El Gobierno recela de la "simplificación" del permiso único de residencia y trabajo que propone el Estado

Madrid / BarcelonaLos cambios que promueve la directiva europea de permiso único, entre los que se encuentra la simplificación de los trámites para emitir permisos de residencia y de trabajo a extranjeros extracomunitarios, debían estar aprobados en el primer semestre del año. Sin embargo, un mes más tarde la norma comunitaria –que es de obligado cumplimiento– aún no se ha incorporado al ordenamiento jurídico español, si bien el Estado tiene hasta mayo de 2026 para hacerlo. Este lunes el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado a una comisión interterritorial para buscar la complicidad de los gobiernos autonómicos, de forma que hagan propuestas que permitan sacar adelante la reforma del reglamento de extranjería –en exposición pública hasta el 10 de septiembre –. La secretaria de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, ha representado a Catalunya en el encuentro, y explica al ARA que el ejecutivo ya hizo sus propuestas tras llegar a consensos con las conselleries de Igualdad, Trabajo y Derechos sociales el pasado mes de abril.

"Como Gobierno, exigimos participar en el procedimiento de esta reforma. El Estado tiene la mala costumbre sólo de informar; modus operandi que creemos que tiene poco éxito en la acogida y arraigo de los extranjeros, pero que también pone en riesgo los servicios de atención y provoca un desequilibrio presupuestario para el territorio de acogida", señala. Mata explica que ya existe un problema con las citas para cualquier tramitación de documentación esencial, como los procesos de reagrupación familiar o la obtención del permiso de trabajo, y expresa que la Generalitat se mantiene a la expectativa "De entrada suena bien, pero queremos conocer qué niveles de "exigencia implica para las personas", recela Mata, sobre todo en lo que se refiere al permiso único de residencia y trabajo. En este sentido, cree que este modelo puede acabar siendo "muy rígido", ya que la persona extranjera se enfrenta a un mercado laboral complicado. "[La propuesta del gobierno español] simplificaría los trámites, pero estaremos alerta de que no deje fuera a la mayoría de las personas", avisa. cambios en todos estos ámbitos –visados, arraigos, reagrupación familiar y permiso de residencia y trabajo–, y legalmente tiene como fecha límite para hacerlo hasta el 21 de mayo de 2026. El reglamento en vigor se aprobó hace algo más de una década y, desde 2018, con la transposición de una directiva para favorecer la movilidad de los estudiantes extranjeros, se ha reformado hasta en tres ocasiones. Pero la cuarta es la "más ambiciosa y completa", según defienden fuentes del ministerio. La semilla es la directiva aprobada durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y tiene por objetivo garantizar "la igualdad de trato entre todos los trabajadores extranjeros y los ciudadanos europeos", explicó entonces el ministerio.

Ahora bien, ¿qué debe cambiar este reglamento? La nueva norma debe reducir los plazos y la burocracia asociada a la expedición de permisos, ya que los trámites tendrán que resolverse antes de 90 días, y no en los cuatro meses previstos ahora. En el caso de expedientes "especialmente complejos", la resolución sí podrá alargarse 30 días extras. También evitará que deba abandonarse el territorio antes de renovar el permiso de trabajo y permitirá que los trabajadores puedan cambiar de empleador, puesto de trabajo y sector laboral sin necesidad de renovar documentación. "Queremos hacer el camino junto a toda la sociedad, porque se trata de una política de estado que nos involucra a todos. Hemos mejorado la ordenación del reglamento para hacerlo más fácil y comprensible", ha expresado la titular del ministerio , Elma Saiz, después del encuentro. En definitiva, la iniciativa pretende acabar con la situación contradictoria de inmigrantes que disponen de autorización para vivir en un país comunitario, pero no para tener un trabajo, lo que les aboca a ser explotados en el mercado laboral irregular.

La reforma de la ley de extranjería

La cita con los gobiernos autonómicos también sirvió para actualizar la situación migratoria en las costas españolas, según detalló el ministerio en un comunicado de prensa. De hecho, ha tenido lugar un día antes de que el Congreso debata por primera vez la reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados, una propuesta sobre la que no existe consenso entre los territorios. Tras el debate, el Congreso tendrá que votar si se tramita o no la proposición de ley con el único cambio sobre la norma.

Ahora bien, en el gobierno español se le complica la votación: el PP se desmarcó este domingo y confirmó que votará en contra de su tramitación si el PSOE no incluye sus exigencias. Esto podría decaer la proposición de ley si el gobierno español no se asegura el apoyo de la mayoría plurinacional–incluyendo Juntos–.