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Sociedad  /  Salud 17/06/2022

Un año de la ley de la eutanasia: 60 personas han recibido ayuda médica para morir dignamente

La comisión independiente de Salud ha recibido 137 peticiones, ha aprobado 78 y ha denegado 8

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Eutanasia

BarcelonaLa ley de la eutanasia, que garantiza el derecho a poner fin a la propia vida con asistencia médica en caso de sufrir una enfermedad grave e incurable, con sufrimiento insufrible, o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante, ha ayudado a morir a 60 personas en Catalunya en su primer año en vigor. Cinco personas más están pendientes de hacerlo. La Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, el organismo independiente encargado de asegurar y controlar que las solicitudes cumplen los requisitos legales tanto antes como después de pedir esta práctica, ha recibido 137 peticiones de asistencia médica para morir dignamente y ha aprobado más de la mitad, un total de 78, y hay 18 más que están en curso. La mayoría de los beneficiarios de esta prestación sufrían enfermedades neurológicas graves (neurodegenerativas, demencias y pérdida completa de la movilidad) y cánceres incurables.

"La ley de la eutanasia ha sido un paso adelante largamente reclamado en nuestra sociedad, con una larga tradición de respeto hacia el derecho a morir dignamente", ha afirmado el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, que ha valorado positivamente el primer año en funcionamiento de la normativa. "Pensamos que la cifra aumentará con el tiempo porque iremos incorporando culturalmente [esta opción], pero expectativas no podíamos tener porque las personas podemos estar a favor o en contra de morir dignamente, pero la decisión solo se toma cuando te encuentras en la situación", ha puntualizado.

Los expertos que forman parte de esta comisión de garantías –constituida por médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos y juristas– han denegado ocho peticiones de eutanasia del centenar de solicitudes recibidas porque no cumplían con los rígidos requisitos legales que se exigen. Aun así, también ha habido revocaciones (cinco personas que habían hecho la petición optaron por anularla) y un total de 37 demandantes no llegaron a acogerse a su derecho porque murieron antes de que se resolviera la petición (9 ya habían recibido el visto bueno experto y 28 habían iniciado los trámites). De media, las solicitudes se han resuelto en 47 días. "El tiempo es un factor clave en el despliegue de la ley, porque es un proceso deliberativo y muy reflexivo de las personas y de los profesionales", ha explicado Argimon.

La mayoría de las peticiones las han hecho personas que tienen más de 51 años, pero doce de los solicitantes estaban en la franja 36-50 y una persona en la franja 18-35 años (se tiene que ser mayor de edad para hacer la solicitud). En cuanto al género, 77 son hombres y 60 mujeres. Las solicitudes se han tramitado sobre todo desde la atención primaria (81) y los centros hospitalarios (45), pero también ha habido casos derivados de los centros de atención intermedia (6), de unidades paliativas privadas (4) y de centros de salud mental de adultos (1). De las 137 solicitudes de eutanasia, 101 se han pedido en la demarcación de Barcelona, 21 en Girona, 9 en Tarragona y 6 en Lleida. 

167 objetores de conciencia

Catalunya fue una de las primeras comunidades del Estado en desplegar la ley de la eutanasia, después de que en marzo el Gobierno español aprobara definitivamente su despenalización y se convirtiera en el cuarto país europeo y el sexto del mundo que la regula. El diciembre pasado, medio año después, las autoridades catalanas ya habían recibido 53 peticiones de muerte asistida y practicaron 24. Hicieron falta muchos años de lucha de afectados y familias, a pesar de que un 87% de la población da su apoyo, debido a los varios bloqueos a la tramitación de la ley por parte de los políticos más conservadores. 

El decreto que regula la eutanasia en Catalunya también incluye un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, pero la cifra es muy baja, en comparación con otros territorios. Se han inscrito 167 profesionales de 90.000, cifra que representa un 0,15% del personal sanitario del país. La mayoría de los objetores (144) son médicos, pero también hay enfermeras (20), psicólogos clínicos (2) y farmacéuticos (1).

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