"Como inmigrante te hacen sentir sospechoso incluso por cómo tienes tu casa"

BarcelonaUmar Hassani no se plantea, por ahora, que su esposa y dos hijos menores de edad dejen a Pakistán y se instalen en Catalunya. Tampoco Yaa ve el momento de vivir con el hijo que se quedó en Ghana cuando ella emigró. Iniciar el reagrupamiento familiar también es una vía llena de obstáculos para los inmigrantes extracomunitarios, a los que se les priva de abrazar a los familiares más queridos durante años. Ninguno de los dos cumple uno de los requisitos exigidos por la ley de extranjería para llevar pareja, hijos o padres (siempre que sean mayores de 65 años): contar con una vivienda "en condiciones de habitabilidad". Así, la ghanesa resume el sentimiento de tantos progenitores que, trabajando aquí, mantienen a la familia en el país de origen: “Es duro ver crecer al niño lejos, aunque sabes que no le falta comer y va a la escuela”.

Lo primero que se exige para acceder al derecho de reagrupamiento es disponer delautorización de residencia desde al menos un año (NIE), así como acreditar una vivienda con el título de propiedad o alquiler. Sin embargo, aún faltará cumplir el trámite que certifica que la vivienda encaja en los parámetros que recoge la instrucción del 2017, que la antigua secretaría de Migraciones de la Generalitat hizo llegar a los ayuntamientos catalanes. Entre otras cuestiones, cuantifica el espacio mínimo para cada habitante: para una persona, una habitación de al menos 5 metros cuadrados; para dos personas, 8 metros; para tres, 12 metros cuadrados, y en el caso de un piso sin habitación, sólo se dará permiso para dos personas. Aunque la dirección general de migraciones anunció que iba a modificar la instrucción para hacerla menos restrictiva, el adelanto electoral lo ha impedido.

En este circuito, los municipios tienen reservada la tarea de elaborar los informes de vivienda, pudiendo sumar a los 38,60 euros de tasa que cobra la Generalitat por el trámite su propia cuota. Entre los trabajos de Rosa Ruiz en su ayuntamiento está el de realizar estos informes, ser “los ojos o los policías” de una ley que se supone que “es neutra, pero que tiene un sesgo racista”, admite. Su reflexión la lleva a observar que esta lupa sólo se pone sobre los no comunitarios, mientras que “nadie se mete en cómo viven los nacionales”.

Juicio en el domicilio

Está totalmente de acuerdo la responsable de incidencia política de la Fundación Ficat, la abogada Laia Costa, para quien también la norma exuda “racismo”, hasta el punto de que un lugar “tan sagrado como el hogar” es objeto de escrutinio oficial obligatorio. Ruiz hace otra apreciación: “Nos gustan los futones japoneses, pero nos escandaliza que una familia marroquí duerma en colchones o haga del sofá una cama”.

Hace pocos meses que la familia de Maria Manzoor acaba de pasar por el informe. Su caso rompe muchos estereotipos sobre la migración: paquistaní de una familia acomodada de Islamabad, salió del país con su marido hace más de una década hacia los Emiratos Árabes, y de allí se instalaron en Italia unos años, hasta que decidieron venir a Cataluña junto a dos hijas menores de edad. Pese a que las criaturas viven en Catalunya, están escolarizadas y empadronadas, también están en situación administrativa irregular y sus padres tuvieron que realizar la reagrupación familiar como si ellas llegaran desde Pakistán.

Esto supone que, primero, los padres tuvieron que estar un mínimo de tres años en situación irregular (obligatorio por ley) y, a partir de ahí, tener un contrato laboral de 40 horas semanales por un año para poder regularizar su situación. La queja general es que si los precios del mercado inmobiliario dificultan el acceso a una vivienda, para extranjeros no comunitarios sin papeles es aún más difícil que nadie les quiera hacer un alquiler. Y sin contrato no hay padrón en muchos municipios ni tampoco reagrupamiento familiar. Ni los Manzoor, que tenían buenos ahorros, pudieron alquilar una vivienda e idearon un “tripijoc” para que su hermano, con pasaporte italiano, alquilara una vivienda para que vivieran ellos. “Con dinero bajo la mesa y mintiendo lo consigues todo”, corrobora Manzoor. Y Yaa confirma que todo el mundo “se busca la vida como puede” porque no hay alternativa.

Examinada y juzgada

Manzoor explica que, aunque estaba convencida de que le aprobarían las condiciones de su casa, se sintió "examinada y juzgada" cuando vino la funcionaria a medir las habitaciones ya hacer preguntas sobre su familia. "Como extranjero, te hacen sentir como un sospechoso por todo, por el dinero y por cómo tienes tu casa", subraya esta diseñadora que trabaja de profesora de inglés. "Suerte que no estaban las niñas, porque hubiéramos añadido más angustia si hubieran visto cómo examinaban su habitación”, dice aligerada, aunque destaca el buen trato recibido. La abogada Costa habla directamente de “humillación” y señala que el sistema, las leyes y la administración "preasume que no tienen los pisos en condiciones", mientras que los ciudadanos europeos no deben pasar ningún control. En este sentido, tanto Ruiz como Costa coinciden en que, por un lado, la administración se concentre en el “derecho a la familia” ya la infancia en familia y, por otra, ponga tantas trabas para los extranjeros que aspiran a llevar la misma vida. tener más de 65 años, un seguro privado y buen estado de salud.

Enseñar la intimidad del hogar provoca angustia entre quienes piden el reagrupamiento familiar, por temor a que el funcionario de turno no la vea bien, o considere que una criatura no puede vivir con gente de fuera de la familia o en una habitación demasiado pequeña, dicen las expertas. Por eso, la desesperación de los solicitantes les hace engañar al funcionario enseñando un piso que en realidad no es el suyo. Esta presión hace que cuando el titular del contrato de un piso compartido inicia los trámites de reagrupamiento eche de golpe a sus compañeros de piso. Eso mismo le ocurrió hace unos años a Hassani, cuando realquilaba a un compatriota.

Como los trámites se pueden alargar un año, Ruiz reprocha que, para pasar el informe, se les obligue a tener una buena vivienda “muchos meses antes de que llegue la familia”, con todo el gasto que esto supone. El peligro es que con el reagrupamiento familiar, si la familia cambia de vivienda al año siguiente, deben volver a pasar el examen y, si no cumplen los requisitos, perderán su residencia.