El Govern congela los nuevos proyectos de renovables hasta el otoño

BarcelonaLos futuros parques eólicos o fotovoltaicos que se quieran implantar en Catalunya tendrán que contar con un acuerdo previo con la propiedad de los terrenos antes de iniciar la tramitación de la Generalitat y también se tendrá que haber comunicado previamente el proyecto al ayuntamiento correspondiente. Son algunos de los nuevos requisitos que el Govern prevé incorporar en el decreto de renovables actual, que se modificará en otoño, según ha avanzado la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà. Hasta entonces no se evaluará ningún nuevo proyecto y los que habían recibido el visto bueno inicial de la ponencia de renovables (253 en total) también tendrán que cumplir estas condiciones. También se prevé establecer un techo comarcal de proyectos para "protegir los cultivos y repartir los parques por todo el país", según el departamento.

El cambio quiere apaciguar el conflicto que ha abierto en el territorio el despliegue del decreto de renovables y, en la práctica, elimina el papel de la ponencia de renovables, que hacía de primer filtro de los proyectos que inundaron la mesa del antiguo departamento de Territorio. Esta situación "ha propiciado una burbuja de carácter especulativo", ha afirmado Jordà. Las propuestas ahora se evaluarán desde el nuevo departamento de Acción Climática, que concentra las competencias de energía, medio natural y agricultura, antes distribuidas en otras conselleries. La consellera ha lamentado que este mecanismo de consulta previa de la ponencia haya causado un "gran malestar en todo el país por la masificación de proyectos y no ha tenido en cuenta ni a los ayuntamientos ni a los propietarios de los terrenos". Con las modificaciones que el departamento quiere tener aprobadas para Todos los Santos, ha dicho Jordà, hará falta un acuerdo previo con los propietarios de al menos el 85% de la superficie que se quiere ocupar y se tendrá que haber informado formalmente al consistorio antes de poder sacar adelante la tramitación.

Cada puntito que se añadía en el mapa de la Generalitat cuando la ponencia veía "viable" una propuesta de parque encendía el ánimo de los municipios, sobre todo donde la concentración de parques es mayor. Además, muchas veces los mismos ayuntamientos se enteraban entonces, según denunciaban las plataformas surgidas en muchas comarcas. Este sistema hacía que recibieran luz verde incluso proyectos que se solapaban o que estaban demasiado cerca los unos de los otros. Jordà ha defendido que empezará una ronda de contactos con entidades ciudadanas, ayuntamientos y patronales del sector para encontrar consensos y avanzar en el despliegue de manera "más ágil". "No es que las comarcas sean contrarias a la implantación, pero no se puede hacer de espaldas a la gente y los ayuntamientos y, en muchos casos, a la propiedad del terreno", ha avisado la consellera en la primera comparecencia a la comisión de Acción Climática para explicar la hoja de ruta del departamento.

Jordà ha insistido que la transición energética "no se quiere frenar, sino darle más velocidad", y que los cambios en el decreto permitirán agilizar los proyectos que estén más maduros y cumplan los requisitos. Catalunya, de hecho, no se puede permitir atrasar más la instalación de parques renovables si quiere cumplir los objetivos europeos: de aquí al 2030 hay que triplicar la producción eólica y que la fotovoltaica implantada sea 17,5 veces más potente que la actual.

Desde la entrada en vigor del decreto 16/2019 la Generalitat ha recibido 521 propuestas de promotores: 379 de instalaciones fotovoltaicas y 142 de eólicas. Ha analizado casi 400 y ha autorizado la tramitación de 253, entre las cuales cuatro de las cuales ya han llegado a información pública. Serán justamente estos cuatro proyectos los únicos a los cuales no afectarán los cambios en el decreto porque están en fase más avanzada.

Prohibidos los parques en terreno agrícola de alto valor

Más allá de los proyectos que impulsan grandes promotores, necesarios para cumplir los objetivos europeos, el Govern quiere introducir cambios para impulsar proyectos de comunidades energéticas locales que busquen autoabastecerse con energía verde. Jordà ha anunciado que estos proyectos se considerarán "de interés estratégico" y tendrán prioridad en la tramitación administrativa. Se quiere abrir la puerta a instalar pequeñas plantas en suelo urbanizable, como por ejemplo polígonos sin actividad o que están planificados por Urbanismo pero no se han desarrollado.

En cuanto a la preservación de suelos agrarios y espacios naturales que se han visto amenazados por proyectos de renovables, se incorporarán al decreto limitaciones en los territorios de más calidad para la producción agrícola. De hecho, el antiguo equipo de Agricultura ya hacía valer en la discusión de la ponencia de renovables una clasificación del suelo del Instituto Cartográfico que ahora adquirirá rango de ley. Se vetará la instalación de parques en los terrenos mejores para la agricultura (los llanos y profundos), se limitará en los que tienen calidad mediana –donde solo podrán ocupar entre el 5% y el 10% de la superficie total– y se admitirá la instalación sin restricciones en el resto (aquellos de poca profundidad, con pendiente y piedra). En esta última categoría sin límites también se incorporarán los campos abandonados que después de veinte años sin actividad se han convertido en bosques. En todo Catalunya hay unas 100.000 hectáreas de este tipo abandonadas, según el departamento.

Un atraso preocupante

La modificación del actual decreto se hace por la vía de urgencia mientras, en paralelo, se tramitará la que tiene que ser la Ley de Transición Energética de Catalunya, la norma definitiva que tiene que regular todo el despliegue futuro de las energías renovables de acuerdo con los objetivos que ha fijado la Unión Europea y que recoge la misma Ley de Cambio Climático catalana. Esta norma fija que el 50% del consumo eléctrico catalán en 2030 ya tiene que venir de fuentes renovables y que el porcentaje se tiene que disparar hasta el 100% en 2050.

Catalunya parte de un atraso que la sitúa a la cola de la potencia instalada en el Estado. La electricidad renovable representa apenas el 30% del total mientras que la media española ya se encuentra al 54%. En cambio, hoy el 54% de la energía eléctrica que consumen los catalanes viene de tres centrales nucleares que tienen fecha de caducidad. El ministerio de Transición Ecológica ha planificado el cierre de Ascó I en 2030, a la cual seguirá Ascó II dos años después y, finalmente, en 2035 tendría que cerrar Vandellòs.

Todo ello obliga al Govern a acelerar para cumplir los plazos. Antes del cierre de las nucleares hace falta que la producción eólica se multiplique por tres y que la potencia en fotovoltaica implantada sea 17,5 veces mayor que ahora. Y para cumplir con el compromiso del 2050, el salto todavía es más importante: hacen falta 48.000 MW, 36.000 de los cuales tienen que ser fotovoltaicos. Según los cálculos del Govern, harán falta 70.000 hectáreas para poner placas solares.