Allí donde la regularización es más difícil: "Los internos del CIE están condenados a ser expulsados"

BarcelonaLa regularización extraordinaria de migrantes que los últimos días ha dejado colas interminables para conseguir los papeles llegará a miles de personas, pero hay rincones desde donde será casi imposible acceder a ellas. Por ello, esta semana el ministerio del Interior ha pedido a las prisiones que den facilidades a los presos preventivos que quieran hacer los trámites porque estos internos no están condenados y, por tanto, no tienen antecedentes penales que les veten la regularización. Además de los presos, sin embargo, hay otra parte de la población migrante para quien será más difícil pedir los papeles, los que están cerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En estos centros –hay 7 en España– hay personas pendientes de ser expulsadas del Estado por diferentes motivos y aunque la mayoría de los cuales no son penales, los expertos coinciden en señalar que tendrán dificultades para solicitar la regularización.

A pesar de que los especialistas critican la falta de transparencia respecto a cuántas personas hay internas, el año 2024 pasaron por estos centros de internamiento un total de 1.863 personas según el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes. Entre ellos había 85 mujeres y 853 solicitantes de protección internacional, y casi la mitad no llegaron a ser repatriadas, según la entidad. La misma entidad denunciaba en el informe la falta de información pública para conocer periódicamente datos sobre el internamiento.

Sobre el papel, el decreto de regularización no excluye a los internos del CIE, aunque tampoco los menciona expresamente. Por ello, los juristas consultados coinciden en que habría que estudiar caso por caso la situación de cada migrante para decidir si cumple o no los requisitos para regularizar su situación. De todos modos, las fuentes consultadas prevén que los internos que podrán acogerse a la regularización serán una minoría.

"Esta regularización no está pensada para los internos del CIE", advierte el abogado especialista en extranjería y derechos humanos José Javier Ordóñez Echeverría. Al contrario de algunas acusaciones de la extrema derecha, que han tildado la regularización de ser "un coladero" o "café para todos", Ordóñez considera que "las personas del CIE están un poco condenadas a ser expulsadas y, si no, cuando vuelvan a la calle, deberían acogerse al régimen de arraigo normal, no a este extraordinario".

Aquí coincide el doctor en derecho por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y coordinador de investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya, Karlos Castilla. Con todo, cree que puede haber algunos internos que sí cumplan los requisitos.

De entrada, existe una dificultad práctica incluso para quienes cumplan todos los requisitos. "Si a las personas que están libres y tienen acceso a su documentación ya les cuesta mucho hacer los trámites, imagínate sin poder hacer nada más que una llamada", valora Castilla. Coincide la abogada especialista en extranjería María Elena Bedoya, que descarta que los internos tengan permisos para hacer los trámites, y plantea si podrían hacerlos a través de su abogado.

El catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) Markus González, especializado en inmigración, añade, sin embargo, que a través de los servicios de orientación jurídica de los CIE y de las entidades que trabajan en ellos se podrá revisar cada caso y hacer el acompañamiento necesario. Cree que lo mejor sería detectar a aquellos internos que quieren y pueden acogerse a la regularización para ayudarles a conseguir la documentación y presentar la solicitud. "No se puede negar el derecho a nadie de intentar regularizarse, tampoco a los internos. Tienen privación de libertad, no de derechos", concluye.

Todos los internos del CIE tienen un abogado de referencia, al margen del proceso de regularización que ahora está en marcha. Muchas veces es un abogado del turno de oficio de extranjería. El abogado Quim Clavaguera, responsable de la comisión de extranjería del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), explica que los que quieran presentar la solicitud cuentan con la asistencia del colegio y de las entidades que trabajan en el CIE.

Como otros juristas consultados, Clavaguera avisa que "el gran grueso de internos del CIE seguramente no reunirán los requisitos" de la regularización extraordinaria. Para estos internos, regularizar su situación supondría poner fin al procedimiento de expulsión. Además, Clavaguera apunta que la solicitud de regularización puede servir para pedir a la justicia una suspensión provisional del retorno al país de origen, y recomendarse asesorarse de un abogado para conocer todas las opciones y evitar engaños.

Una regularización no pensada para el CIE

Al margen de las dificultades prácticas, las peticiones de los internos deberán reunir unos requisitos que, en muchos casos, el mismo hecho de estar en el CIE implica que probablemente no los cumplen. "Las causas que se supone que te llevan a un CIE, aunque sean faltas administrativas y no penales, son las mismas que te dejan fuera de la regularización", resume Castilla.

Los requisitos que fija el decreto de la regularización son estar en España desde antes del 1 de enero y haber estado allí al menos cinco meses seguidos. También es imprescindible no tener antecedentes penales y "no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública". Este último factor se comprobará con un informe policial.

Los antecedentes

Aunque no son la mayoría, algunos internos acaban en el CIE después de una condena. En su caso quedarán fuera de la regularización por tener antecedentes.

En cambio, son más frecuentes entre los internos del CIE los antecedentes policiales. "Muchas personas en el CIE no tienen antecedentes penales, pero sí policiales, simplemente porque el procedimiento de expulsión ya es un antecedente policial", dice Ordóñez. "Te ha fichado un policía, o has tenido una denuncia por infringir la ley de extranjería y te han llevado a comisaría para comprobar tu situación", dice Ordóñez como ejemplos. "Quizás te han parado en la calle, o te han detenido, pero al final no te han condenado por nada", continúa.

Estas situaciones no comportan un delito ni un antecedente penal, pero sí uno policial, que puede ser clave en el informe que ahora se tendrá en cuenta para valorar las peticiones de regularización. También afectaría a los manteros o latoneros que hayan sido sancionados.

Ahora bien, el informe policial por sí solo no es suficiente para tumbar una petición de regularización y hay que comprobar los otros requisitos. "El informe no es una causa automática, pero habrá que ver si cumple los otros requisitos", dice el catedrático de la UB Markus González. Se tendrá en cuenta, entre otros, si el solicitante tiene un contrato laboral, si tiene familia en el Estado, si tiene algún informe de vulnerabilidad o si tiene menores a cargo.

A pesar de todo, Ordóñez cree que en muy pocos casos se conseguirá la regularización si hay informe negativo. "Debería tener un expediente excelente para enjugar el antecedente policial y haber estado en el CIE", admite.