y equilibrar” todas las partes.

Tanto Escoda como Gámez dicen que las víctimas pueden buscar una compensación por la vía civil si el procedimiento penal se archiva por la muerte del pistolero, a pesar de que admiten que este proceso se complica en ausencia del autor del delito. Gámez propone que el Gobierno español, igual que plantea indemnizaciones para colectivos de víctimas como por ejemplo de la violencia machista o el terrorismo, "habilite un acto discrecional" para dar respuesta puntualmente a un caso tan específico como este.