Hasta 500 euros por los trámites gratuitos de regularización de migrantes

L'Hospitalet de LlobregatMientras que en la mayoría de oficinas de Correos habilitadas atienden sin incidentes remarcables y por rigurosa cita previa las personas migrantes que pueden hacer la regularización de papeles presencialmente desde este lunes, las largas colas se multiplican en los servicios que los ayuntamientos han montado para agilizar los trámites obligatorios. Desde el jueves 16, las solicitudes también se pueden hacer telemáticamente, pero es este lunes que se abrían los trámites presencialmente. La tardanza en la publicación de los documentos que se requieren ha hecho que hoy el grueso de los 150.000 beneficiarios que se calculan que habrá en Cataluña todavía estén pendientes de recoger toda la documentación necesaria.En L'Hospitalet la cola da la vuelta al enorme edificio de La Farga, donde se tramitan el informe de vulnerabilidad social y el volante del padrón municipal. El Ayuntamiento prevé atender hoy a 1.500 personas de las 27.000 que ya viven en el municipio. Los primeros demandantes han comenzado a llegar antes de la medianoche de este domingo. Las hermanas Sandra y María, colombianas que hace tres años y siete meses que residen en la ciudad, se esperan desde las 4 de la madrugada. "Si desde el principio nos hubieran dicho que necesitábamos la vulnerabilidad, tres cuartas partes de los que hoy estamos aquí ya tendríamos el informe", lamentan, sin tener la certeza de que hoy los funcionarios puedan dar respuesta a todos los que forman la fila.

"Saben que estamos desesperados"

Las trabajadoras sociales municipales también han hecho notar su malestar porque ahora se tengan que hacer a toda prisa miles de certificados, ya que esto agravará la saturación que ya sufren los servicios sociales básicos. "¿Por qué se exige acreditar la vulnerabilidad a personas sin documentación, que no pueden trabajar ni alquilar, que no tienen todos los derechos reconocidos y que por defecto son todas vulnerables?", se pregunta el sector. "Nos marean con el trámite porque saben que estamos desesperados", indica Mónica, ecuatoriana, que como muchos que hacen cola no ha podido ir a trabajar esta mañana. Y si no trabajan, no cobran, coinciden los que la rodean.

Walter es de Ecuador y hace meses que ya ha reunido el certificado de penales, el padrón, la documentación de los estudios que sigue y que sirven para demostrar que supera el mínimo exigido de cinco meses de estancia en el Estado. En su caso, ha pagado 300 euros al abogado para que le asesore sobre los trámites necesarios para el proceso y "sobre todo para la cita previa" de entregar todos los papeles. Las hermanas colombianas también han pagado 250 euros por cabeza. Intentaron hacer los trámites por su cuenta, pero no se salieron porque, dicen, "nadie sabía nada a ciencia cierta". También ha decidido pagar John, un boliviano, que también hace cola: "Al menos nos aseguramos, y vale más pagar 100 euros que quedarte sin papeles". Una trabajadora social explica que ha atendido a usuarios que han pagado hasta 500 euros por los trámites, que incluyen las tasas administrativas que cobran los consulados y el Estado. "Se aprovechan de nosotros", denuncia Imelda (que, como el resto, no quiere identificarse). Esta mujer peruana tiene mañana cita en Correos, diez minutos antes de las 10, dice emocionada, porque sabe que será "el último gran paso" para poder reunirse con sus hijos, que se han quedado en el país sudamericano. "Vine hace dos años a Cataluña y si hace cinco años alguien me lo hubiera preguntado, habría dicho que no, que yo no abandonaría mi país –explica–. Pero nos matan en la calle, en el autobús, si no pagamos, nos extorsionan, y eso no es vida". Cuenta los días para poder iniciar los trámites de reagrupación de sus hijos, de 11 y 20 años, con quienes habla cada día.Horas extras para atender a los usuarios

Las entidades sociales autorizadas para participar en este proceso extraordinario también hacen horas extras para atender a los usuarios registrados. El viernes, en la sede de la Coordinadora Obrim Fronteres, decenas de personas esperaban turno pacientemente para que las voluntarias las atendieran. Frente al ordenador repasaban la documentación que faltaba para completar el expediente: certificado de penales en España y en el país de origen, los títulos de transporte público o el envío de dinero a la familia, entre otros. "Todavía hay quienes no han conseguido las traducciones juradas y los poderes notariales", exponía un voluntario.

El Paipé, un senegalés de 22 años, confía poder arreglar su vida después de tanto sufrimiento, de un viaje en patera hasta Canarias cuando era menor de edad y de vivir en la calle un par de años desde que la DGAIA lo expulsó del centro después de que las controvertidas pruebas de edad determinaran que era mayor de edad y, por lo tanto, no tenía derecho a estar en el sistema de protección. "Ahora toca trabajar, por fin, porque yo salí de casa esperando trabajar y ser un hombre de provecho", afirma. Un compatriota, también joven, responde que una de las primeras cosas que hará cuando tenga un NIE (documento de identidad para los extracomunitarios) es ahorrar para volver a casa y "abrazar" a la madre. Un colapso previsto

La federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Coordinadora Obrim Fronteres y el movimiento Regularización Ya alertaban del riesgo de colapso de estas oficinas. Pocos días antes de que se pusiera en marcha esta regularización extraordinaria ya advirtieron al gobierno español que hacían falta criterios claros y suficiente personal.

Para atender las más de 150.000 peticiones previstas (60.000 en Cataluña), las entidades reclamaban dimensionar el dispositivo con una lógica de "anticipación, suficiencia y cobertura territorial" para garantizar el acceso al procedimiento. Por ello, apostaban por activar todos los registros oficiales y facilitar así la tramitación presencial, dar información multilingüe y pedir a consulados y embajadas agilizar la obtención de pasaportes y antecedentes penales.

Además, Arrels Fundació estima que el 75% de las personas sin hogar extracomunitarias que pueden acogerse al proceso tendrán “serias dificultades por su situación de exclusión social”, ya que muchos no disponen de la documentación porque o bien la han perdido o les ha caducado.

El gobierno español admite improvisación

El gobierno español ha admitido que el retraso por el dictamen del Consejo de Estado sobre el proceso de regularización ha obligado a improvisar en solo dos días los circuitos para atender a los demandantes y, de rebote, ha hecho que en muchos casos personas migrantes hayan hecho cola para conseguir documentación que no es obligatoria. En una primera valoración de cómo ha ido este primer día de los trámites presenciales, el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, se ha felicitado por el hecho de que entre este lunes y martes se habrán tramitado entre 2.000 y 2.500 citas previas para presentar la documentación en las 56 oficinas de la Seguridad Social y Correos habilitadas en Cataluña. Con todo, a pesar del triunfalismo, ha reconocido que se han formado colas en los servicios municipales para recoger el informe de vulnerabilidad y el volante del padrón, que solo se exigen en determinadas circunstancias. Así, quedan exentas las familias, los demandantes de protección internacional, los que han trabajado anteriormente en el Estado o ya tienen un precontrato laboral, que pueden presentar un certificado para demostrar residencia con un carné de biblioteca y el sello de entrada al pasaporte antes del 31 de diciembre.

En la segunda reunión entre los dos gobiernos, sindicatos, patronal y el tercer sector que se ha celebrado esta tarde, se ha puesto de manifiesto que no toda la información que ha circulado para este proceso ha sido lo suficientemente clara y, por contra, se ha generado confusión entre los interesados.

De hecho, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Xavier Trabado, ha reclamado que las entidades sociales autorizadas en este proceso cuenten con mejores mecanismos de clarificación para resolver las muchas dudas que se han generado entre profesionales y voluntarios para poder hacer un mejor acompañamiento. "No podemos jugar al juego de los teléfonos", ha indicado en declaraciones a la prensa. Desde el sector se pide que las administraciones premien con más dinero el sobreesfuerzo que hacen las organizaciones al mismo tiempo que también se incide en el hecho de que se pongan más dinero para la integración social y aprendizaje del catalán. Para dar respuesta, mañana se pondrá en marcha una mesa técnica permanentemente entre las dos partes.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha prometido que la Generalitat ayudará a reforzar los servicios sociales municipales y ha anunciado la aprobación mañana martes de un paquete con diferentes medidas, como la apertura de una web con información sobre el proceso, con los servicios habilitados y la información necesaria tanto para los demandantes como para los técnicos. De hecho, en los últimos días el departamento ha formado a 1.200 trabajadores municipales para que conozcan cómo funciona el proceso.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Eva Menor, también ha planteado que su departamento tiene el encargo de luchar contra la desinformación alrededor del proceso para evitar la explotación y las estafas a los demandantes, y promoverá campañas para desmentir rumores y falsas informaciones al tiempo que también se centrará en desmontar mensajes racistas. Tanto los representantes de la administración como los agentes sociales que han participado en la cumbre han coincidido en la importancia del proceso, una "oportunidad única" que ha "de salir bien".