El Gobierno plantea financiar a los ayuntamientos en función de la población migrante
Un grupo de expertos apuesta por introducir en los currículos la historia de la migración
BarcelonaEl Gobierno se plantea la creación de un fondo económico para financiar a los ayuntamientos en función de la población migrada que tienen para ayudar a mejorar su acogida y facilitar que los consistorios dejen de depender de subvenciones. Es una de las propuestas del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) del departamento de Derechos Sociales, que este lunes ha presentado un informe en el que radiografía a los 1,4 millones de extranjeros que viven en la Cataluña de los 8 millones.
El Fondo Catalán para la Acogida y la Inclusión pretende dar más herramientas a los alcaldes catalanes para poder planificar más la llegada de población inmigrante, y quiere dotarles de un presupuesto fijo que va más allá de las fórmulas de subvenciones y planes puntuales que a menudo se acaban sin haber dado la respuesta esperada porque, sencillamente, se ha dado la respuesta esperada. En el acto de presentación del informe, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha indicado que el fondo puede tener encaje en el nuevo programa con el mundo local, y que los futuros presupuestos de la Generalitat ya contarán, si se aprueban, con una dotación adicional para atender al colectivo, tras el acuerdo del PSC y Comuns.
La propuesta del fondo es todavía una idea, pero cuenta con el aval de la consellera que no ha querido entrar en cuáles serán las políticas públicas ni las iniciativas que podría financiar. En este sentido, se refirió al conocimiento que tienen los ayuntamientos de las "necesidades" reales de cada municipio para decidir en qué invertirlo. En un momento en el que las formaciones ultras combaten las políticas para favorecer la cohesión social, la consellera ha indicado que el Govern estará "muy vigilante de que se cumpla la legalidad" en aquellos consistorios que quieran saltarse la ley e intenten discriminar o criminalizar a las personas migradas.
La oportunidad
Los expertos del CETIS, liderados por Gemma Pinyol-Jiménez, subrayan la "oportunidad" que supone la inmigración para Catalunya: ya ha salvado la demografía y ha ayudado a reactivar la economía haciendo que su aportación al PIB sea mayor que el gasto social que suponen. El documento apuesta por "asumir" la diversidad de los nuevos catalanes; reniegan hacer políticas específicas para el colectivo y, por el contrario, indican que el camino es adaptar la estructura del estado del bienestar a las desigualdades que crecen por necesidades sociales, sanitarias, de vivienda o de educación.
Martínez Bravo ha subrayado que es "injusto" culpar a la inmigración de todos los males de la sociedad catalana, en la línea que describe el informe del CETIS, que confirma que la inversión para atención social no ha crecido al mismo ritmo que la población y, por tanto, ha provocado servicios tensionados, con listas de 's'.
En este espíritu de "empatizar" con los migrantes, los expertos también proponen actuar contra los discursos de odio imperantes en ciertos sectores, para que la población deje de señalar a los extranjeros como responsables de la degradación de los servicios públicos. Así, plantean ofrecer una "narrativa inclusiva" a través de un nuevo Pacto por la Convivencia, que debe sustituir al de la Inmigración de 2008, que incluye, entre otras iniciativas, la inclusión dentro de los currículos escolares la historia de la migración y las consecuencias nefastas del colonialismo.
Además, en esta misma línea, apuestan por que sobre todo entre jóvenes y en las redes sociales se difundan buenas prácticas locales de cohesión ciudadana y aportaciones positivas de las personas migradas, para tener un nuevo relato que valore la diversidad.
Uno de los grandes inconvenientes para hacer políticas de cohesión son las grandes carencias de coordinación entre administraciones con competencias en migraciones. En este punto, existe voluntad de desplegar la Agencia de Migraciones de Catalunya, un organismo creado por una ley del 2010 que ha quedado en un cajón sin presupuesto ni personal asignado.
