Justicia

“Uno le aguantaba y el otro le daba puñetazos”: Investigan malos tratos a menores migrantes en un centro de Canarias

La entidad que gestiona el equipamiento en el que se produjeron los hechos denunciados también fue investigada por corrupción

Èlia Borràs
y Èlia Borràs

Las Palmas de Gran CanariaNo se sabe cómo, pero consiguieron el contacto de NO, la activista de la entidad ciudadana Somos Red, a la que llamaron la madrugada del viernes 24 de noviembre para pedir socorro. "No podía no hacer nada, tenía que actuar", explica ella. Un grupo de menores migrantes ha denunciado episodios de malos tratos y vejaciones en el centro de acogida de Canarias donde estaban, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. El último, una "paliza brutal" -en palabras del activista- a uno de los menores por parte de dos trabajadores del centro. "Uno le aguantaba y el otro le daba puñetazos", explica. Éste fue el desencadenante para que un grupo de doce menores se marchara del centro –y caminara unas tres horas– para ir a denunciar los hechos que ya investiga el juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde Somos Red explican que los chicos tuvieron que recorrer un largo camino antes de que les aceptaran la denuncia. En la comisaría de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria, según ellos no les atendieron y enviaron al juzgado de guardia de Las Palmas, pero "ni el juzgado ni el fiscal adoptaron ninguna medida cautelar, a pesar de saber que son menores y que no volverían al centro", explica la abogada especializada en extranjería y derechos humanos Loueila Mint El Mamy, que añade: "Imaginado que un menor que sufre violencia a manos de sus padres va a comisaría a presentar una denuncia y le dicen "marcha de aquí", y se va al juzgado, le escuchan, pero nadie adopta ninguna medida y se queda durante cinco días durmiendo en la calle, se trata de una situación de omisión por parte de todos los que pueden hacer algo, pero no hacen nada".

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Somos Red es una organización ciudadana que se creó en 2020 para dar respuesta a la llegada de migrantes. Se organizan a través de comisiones. La que nunca ha dejado de trabajar es la comisión bocatas, que da de comer a personas que por situaciones administrativas se quedan en la calle. Sin embargo, la comisión jurídica había quedado latente hasta el mismo 24 de noviembre, que se puso al servicio de Somos Red para acompañar a los doce menores. Han presentado un escrito a la Fiscalía para notificar "la situación de desprotección que vivieron estos menores por parte de quien los tutela, el gobierno de Canarias y más concretamente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Consejería de Derechos sociales" , afirma El Mamy.

"La verdad es que han sido muy valientes de denunciar", dice NO, que explica que la situación en los centros de acogida de los menores migrantes que llegan a la isla, en general, es muy "complicada" y que los propios trabajadores tienen miedo a denunciar. Actualmente, el sistema de protección canario acoge a 4.462 menores migrantes y tiene un total de 58 dispositivos activos, según el gobierno. La ONG Save The Children ya dijo en un comunicado a principios de noviembre que el sistema trabajaba con "poca previsión", y "falta de personal y material de las instituciones tanto de ámbito estatal como autonómico". La Fundación Respuesta Social Siglo XXI gestiona el centro denunciado, pero hace meses que la Fiscalía Anticorrupción la investiga por supuestos desvíos de fondos públicos recibidos entre 2020 y 2022. El diario ARA se ha puesto en contacto con la Fundación pero hasta ahora todavía no ha recibido ninguna respuesta.

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Desamparo y desprotección

El día de los hechos, el grupo de menores, sin saber dónde ir, ni dónde dormir y muertes de frío se quedaron a la espera. "Me enviaron la foto de un parque", explica NO La ley orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia prevé que cualquier menor, sea de la nacionalidad que sea, tiene derecho a información y asesoramiento. Sin embargo, el escrito presentado por el equipo de abogadas de Somos Red describe una cadena de omisiones por parte de las "fuerzas y cuerpos de seguridad", los "servicios sanitarios" y "la autoridad judicial" que no van actuar en consecuencia según la ley de protección de menores. “Desde la visión judicial, policial y de la Fiscalía, todo lo que les ocurra a los mal llamados tipos [menores extranjeros no acompañados] es responsabilidad suya”, concluye El Mamy.

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Según informó la agencia Efe, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias de Canarias, Sandra Rodríguez, ha encargado un informe técnico al centro de menores denunciado alegando que “si el informe detectaba que se habían vulnerado los derechos de los menores migrantes se cerraría cautelarmente el centro”, algo que no ha ocurrido. Por el contrario, el personal de Somos Red asegura estar muy preocupado por la situación de un pequeño grupo de chicos que regresó al centro. "¿Por qué dicen que no ha habido abusos y violencia si han ido a denunciar justamente esto?", se pregunta NO De hecho, antes de que los jóvenes acudieran a la policía a presentar el escrito de denuncia, el propio director del centro , OMB, ya habría ido a la policía a denunciar a uno de los trabajadores por los presuntos hechos.

No fue hasta cinco días después de que "en una jugada de última hora", explica NO, se encontró una solución al alojamiento del resto de menores que quedan a la espera para ver cómo avanza el procedimiento penal. Por otro lado, tanto Save The Children, que también sigue el caso, como la comisión jurídica de Somos Red han presentado un escrito a la Fiscalía -que ya le ha remitido al juzgado que lleva el caso- notificando la "situación de desprotección" de los menores.