Las entidades sociales se integrarán en el circuito de regularización de migrantes

BarcelonaLas entidades sociales se integrarán en el circuito para la regularización de inmigrantes en Cataluña que se prevé que comience en el mes de abril y que en Cataluña podría beneficiar a entre 120.000 y 150.000 personas migrantes. Ésta es una de las principales conclusiones de la cumbre que se ha celebrado este miércoles entre el Gobierno, la Delegación del gobierno español, representantes de sindicatos y patronales, administraciones locales y el tercer sector social. El objetivo del encuentro era poner las bases para "una alianza" de país que pueda acompañar a los ciudadanos que necesiten completar este proceso.

De esta manera, se busca que haya una gran red de personas y entidades que faciliten los pasos a realizar para regularizarse, por ejemplo, haciendo más accesible la información sobre los requisitos a cumplir para entrar en la medida. Además de la complicidad con las entidades sociales, el ejecutivo catalán está estudiando si las oficinas de atención a la ciudadana deben activarse para agilizar trámites. "Estamos en pleno proceso de pensar cómo poner manos a la obra", ha asegurado la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo.

Una evidencia de la necesidad de un circuito más claro y ágil para beneficiarse de esta regulación se ha podido ver en los últimos días en el consulado de Pakistán en Barcelona, ​​donde durante la última semana se han formado colas de cientos de personas que acudían para conseguir alguno de los documentos necesarios para optar a la regulación.

En la cumbre, Generalitat y gobierno español han hecho un llamamiento a los agentes sociales, el mundo local y el tercer sector para sumarse al "esfuerzo colectivo" para impulsar la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles de todo el Estado acordada por el gobierno de Pedro Sánchez.

Incorporación en el mercado de trabajo

Más allá de la alianza, el Govern también ha propuesto la creación de un grupo de trabajo técnico para coordinar las actuaciones "de información, difusión y formación", para apoyar a las personas potencialmente beneficiarias de la regularización y agilizar su incorporación al mercado de trabajo. En este sentido, la consejera de Derechos Sociales ha defendido que la medida puede comportar un incremento de un 4% de la población activa y que "puede convertirse en uno de los impactos positivos más relevantes de los últimos años en la competitividad de la economía catalana y por la lucha contra la exclusión social".

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, insistió en que la colaboración entre instituciones para agilizar la regulación "responde a la voluntad de garantizar la dignidad, la igualdad y la convivencia, y de construir una sociedad que no deje a nadie atrás".

Por último, el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto, sacó pecho asegurando que "la regularización es buena para el conjunto de la ciudadanía y para el país", y que supondrá "un golpe de muerte para la economía sumergida".