La Fiscalía investiga si hay irregularidades en la gestión de las ayudas a extutelados de la antigua DGAIA
El hecho de que el ministerio fiscal coja el caso no implica la suspensión de los dos expedientes que tiene abiertos Antifraude
BarcelonaEn marzo, la Fiscalía Anticorrupción pidió información a la Oficina Antifraude sobre las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la antigua Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y las presuntas irregularidades en la concesión y control de las prestaciones económicas y de vivienda que recibían los jóvenes extutelados. El ARA ha podido confirmar que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga el caso, aunque en una fase de diligencias todavía muy "incipiente".
El ministerio fiscal debe analizar uno a uno los expedientes de los extutelados para comprobar si existe algún tipo de delito y si se puede atribuir el hecho delictivo a alguien concreto. Una de las cuestiones importantes que debe dirimir el ente público es determinar si hubo un simple descontrol de la administración a la hora de supervisar estas prestaciones, fruto de una falta de organización y personal, o si existe una conducta que se pueda tipificar como constitutiva de delito.
El caso estalló en enero de 2025, cuando el ARA –y Octuvre– destaparon la denuncia de un trabajador del tercer sector que había detectado irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que afectaban a jóvenes extutelados. En un caso, por ejemplo, un joven recibía ambas prestaciones, cuando llevaba meses viviendo y trabajando en Valencia. Incluso, desde la fundación que se encargaba de la gestión de las ayudas se había cambiado al joven de piso alegando que estaba buscando trabajo, cuando, en realidad, llevaba meses trabajando fuera de Cataluña.
Cuando el trabajador alertó a sus superiores, le instaron a no poner "en evidencia la mala praxis y la malversación de fondos públicos". Posteriormente, en marzo, este diario explicó que había entidades en la provincia de Girona que engañaban a la administración con "plazas fantasma". Tres trabajadoras denunciaron que una entidad, a pesar de tener plazas vacías en los pisos para acoger a jóvenes, cobraba a la Generalitat como si las viviendas estuvieran llenas. Lo hacía, según los testimonios, "falsificando firmas de jóvenes" para hacer ver que "continuaban al servicio", es decir, que todavía vivían en el piso y que la entidad trabajaba estrechamente con ellos, a pesar de que no era cierto.
Dos expedientes
Precisamente, Antifrau tiene abiertos ahora mismo dos expedientes en relación con este caso. Aunque la Fiscalía requirió información y está investigándolo, Antifrau sigue con sus actuaciones. El primer expediente hace referencia a la actuación de la administración y los funcionarios de la DGAIA en la gestión de estas prestaciones.
En este sentido, la Sindicatura de Cuentas hizo en junio de 2025 un informe que concluyó que el departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. Unos pagos indebidos que, según el ente fiscalizador, "no responden solo a errores administrativos", sino a problemas "estructurales de transparencia y gobernanza" y que, por tanto, podrían dar lugar "a hechos perseguibles administrativa y judicialmente". De estos 167 millones, 4,7 millones estaban relacionados con el caso denunciado porque eran pagos indebidos a los jóvenes extutelados.
La otra investigación de Antifrau implica a las entidades que gestionan estas prestaciones. Aquí, según ha podido saber el ARA, hay más campo para recorrer.
Este viernes por la tarde el denunciante inicial, que tiene la condición de persona protegida por Antifraude, ha declarado en la comisión que se creó en el Parlament para investigar las presuntas irregularidades de la DGAIA. Lo ha hecho a puerta cerrada y acompañado de la unidad de protección de la oficina que dirige Josep Tomàs Salàs. Al acabar, ha sido el turno de Maria Teresa San Miguel, excapa de servicio del Área de los Jóvenes Tutelados y Extutelados. San Miguel ha puesto mucho el foco en las dificultades que tenía la administración para hacer un control de las prestaciones por culpa de la falta de recursos informáticos eficientes, ya que mucha documentación se ha hecho de manera manual hasta hace muy poco. También se ha quejado de la falta de personal a pesar del crecimiento de casos a supervisar.
El escándalo por explotación sexual durante meses de una menor bajo protección administrativa y las presuntas irregularidades denunciadas a principios del 2025 hicieron que el Gobierno de Salvador Illa reformulara la DGAIA y creara un nuevo organismo, la nueva dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), centrada más en la prevención y sin las competencias económicas que tenía hasta entonces. Así, ahora ya no contrata las plazas de acogida en los centros residenciales donde se alojan los menores ni tampoco se encarga de tramitar las prestaciones que reciben los jóvenes tutelados, que gestionaban a través de un contrato entidades del tercer sector.