Más de 6.600 migrantes fallecieron el año pasado intentando entrar en España, más del doble que en el 2022
Caminando Fronteras denuncia la falta de medios públicos para auxiliar a los náufragos
BarcelonaEl 2023 ha cerrado como el año más mortífero en las rutas migratorias entre África y España, según los registros realizados desde hace 18 años. La entidad Caminando Fronteras ha contabilizado la muerte de al menos 6.618 personas en el intento de llegar al Estado, de las que 6.007 fallecieron de camino a Canarias. La cifra representa un aumento del 177% respecto al ejercicio anterior (2.400 personas fallecidas) y supone de media 18 personas fallecidas cada día. La organización alerta, además, de que tiene constancia de que hasta 84 embarcaciones desaparecieron en medio del mar sin que se haya recuperado ningún cadáver de los ocupantes. "A pesar de que las cifras son terribles, sabemos que están más muertos", indicó la directora de la ONG, Helena Maleno, quien denunció de nuevo que las políticas europeas vulneran derechos humanos y provocan muerte.
Las cifras ya de por sí son terribles, pero si se compara con los 11.000 ahogados que se registraron en el quinquenio entre 2018 y 2022, revelan hasta qué punto el año pasado demostró que la inestabilidad político-social, la pobreza o los conflictos en el África subsahariana son el gran revulsivo para que miles de jóvenes se marchen de sus países para encontrar una vida mejor para ellos y sus familias. Sólo el año pasado murieron 384 criaturas, mientras que el total de los cinco años anteriores fue de 377.
Del total de fallecidos, que procedían de hasta 17 países, la gran mayoría, 6.007, se produjeron en la ruta atlántica hasta Canarias, la más transitada, larga y mortífera del mundo, que ha tenido un repunte del tráfico desde las revueltas del verano en Senegal. Según el ministerio del Interior, el pasado año llegaron casi 57.000 personas de forma irregular a los puertos del archipiélago, un 82% más que en el ejercicio anterior, superando así la llamada crisis de los cayucos hace dos décadas. Por detrás, 434 personas perdieron su vida en la ruta argelina del Mediterráneo occidental (que llega hasta Baleares); 147 migrantes en el estrecho de Gibraltar y 30 en la ruta de Alborán.
En la presentación del informe Derecho a la vida 2023, Maleno ha responsabilizado del aumento de los fallecidos en el mar el hecho de que los gobiernos europeos priorizan el control de las fronteras, con patrullas de guardias y encargando su control a terceros países, en lugar de ir al auxilio. Tampoco se preocupan de buscar si existen posibles supervivientes o intentar recoger los cadáveres, según la ONG, que denuncia un aumento del uso de métodos de búsquedas pasivas, consistentes en emitir una alerta a los barcos comerciales y de recreo que patrullan la zona por si localizan la embarcación, en detrimento de la activación de medios propios. Para Maleno, estas prácticas suponen que la omisión del deber de socorro sea la política de "control migratorio" que rige en España. Así, insistió en que cuando se detecta un naufragio o una embarcación en riesgo y se alerta del peligro a las autoridades españolas o marroquíes, estas a menudo "no activan los medios de búsqueda y rescate" y cuando lo hacen, "es demasiado tarde" para poder salvar a los náufragos.
En este sentido, el activista ha subrayado la diferencia de tratamiento entre los naufragios de embarcaciones con migrantes a bordo y otros accidentes, como los de barcos ordinarios o aviones. "Uno cayuco con 300 personas es como un accidente de avión, pero, en cambio, no se hace el mismo operativo para unos y otros", ha denunciado, y ha asegurado que "la capacidad de salvar vidas está ahí", pero es cuestión de prioridades Para Caminando Fronteras, es vital establecer rutas migratorias seguras, como informar a las embajadas y consulados de terceros países sobre los derechos de asilo, para que no se condene a los migrantes a tener que jugarse la vida e invertir miles de euros para atravesar el mar y llegar a España.
En la presentación también ha participado el activista senegalés Pape Sarr, que ha criticado que Europa haga "la vista gorda" a la situación política de su país por el interés económico que existe en la zona, "mientras envían a Frontex a apoyar a los guardacostas" senegaleses para impedir las salidas de las pateras", informa Efe.