La nueva ley de dependencia trae más ayudas para envejecer en casa y menos trámites para los servicios
El Congreso aprueba una reforma del sistema de dependencia y discapacidad con los votos de los partidos que dan apoyo al ejecutivo español
Madrid / Barcelona"Este 14 de julio será recordado como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados". El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha subrayado así una jornada en la que el Congreso ha aprobado por mayoría dos cuestiones trascendentales del sistema de cuidados: se convalida un decreto ley para obligar al Estado a aportar, por primera vez, el 50% de la financiación de los servicios previstos en la ley de dependencia; y también que la teleasistencia sea un servicio universal para todas las personas dependientes (actualmente está sujeta a criterios de edad o al copago). De hecho, Bustinduy ha comparado la nueva legislación con el sistema de pensiones que se estableció en el siglo XX o con el acceso a la educación y a la sanidad universales. El nuevo escenario debe beneficiar a los 300.000 dependientes y a los 130.000 en lista de espera que hay en Cataluña, la comunidad con más lista de espera, que ya ha aprobado un plan de choque para agilizar los trámites en el cobro de las ayudas mientras no llega el turno de una plaza residencial. Cada día una treintena de catalanes mueren sin haber recibido una ayuda.
La ley estatal de la dependencia nació hace veinte años con el objetivo de que el Estado aportara la mitad del coste de los servicios, pero a la hora de la verdad las inversiones estatales se han reducido y han sido las comunidades las que han asumido el grueso de la factura, junto con los beneficiarios. A partir de la reforma, el Estado duplicará las transferencias a las autonomías para este concepto con un récord de 7.239,4 millones el próximo año, condicionados al cumplimiento de una serie de criterios con el objetivo de que las comunidades incrementen la cobertura en servicios y en más horas de atención. El consejo de ministros ha aprobado un extra de financiación más por 904 millones de euros.
Cuidadores que no sean familiares
La reforma responde a reivindicaciones de colectivos de personas con discapacidad y dependientes, y de las familias, que a causa del déficit de servicios y unas prestaciones escasas han tenido que hacer frente con sus recursos económicos y personales al cuidado del familiar. Una de las grandes reclamaciones que se han atendido es que se pone fin al régimen de incompatibilidades para recibir diferentes prestaciones y servicios a la vez, como ir a un centro de día y tener atención domiciliada. En este ámbito, la norma se moderniza y amplía el foco más allá de los parientes de sangre y reconoce los nuevos modelos de convivencia para que personas del entorno sin lazos familiares (compañeros de piso, vecinos o parejas sin oficializar) puedan registrarse como cuidadoras principales y, por tanto, puedan cotizar por llevar a cabo esta tarea.
Entre las grandes novedades destaca la figura de la asistencia personal, que está pensada para acompañar al beneficiario de la ley para hacer actividades cotidianas como ir a comprar o a las visitas médicas con la voluntad de cubrir las necesidades más allá de la atención doméstica y de cuidados para intentar retrasar al máximo el traslado a una residencia. Además, por primera vez, la teleasistencia se convierte en un derecho subjetivo para cualquier persona con una dependencia reconocida y contarán con un brazalete con geolocalización. Por otra parte, se agilizan los trámites y se crea una única pasarela para la dependencia y discapacidad que debe evitar la duplicidad de trámites, de manera que el grado de dependencia I (el más bajo) equivaldrá directamente a tener reconocido el 33% de discapacidad, y el II y el III hasta un 65%.
La aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad ha contado con el apoyo del PSOE y Sumar, y de los otros partidos que avalaron la investidura de Pedro Sánchez, aunque han criticado la falta de ambición. Por contra, el PP y Vox se han alineado para votar en contra, aunque los populares sí que han sumado sus votos para blindar la aportación del 50% del Estado.
En el capítulo de reacciones, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha subrayado que la prioridad debe ser las 255.450 personas que se encuentran en las listas de espera en todo el Estado (en Cataluña, doce meses de media), y ha puesto deberes para las comunidades: incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias.