Derechos sociales

El Gobierno intentará reducir a dos meses la larga espera para cobrar la dependencia

El ejecutivo catalán realizará una prueba piloto en Vic y Castelldefels para reducir las listas, que superan el año

BarcelonaEl año pasado más de 9.000 catalanes murieron a la espera de que se les reconociera el grado de dependencia. Esto significa que cada hora una persona muere desatendida, sin haber recibido el derecho reconocido en la ley de dependencia. Para evitar este agravio, el Gobierno trabaja en un plan para acortar las listas de espera, que ahora superan el año entre que se pide la prestación, se reconoce el nivel de dependencia y se aprueba el plan individual de atención (conocido por sus siglas PIA), en el que se determinan los servicios a los que se tiene derecho en función de la incapacidad. Según ha podido saber el ARA, el objetivo del ejecutivo es que estas personas esperen a lo sumo dos meses para tener el reconocimiento de la incapacidad y cobrar la prestación.

Para evaluar este método, el Govern prevé desplegar una prueba piloto en las "próximas semanas" en Vic y Castelldefels y, si funciona, se hará extensivo al conjunto del país. Se trata de una iniciativa conjunta entre las consejerías de Salud y Derechos Sociales y el Comité de Evaluación, Innovación y Reforma Operativa del Sistema de Salud (CAIROS), que tiene el encargo del ejecutivo catalán de repensar el sistema sanitario de cara al futuro. El presidente del comité, Manel del Castillo, admitió al ARA que actualmente el circuito para conseguir el reconocimiento de la incapacidad es complejo y esta prueba piloto nace con la voluntad de ordenar y poner orden para que sea más accesible para los ciudadanos. "Es un tema organizativo", simplifica del Castillo.

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Así, las personas que necesiten el reconocimiento de un grado de dependencia lo podrán gestionar tanto desde su centro sanitario de referencia como desde el Ayuntamiento. Se les tomará la información y se las citará para poder realizar una visita a su domicilio. Un equipo conjunto de trabajadores sociales y trabajadores sanitarios realizará el análisis pertinente para determinar el grado de incapacidad de la persona en cuestión y este mismo equipo enviará la información a Derechos Sociales para que tramite la prestación. "Se trata de una reducción de trámites", concluye el presidente de Cairos, que admite que el objetivo de acortar la espera a un máximo de dos meses es ambicioso, pero insiste en que hay que ponerse manos a la obra lo antes posible porque la sociedad cada vez está más envejecida.

Este viernes los profesionales sanitarios y sociales de Vic y Castelldefels harán una jornada conjunta para acabar de pulir la coordinación y poner en marcha la prueba piloto en las próximas semanas. Se trata de un paso más hacia la integración social y sanitaria que hace tiempo que el Govern persigue. El progresivo envejecimiento de la población aumenta el número de personas que necesitan un abordaje conjunto social y sanitario, ya que las personas mayores son más frágiles, tienen diversas enfermedades y necesitan más atención. También hace más urgente acabar con la fragmentación del sistema y ofrecer una atención conjunta. De hecho, desde el Carios prevén presentar nuevas iniciativas de atención integrada a finales de octubre después de anunciar las primeras transformaciones del sistema sanitario en la atención primaria.

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De hecho, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales estima que el 3,5% de la población española necesita soporte para su vida. En cambio, más de 103.000 catalanes han muerto mientras engordaban las listas de espera para que se les reconociera el grado de dependencia o para recibir una prestación, según un balance del Observatorio de la Dependencia que recoge los datos entre 2007 y 2024. Desde que entró en vigor la ley de la dependencia en el Congreso de los Diputados, eso sí, se han beneficiado 3,7 millones de personas; la mayoría ancianos, pero también adultos y menores con discapacidades superiores al 33%.