Acuerdo para reparar a las víctimas de pederastia de la Iglesia: "El Estado decidirá la indemnización y la Iglesia la pagará"

Barcelona"Ha sido una negociación compleja, ardua, dura y larga, pero hemos llegado al punto de que queríamos y estamos más que satisfechos". Así describió el ministro de la Presidencia del gobierno español, Félix Bolaños, las negociaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos para llegar a un acuerdo por la "reparación y reconocimiento" de las víctimas de abusos dentro de la institución eclesiástica. "Hoy se da un paso indiscutible que da justicia", ha remarcado el ministro durante la presentación de los detalles del acuerdo, este jueves por la mañana.

Bolaños ha explicado que el pacto "cumple con todos los requisitos que puso sobre la mesa el Defensor del Pueblo" y prevé un sistema mixto, entre el Estado y la Iglesia, para definir cómo deben ser estas compensaciones. Así, se creará una comisión a la que las víctimas podrán presentar su solicitud de reparación y esta petición se trasladará a una unidad de víctimas, liderada por el Defensor del Pueblo, quien decidirá qué reparación corresponde en cada caso. "Puede ser una reparación económica, moral, psicológica o restaurativa o incluso de las cuatro formas a la vez", detalló el ministro.

Una vez definida la compensación, trabajada caso por caso, la propuesta se trasladará tanto a la víctima como a la Iglesia católica, que tendrán que decidir si la aceptan o no. Si las partes están de acuerdo, la propuesta será firme. Bolaños también remarcó que "por supuesto" todas las reparaciones irán "a cargo de la Iglesia católica": "El Estado no abonará ni un céntimo", enfatizó.

Un papel destacado por el Defensor del Pueblo

Por el contrario, si la propuesta que presenta el Defensor del Pueblo no satisface a alguna de las partes, entonces se hará una nueva comisión mixta, en la que también se incluirá a las asociaciones de víctimas, que trabajará de forma conjunta para conseguir un acuerdo de consenso que todas las partes encuentren justo. "Si tampoco hubiera acuerdo en esta segunda instancia, entonces lo que prevalecerá será la decisión del Defensor del Pueblo", ha explicado el ministro. "Así, queda claro que la indemnización la decidirá el Estado [el Defensor del Pueblo] y la iglesia será quien pagará", ha insistido. Además, las indemnizaciones económicas estarán fiscalmente exentas, tanto las que se pacten a partir de ahora como las que ya se han recibido anteriormente.

El acuerdo llega después de décadas de silencio y supone –según han coincidido tanto Bolaños como también la Conferencia Episcopal y la de Religiosos– "un paso indiscutible para hacer justicia". El pacto, que da un papel "nuclear" a la figura del Defensor del Pueblo, prevé un año (con posibilidad de prórrogas) para que las víctimas puedan dirigirse a la administración y exponer su caso, y está pensado para aquellas víctimas para las que "ya no es posible la vía judicial", ya sea porque el caso ocurrió hace muchos años y ya ha ocurrido hace muchos años. La firma se realizó este jueves a primera hora de la mañana y, además del gobierno español, asistieron el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

Argüello: "Es el reconocimiento de una obligación moral"

A su vez, Argüello remarcó que la Iglesia quiere "asumir responsabilidades" y "ampliar la mirada". "Este acuerdo es el reconocimiento de una obligación moral", ha dicho. "Supone un paso adelante a la Iglesia, de lo que aprendemos, a través de la escucha de las personas y del deseo de que la verdad y la justicia resplandezcan", ha añadido el presidente de la Conferencia Episcopal.

Esta institución religiosa también ha explicado que la voluntad del acuerdo también es que se pueda hacer extensivo a "otros ámbitos", fuera del eclesiástico, donde también se han cometido abusos "como el del deporte o en los centros de menores". Por ese motivo, Argüello ha pedido al gobierno español que el pacto quede recogido dentro de la ley de protección de menores y sirva como protocolo de reparación general. "Dentro del dolor que supone para la Iglesia esta situación, perpetrada a nuestro propio sí y por personas que debían generar confianza, esperamos que este paso, esta experiencia, sirva también por todos los demás ámbitos", ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal.

Bolaños no ha dudado en señalar, también, que el acuerdo "llega tarde", pero ya ha argumentado que llega "con carácter retroactivo". "Hay víctimas que ayer no tenían nada; que no podían iniciar acciones penales porque todo había prescrito: ese acuerdo es para ellos", concluyó. El ministro también ha aprovechado su comparecencia para agradecer su disposición a negociar tanto de la institución eclesiástica como de las asociaciones de víctimas. También ha explicado que, durante todo este proceso, se había reunido en varias ocasiones con el papa Francisco y ha considerado que el Vaticano –ahora también con León XIV como pontífice– ha sido una figura clave para dar impulso al acuerdo.

Según el informe sobre la pederastia en la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo en 2023, un 1,13% de la población adulta española ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y un 0,6%, directamente de sacerdotes y religiosos. De realizarse la extrapolación, serían unas 440.000 personas víctimas en el primer caso y 234.000 en el segundo, sobre un total de unos 39 millones de personas adultas en todo el Estado. El acuerdo llega en un momento de tensión entre el gobierno español y la Iglesia. Cabe recordar que Argüello opinaba en diciembre en una entrevista en La Vanguardia que en España "hay que ir a cuestión de confianza, moción de censura o elecciones", y desafiaba, así, la voluntad de Pedro Sánchez de agotar la legislatura hasta el 2027.