El gobierno español busca calmar Ceuta prometiendo más recursos para agilizar los retornos

MadridEl gobierno español y el gobierno de Ceuta continúan buscando espacios donde ubicar temporalmente a las personas inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio y que todavía malviven en la calle. La intención es que, una vez estén "acotados" en espacios temporales, se puedan registrar y "retornar" al país de origen de acuerdo con la ley, ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa este miércoles. Torres también ha prometido más recursos para agilizar los trámites y hacer posible los retornos. Hay que tener en cuenta que la ley obliga a hacer expedientes individualizados y estudiar los casos uno a uno.

"Este es el plan [...]: afiliarlos para que vuelvan lo más pronto posible", ha reiterado el ministro. El gobierno de Ceuta ha vuelto a reclamar este miércoles un retorno "inmediato" de todas las personas inmigrantes que continúan en la ciudad. Torres ha insistido en que se debe hacer "dentro de los márgenes de la ley" y ha recordado que hay políticos condenados por retornar en el año 2021 a menores de edad al margen de la ley. En Ceuta, además de menores, también hay solicitantes de asilo.

Con este mensaje, el gobierno español, que siempre ha situado el retorno como una prioridad, busca calmar los ánimos del gobierno de Ceuta, que temía que los espacios habilitados se convirtieran en un precedente y no fueran temporales.

"La prioridad es que vuelvan, y si vuelven no hacen falta campamentos –ha dicho horas antes el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP)–. Cuando los ámbitos legales son irresolubles [en referencia a la prohibición del retorno expreso de las personas, sobre todo de los menores], se deben poner los medios para resolver el problema. Hacen falta más funcionarios de extranjería, policías, intérpretes, jueces, fiscales, más de todo para acelerar los trámites".. Ahora, el gobierno español ha prometido un refuerzo.

Pero el mensaje del ejecutivo español también busca calmar los ánimos de la ciudad de Ceuta, donde la tensión entre los vecinos crece por momentos. De hecho, a Torres se le ha recibido con una manifestación contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. "Ceuta se defiende, Ceuta no se vende", gritaban los manifestantes mientras ondeaban banderas de España. El ministro ha hecho una llamada a la "convivencia". "La violencia no lleva a ninguna parte", ha dicho.

¿Qué espacios?

Este miércoles se ha celebrado la primera reunión entre el gobierno español y el de Ceuta después de aprobar la declaración de "situación excepcional" en la ciudad y designar un mando único dirigido por Ángel Víctor Torres. Pedro Sánchez presidirá la segunda reunión de este viernes telemáticamente desde la Moncloa.

El ejecutivo español ha aprobado un real decreto para habilitar todos los polideportivos de Ceuta como espacios temporales de acogida. También otras instalaciones y organismos que dependen de la ciudad autónoma, además de instalaciones con titularidad de hasta 11 ministerios diferentes, según se detalla en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En total, se prevén habilitar 2.000 nuevas plazas.

De todos los espacios planteados, el gobierno de Ceuta ha rechazado la idea de los polideportivos, cosa que el ministerio ha aceptado. "[Los espacios planteados] Son espacios susceptibles de ser utilizados, pero no queremos perjudicar la convivencia ni la normalidad", ha dicho el ministro de Política Territorial justo después de reunirse con el presidente de Ceuta. Torres ha reconocido que continúan buscando espacios y ha revelado que ya se han desalojado las escuelas públicas donde se habían acogido 350 niñas de manera temporal, que ya han reubicado. Los nuevos puestos se añadirán a los que ya se han habilitado, donde hasta ahora se han ubicado unos 2.000 inmigrantes.

El gobierno de Ceuta asegura que envió una lista con diferentes emplazamientos donde ubicar a las personas. "La zona próxima [a la frontera] de El Tarajal y otras zonas alejadas del núcleo residencial. Estos campamentos deben estar en zonas en las que no afecten a los vecinos", ha afirmado Vivas. De hecho, el decreto prevé que los espacios se designarán "desde el consenso" y que la lista de instalaciones del gobierno español es "modificable y flexible", ya que se tendrá en cuenta el criterio del gobierno local.

Finalmente, el gobierno de Ceuta ha pedido formalmente al gobierno español que asuma las competencias sobre los menores inmigrantes no acompañados, que ahora son competencia de la administración autonómica y, en este caso, local. Una petición que el ministro ha descartado por completo.

Cifras contradictorias

Mientras tanto, el baile de cifras continúa. El gobierno español no ha dado ninguna cifra oficial del número de inmigrantes que continúan en la ciudad desde que entraron hace casi un mes. Tampoco cuántos viven en la calle. Además, los retornos a Marruecos continúan a cuentagotas. En cuanto a los menores no acompañados, después de que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciara que ya se habían registrado unos 2.900 menores de edad solos ante las autoridades españolas, el ministro de Política Territorial ha rebajado los afiliados a 1.410. "Todavía quedan menores en la calle", ha dicho Ángel Víctor Torres, que ha reconocido que "no tienen" un número definitivo de menores.

Este jueves, el debate vuelve precisamente en torno a los menores inmigrantes no acompañados que están en Ceuta. El ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas se reúnen para abordar la situación, aunque el único punto oficial del orden del día es la aprobación de 25 millones de euros extraordinarios para reforzar los recursos de Ceuta. El PP vetó, en una reunión previa, abordar la situación de los niños, pero el ministerio tiene intención de plantear soluciones.

Las consejerías del ramo en manos de Vox tras los pactos con los populares (Aragón, Castilla y León y Extremadura) no acudirán a la reunión y ya han advertido que "impugnarán" los expedientes que reciban. El PP, mientras tanto, hace equilibrios entre la presión de la ultraderecha y el cumplimiento de la ley, que obliga a aceptar el reparto. Sea como sea, fuentes del ministerio de Juventud e Infancia indican que se está lejos de poner una cifra sobre la mesa y, de hecho, se quiere priorizar el traslado a la Península de los perfiles más vulnerables, sobre todo de las niñas, pero llegando a acuerdos directos con entidades privadas. Las competencias continuarían en manos de la ciudad autónoma.